¿El pueblo pone, el pueblo quita?

Por: Efraín Quiñonez León

27/06/24

Tiro Libre

Hace apenas 25 días que se llevaron a cabo las elecciones en donde la candidata de Morena y el morenismo en su conjunto arrasó en casi todos los cargos en disputa. Un fenómeno comicial que no se veía desde los tiempos del PRI entre los 40 y 80 del siglo pasado. En dicho proceso, el voto mayoritario favoreció a Claudia Sheinbaum Pardo, una académica y política que, pese a las críticas, tuvo un aceptable desempeño mientras fue gobernante de la ingobernable Ciudad de México.

Sin lugar a dudas estos días han sido vertiginosos tanto por la contundencia de los resultados, como por los cambios naturales entre una administración y otra. Es de suponer que, siendo del mismo bloque hegemónico, el cambio de estafeta podría augurarse tersa. Sin embargo, no parece ser ese el escenario. El presidente López Obrador, fiel a su modo muy particular de proceder y gobernar, nos promete un cierre de película porque envía algunas señales de no estar dispuesto a favorecer un tránsito sin sobresaltos y terminar su mandato como un torbellino; aunque esto ponga nervioso a los mercados, confronte a los equipos y aliados de ocasión.

Con la legitimidad de un triunfo aplastante y la soberbia de atribuirse los méritos, el bloque hegemónico comienza a mostrar sus fisuras. Aunque la virtual presidente electa ha sido prudente, aunque comparte la propuesta de reforma, respecto de los cambios que se consideran oportunos al funcionamiento del poder judicial, el casi seguro coordinador de los diputados lanzó la consigna de que van por la aprobación del Plan C del presidente López Obrador y que, entre otras cosas, implica la eliminación de los representantes de partido, es decir, de los diputados plurinominales, la elección de jueces y magistrados; entre otras reformas de mediano y gran calado.

Es posible que las emociones del triunfo tan arrollador hayan derivado en arrebatos de ocasión que impactaron el tipo de cambio del peso con relación al dólar. A la mayoría del pueblo de México le tiene sin cuidado el asunto de la paridad, salvo que se trate de exportadores y de personas que reciben remesas de sus familiares allende el río Bravo. Para algunos puede ser una pésima noticia; otros, por el contrario, estarían más que satisfechos de un rendimiento mayor de sus recursos. Sin embargo, no parece existir duda ninguna que la consigna de que, en lo que se instala el nuevo gobierno, se llevarán a cabo distintos foros para instrumentar la reforma al poder judicial, generó una relativa intranquilidad entre los agentes económicos que moderó el discurso de los actores políticos, aunque también ha venido mostrando sus diferencias.

Mientras que los partidarios del presidente hacen evidente que van por todo, el equipo de la virtual presidente resulta algo más cauto. De hecho, Claudia Sheinbaum fue muy prudente y moderada en sus discursos acerca de cómo se llevarían a cabo los cambios. En principio, dijo que se harían consultas amplias, pero la radicalidad discursiva del presidente y de sus partidarios no dejan de ponerla contra las cuerdas. De hecho, Juan Ramón de la Fuente, coordinador del equipo de transición ha tenido que declarar que “habrá continuidad, pero sin sumisión”.

Pero lo que se observaba como una suerte de cambio en la tranquilidad de un triunfo contundente, parece estar siendo cuestionado por los hechos. Si bien se habían procesado con serenidad y casi sin novedad algunas de las propuestas de funcionarios para el nuevo gobierno, ahora la inconformidad proviene de uno de los grupos políticos que se han constituido en compañeros de viaje del morenismo. En efecto, Gerardo Fernández Noroña, un político del Partido del Trabajo que se ha caracterizado por una actitud pendenciera y moderadamente estridente, coloca el dedo en la llaga al manifestar que no se han respetado los acuerdos que dieron lugar a la selección del coordinador de las fuerzas progresistas y que, en la práctica, sería declarado el candidato presidencial de Morena y aliados.

Como se sabe, los participantes que perdieran en la contienda interna serían recompensados tanto en el Congreso, como en algunas de las secretarías del Estado en donde eventualmente podrían ocupar un cargo. Por extraño que nos parezca, Fernández Noroña ha hecho un reclamo correcto en tanto que ocupó el tercer lugar en la contienda interna. De ahí que, en teoría, debería tocarle la coordinación del grupo parlamentario de las fuerzas aliadas en el Senado de la República. Más sorpresivo aún es que sus desacuerdos fueron esgrimidos de manera ecuánime y sin estridencia alguna.

La respuesta no se hizo esperar y provino tanto de AMLO, como de la virtual presidente electa. Los acuerdos eran para los candidatos de Morena, no para los que contendieron en la interna por el PT o el Verde. Eso es tanto como decir que hay políticos de primera y de segunda, ha dicho Noroña. Al mismo tiempo, argumenta y pone en predicamentos al actual régimen que, imaginando que él hubiese ganado la contienda interna, se le hubiese aplicado dicho criterio, es decir, se le desplazaría por no ser de Morena. Más aún, el propio aliado hoy discriminado ofrece como salida el que se haga una consulta para determinar si debe o no ocupar el cargo de coordinador parlamentario, método alineado en la misma lógica que el nuevo régimen instaura como acto de fe, es decir, la de auscultar al soberano para superar el diferendo.

Así, nos encontramos en una situación harto paradójica. ¿Cómo descalificar los argumentos de Noroña si sigue las mismas pautas del morenismo: el pueblo pone, el pueblo quita? Si el plan C de las reformas constitucionales en puerta contempla la elección de magistrados y jueces ¿cuáles serían las razones de no consultar al pueblo si Noroña debe o no ocupar la coordinación del grupo parlamentario en el Senado?

Sin duda alguna, esto es parte de los ajustes que se están dando al interior del grupo hegemónico en el poder, pero exagerando un poco ¿no sería provechoso preguntarle al pueblo quienes deberían ocupar los cargos de mayor relevancia? Si el próximo gobierno se instalará hasta septiembre y en los meses siguientes, por ejemplo, se realizarán las consultas para saber si se apoya la propuesta del presidente de elegir jueces y magistrados ¿por qué no aprovechar el momento para elegir a los funcionarios con los mejores perfiles para que nos gobiernen en la próxima administración? En lo personal, francamente me parece un absurdo, pero a eso nos conduce la demagogia reinante. Además, de que resulta improcedente, contrario a las reglas que rigen la administración pública e inviable en términos prácticos. Los políticos y funcionarios los colocamos en cargos públicos para que resuelvan problemas de la colectividad, no para que nos hagan más pesada la carga que significan los problemas que de por sí tenemos que resolver en la vida cotidiana. Por eso cada determinado tiempo hay elecciones, si son incapaces de procesar acuerdos que renuncien por incompetentes.