Mitos y realidades de un gobierno audaz

Por: Efraín Quiñonez León

29/09/24

Tiro Libre

Primera parte

Entre detractores, moderados y partidarios parece existir un consenso en torno a lo que puede reconocerse como avances y retrocesos en la administración del presidente López Obrador. Sin intentar ser exhaustivos podemos apuntar algunos elementos positivos y negativos de la gestión de gobierno que está a punto de concluir.

Procedamos reconociendo algunos de elementos que pueden calificarse de positivos o alentadores. Este gobierno sometió a dos sectores importantes del país e implantó una forma poca amistosa de cambiar las relaciones con la administración federal. Uno de ellos fue el de los empresarios y otro fue el de la cultura. Ambos fueron sometidos administrando los recursos, descalificando a los más rijosos por “vivir del presupuesto y extraer rentas” y aplicando medidas autoritarias que no excluyeron la amenaza y hasta procesos judiciales.

Aunque tendemos a visualizar al sector de los empresarios como un todo homogéneo, la verdad es que hasta en los ricos existen clases sociales. No son lo mismo los empresarios del sector financiero, que los de la industria de la transformación, del comercio o las telecomunicaciones. Sin embargo, vistos en su conjunto y como uno de los poderes fácticos con la suficiente fuerza como para “doblar al gobierno”, es verdad que se habían acostumbrado a ser los “principales electores” que albergaban la ilusión de poner y quitar gobernantes. Esto tuvo como consecuencia una mala práctica empresarial que significaba asumir como parte de su patrimonio a los gobiernos de turno. Todo esto cambió con la llegada del presidente López Obrador.

En este plano es innegable que esto marca un antes y un después en las relaciones entre el gobierno y los empresarios. Es verdad que las medidas adoptadas no fueron ejercidas de una manera muy tersa que digamos, pero en sectores como estos acostumbrados a imponerse por las buenas, las malas o las peores, no les quedó de otra más que aceptar el vieja sentencia que a la sazón nos intruye: “más vale un mal arreglo que un buen pleito”. Peor se veía el panorama con un presidente tan poderoso (respaldado por millones de votos en una elección contundente en que la oposición durante todo el sexenio no pudo asimilar y recomponerse; dando lugar a la idea de la imposibilidad de reconstituirse desde dentro) y curtido en la lucha cuerpo a cuerpo donde se ha distinguido como un buen gladiador. Con otras palabras, el presidente Obrador logró disciplinarlos (sobre todo a los empresarios, los agentes de la cultura aún resisten como auténticos guerreros, aunque algo disminuidos por las críticas constantes desde el púlpito presidencial. Es verdad que muchas veces con diatribas innecesarias y hasta falsedades) al ofrecerles palo durante seis años o inversiones, pero bajo sus reglas. A los que entendieron la consigna (la mayoría) no les fue mal, pues resulta innegable que pudieron participar de las obras más importantes emprendidas por este gobierno. Es verdad que se canceló el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que se construiría en Texcoco, pero a cambio varios de los empresarios implicados en ese proyecto fallido fueron compensados abriendo la puerta para que participaran en la construcción del aeropuerto alterno en Santa Lucía o los proyectoa emblemáticos de esta administración, como el Tren Maya, el interoceánico y una diversidad de obras de infraestructura.

Otro frente de batalla con el sector empresarial del país y trasnacional se abrió al cancelar todo tipo de condonaciones y las implacables medidas a fin ponerse al corriente en el pago de sus impuestos. Uno a uno, empresarios del sector privado nacional y las multinacionales empezaron a cumplir sus obligaciones con el fisco. Romper la inercia con la que venían operando en gobiernos anteriores que los habían convertido en agentes predilectos se terminó con el gobierno del presidente López Obrador y, sin embargo, uno de los empresarios nacionales más acaudalado y dueño de una de las compañías de artículos para el hogar, así como de una de las empresas de comunicación más importantes del país se negó a pagar. Hasta ahora continúan los litigios y no fue posible “convencerlo” de la necesidad de pagar sus contribuciones, so pena de exhibir al gobierno como protector y/o promotor de privilegios indebidos minando la confianza de la ciudadanía.

Dentro de los sectores de la producción no únicamente cuentan quienes detentan el capital, sino también aquellos que le agregan valor a través de su fuerza de trabajo. En este plano, los trabajadores fueron beneficiarios de un gobierno que los respaldó de varias formas. Desde luego, un sistemático incremento en los salarios mínimos durante el sexenio. Esto no solamente estimuló el mercado interno sino que, además, hizo añicos el mito de que no se pueden incrementar los salarios porque eso produce un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios.

Más aún, la reforma laboral ha proporcionado las herramientas legales para la democratización de las organizaciones sindicales, aunque esto tardará en hacerse realidad por una inercia que impide un funcionamiento distinto a las viejas prácticas del sindicalismo mexicano. Los conflictos al interior del sindicato pretrolero, por ejemplo, envían la señal que el tránsito no será terso, pero también se han presentado casos en que las cosas empiezan a cambiar, sobre todo en el sector automotriz en el norte del país.

Ligado a la liberalización del yugo sindical se abrogaron las reglas que permitían un régimen de sub-contratación de los trabajadores para que los empresarios evadieran sus responsabilidades y, en la práctica, anularan sus derechos relativos a compensaciones, reparto de utilidades, aguinaldo; entre otras prestaciones. Ni siquiera los propios morenistas aluden a este tipo de medidas, pero sin duda fue un acierto del gobierno actual proteger a los trabajadores de este modo.

Cierro este apretado conjunto de reformas y cambios en las relaciones entre el gobierno y algunos sectores sociales importantes, con algunas observaciones en torno a las políticas sociales dirigidas a combatir la pobreza y la generalización de beneficios. En particular, los programas insignia, como la pensión a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida, operaron como mecanismos redistributivos que ayudaron a sectores importantes del país a mejorar sus condiciones de vida.

Ninguno de estos programas está exento de crítica, sobre todo en términos de su operación práctica, pues dispersar una gran cantidad de recursos monetarios a todo lo largo y ancho del país tratando de evitar los mecanismos predatorios del intermediarismo, no solamente requiere un gran esfuerzo sino, también, una suerte de re-ingeniería en la operación del gobierno y la disposición de un “ejército civil” para garantizar que los recursos llegasen hasta sus beneficiarios finales. En el camino, la estrategia se encontró con tres serias limitaciones: la falta de infraestructura bancaria (cosa que se intentó subsanar con la construcción de una red de bancos del bienestar), la presencia de redes criminales que controlan zonas del territorio nacional y las malas prácticas que no se cambian de la noche a la mañana.

Sin embargo, operar en favor de los que menos tienen bajo otras lógicas no solamente puede calificarse como una estrategia exitosa sino, además, congruente con un ofrecimiento de campaña. Tampoco puede obviarse que esto se haya logrado con base en marcos institucionales que no logran trascender el personalísimo mecanismo de asociar los beneficios con un partido o un actor político específico. De igual modo, no se puede decir que esto se haya alcanzado sin el ánimo de lograr respaldo popular mediante el intercambio de “favores por votos”.

Para todo esto se necesitan recursos cuantiosos, de tal manera que se tenga el dinero suficiente para frenar el deterioro en las condiciones de vida de una buena cantidad de la población en el país. Y esto se logró por dos vías: la implantación de una férrea política de austeridad en el gobierno y una redistribución en el gasto y la inversión. Esto, desde luego, terminó por afectar áreas importantes en los servicios que provee el gobierno como salud y la educación.

A pesar de todo, no puede dejar de reconocerse que en todos estos aspectos este gobierno tuvo sus principales logros sino que, también, ahí radica una elemental congruencia con su programa de gobierno. No olvidemos que la política laboral, salarial y de combate a la pobreza permitió que 5 millones de mexicanos mejoraran sus condiciones de vida; situación a la que parecían estar condenados en los gobiernos previos. Pueden cuestionarse los métodos, pero no es poca cosa tratar de abatir las desigualdades con políticas generalizadas a fin de evitar el flagelo de la pobreza que lastima a amplios sectores de la sociedad y he ahí una de las principales explicaciones del gran respaldo popular.

No obstante todos esos logros, el primer gobierno de la 4T a nivel federal no solamente deja serias dudas sobre lo que no cumplió o no pudo alcanzar sino que, principalmente, se muestran sus limitaciones a fin de resolver algunos de los problemas que asumió en su cruzada justiciera.

Continuará……...