Luces y sombras de un gobierno que pretendió ser distinto

Por: Efraín Quiñonez León

30/09/24

Tiro Libre

Segunda parte

Otro elemento importante en el gobierno del presidente López Obrador fue la política de comunicación que a través de las mañaneras aplicó durante todo el sexenio. Sin lugar a dudas resultó una estrategia exitosa, pero al mismo tiempo es el ejemplo de los excesos que se pueden cometer frente a los opositores (no todos criaturas aventajadas en el arte del improperio y sin pudor alguno a lo grotesco) y quienes opinan diferente o hacen críticas fundadas con argumentos y evidencias.

Las mañaneras ya se habían puesto en práctica mientras López Obrador despachaba en el viejo edificio del ayuntamiento, es decir, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es difícil valorar qué tanto eso significó ganar la narrativa e imponer la agenda de temas en el entorno político, pero indudablemente que lo que ahí se decía tenía un impacto y, bajo esa lógica, mantuvo controlados a sus opositores y los asuntos que debían discutirse en la oponión pública.

Uno de los fracasos fue la venta del avión presidencial y se pasó poco más de la primera mitad del gobierno tratando de encontrar un comprador. No obstante que metió a la administración del presidente López Obrador en un predicamente por los costos de mantenimiento, eso no fue ningún obstáculo para exhibir los excesos de quienes en gobiernos anteriores habían decidido invertir en una aparato para el traslado del presidente como si fuese un jeque árabe, es decir, a todo lujo.

También, se pretendió llevar a cabo un descentralización de la burocracia y solamente de manera parcial se logró. Es más, resultó más sensato que se abandonara en el camino semejante idea porque resultaba más costosa que continuar hasta sus últimas consecuencias con un dogma de fé de tal naturaleza.

En teoría, este gobierno ofreció acabar con la corrupción, pero al final esto se convirtió más bien en un discurso maniqueo para descalificar a opositores que en verdaderamente atacar ese problema. No obstante que dicho flagelo es real, el gobierno se quedó no solamente muy por debajo de las expectativas de solucionar este asunto sino que, peor aún, combatió la escasa institucionalidad existente dirigida precisamente a atajar dicho mal, descalificó a las instituciones creadas para tal fin, ignoró todo el entramado del Sistema Nacional Anticorrupción bajo el argumento de que no servían para nada. Es verdad que acusaban algunas deficiencias y excesos, pero en lugar de mejorar se decidió minarlos y, al final, desaparecerlos. Aquí hay claramente un regresión.

Para cerrar el cuadro de una malograda estrategia (pero bien pensada para desaparecer organismos incómodos), el gobierno que concluye no pudo evitar sonados casos de corrupción, como el caso de SEGALMEX, por poner solamente un ejemplo, pero, también, como uno de los más escandalosos. Fuentes oficiales admiten que el desvío significó alrededor de 10 mil millones de pesos; esto significa casi el doble del sonado caso de corrupción en que estuvo involucrada, Rosario Robles, que la mantuvo en la cárcel poco más de la mitad del presente sexenio. En efecto, mientras que la Estafa Maestra implicó un desvío de aproximadamente 5 mil millones de pesos, lo de SEGALMEX lo supera en cerca de la mitad. Es más, con datos de la Auditoria Superior de la Federación se podría argumentar que la diferencia entre la ocurrido en SEDATU y SEGALMEX puede ser tres veces mayor.

Con esto, también, se rompe el viejo mito de que el gobierno se limpia de corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo. No es suficiente con la honestidad del presidente, si todo el sistema es aceitado por viejas prácticas y que funciona porque existe un entorno que favorece tales condiciones.

A pesar de todo, la misión emprendida en este campo no era, ni es incorrecta; lo fueron los medios y las acciones tomadas que resultaron peor que la enfermedad. Frente a los desastrosos resultados obtenidos en este aspecto, resulta imprescindible aceptar que lo que se necesita son instituciones, reglas y un sistema legal eficiente y adecuado para inhibir la impunidad que a menudo se presenta en estos casos.

Con todo, quizás el peor desastre sea el cruel y despiadado asunto de la inseguridad y la violencia. La política de no confrontar a las redes criminales sino simplemente administrar el conflicto nos coloca en una situación espeluznante, hace añicos una estrategia que ha resultado fallida hasta ahora y que consiste en los siguiente: usar a los militares en tareas de seguridad pública, tareas para lo que no están facultados legalmente, ni es lo más idóneo como ha quedado demostrado por la realidad misma. Este y todos los gobiernos previos han sustentado en ello sus estrategias de seguridad, pero la situación actual vuelve a poner al desnudo el mito de la que la paz es fruto de la justicia. En el gobierno federal actual parece circunscribir el discurso de la justicia a la dispersión de recursos materiales y/o monetarios para abatir las desigualdades, bajo la hipotética visión de que si se tiene lo suficiente para vivir no hay necesidad de delinquir o, peor aún, enrolarse en alguna de las redes criminales que operan en el país. Esto no solamente no se cumplió sino que resultó un dogma de fé más que una visión o, mejor aún, una estrategia basada en un diagnóstico sustentado en datos y evidencia científica suficiente.

Es verdad que han existido leves mejorías en el cuadro delictivo que reporta mes con mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero a pesar de ello las cifras son de proporciones dantescas en torno a homicidios dolosos. Este gobierno termina con un récord de casi 200 mil homicidios (197,200 y los que se acumulen este mes), las desapariciones son otra piedra en el zapato, pues la cifra alcanza aproximadamente 50 mil desaparecidos durante el sexenio; así como un crecimiento en feminicidios y extorsiones. No, definitivamente no tenemos aquí las mejores noticias.

Hoy debemos reconocer que ni la política de no confrontar a las redes criminales, ni la del combate militar funcionan o han funcionado hasta ahora. ¿Quiere esto decir que estamos condenados? ¿no podemos apelar a casos existosos o relativamente mejores a lo que se ha venido practicando en este espinoso e irresoluble asunto? Desde luego que no. Coahuila es un ejemplo que las cosas se pueden mejorar; la Ciudad de México es otro caso digno de mencionarse. ¿En qué han consistido los éxitos? Básicamente en cuatro elementos fundamentales: fortalecimiento de las policías locales, mejor conocidos como policías de proximidad (salarios dignos, adiestramiento, capacitación, armamento; entre otros), coordinación institucional (en particular, las áreas de investigación criminal y las fiscalías), investigación profesional y, lo más importante, inteligencia para prever escenarios y la disuación de delitos que más lastiman a la sociedad. Porque para controlar la acción de las redes criminales se le tiene que disputar el territorio en el que hasta ahora han podido avanzar, como lo demuestran los casos de Chiapas, Morelos, Colima, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato; Guerrero, Veracruz; entre otras entidades de la república.

Esto prueba que la militarización no es, ni ha sido el mejor camino. Lo más preocupante que esta posibilidad configura un entorno de mayor poder militar que ya se manifiesta al menos presupuestalmente y, sobre todo en este gobierno, por el papel protagónico que han adquirido las fuerzas armadas en obras y servicios que antes eras encomendadas a civiles.

Lo más paradójico de esta situación y el papel otorgado a las fuerzas armadas es que la “izquierda” siempre ha sido crítica de estas medidas y ahora no solamente parece ni inmutarse sino, además, festeja y aplaude la militarización con el paso de la Guardia Nacional al control de las fuerzas armadas.

Resulta sumamente perturbador que la “izquierda” que vivió en carne propia el uso desmedido de la fuerza de parte de los militares en varios momentos de la historia del país y, también, haya padecido el uso criminal de las fuerzas de seguridad del Estado, ahora se conviertan en defensores de la militarización y promuevan su participan en labores para las cuales han demostrado su ineficacia, despropósitos y hasta su colusión con las redes criminales, afectando a la población civil como en el brutal caso de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; crimen que este gobierno prometió resolver y no solamente no cumplió su cometido sino que, además, terminó por enrarecer todavía más la problemática confrontándose con los padres de los desparecidos.

La última estocada a este cuadro desafortunado en el plano de la criminalidad y de la justicia ha sido precisamente la desangelada reforma al poder judicial. Más que la transformación de un poder urgido de mejoras, ha resultado más bien su colonización desde el Ejecutivo que prefigura lo que puede ser calificado como una muy dañina centralización del poder y la herencia más polémica de la presente administración federal, pero eso lo abordaremos en futuras colaboraciones.

Finalizo este apretado y preocupante cuadro de luces y sombras del presente gobierno con el delicado asunto de la salud. Desde el principio, la administración del presidente Obrador se fijó como misión recuperar el sistema de salud en el país que, en efecto, se encontraba en condiciones peor que lamentables, saqueado por administraciones previas sin escrúpulos que terminaron por provocar el regreso de enfermedades ya controladas, con infraestructura deteriorada e incapaz de atender el cuadro de morbilidades más comunes de la población, con escasez de medicamentos y la participación de agentes privados que extraían rentas a partir de proveer servicios y productos farmacéuticos al gobierno.

La estrategia consistió en sustituir el Seguro Popular por el INSABI, pero no llegábamos todavía a la mitad del sexenio cuando fue el propio gobierno quien decidió cancelarlo y se concentró la política de salud en el fortalecimiento del IMSS-Bienestar. Menos mal que así ocurrió porque el desastre hubiese sido peor que no hacer nada e insistir en una decisión más por terquedad que por la aceptación y el reconocimiento de una estrategia fallida.

La confrontación con representantes nacionales de las principales firmas que distribuyen las medicinas en las instituciones de salud en el país, perturbó la disposición y la entrega eficiente de los medicamentos en los centros hospitalarios que los necesitan. Mantenerse firme ante el uso abusivo y la desmedida actitud de lucro respecto de las necesidades en este aspecto, no solamente debe reconocerse como una postura correcta sino que, además, resultó inevitable porque, de lo contrario, el gobierno quedaría a merced de las farmacéuticas.

Si ya de por sí este panorama complicaba las labores estatales en esta materia, el problema de la pandemia por COVID-19 vino a complicar todavía más a un sector duramente golpeado por el desvío de recursos y la falta de inversión. Más allá de esto, es verdad que se gestionó mal y hasta de manera irresponsable la campaña para amortiguar los impactos de la pandemia. De entrada, se trató de no infundir miedo entre la población, pero se terminó por trivializar los efectos devastadores que podían tener un número incontrolado de contagios; lo que finalmente ocurrió y que tuvo como consecuencias más funesta la saturación de la infraestructura hospitalaria, desgastó de manera inhumana al personal de la salud y provocó una gran cantidad de muertos que, quizás, algunos de estos casos podrían haberse evitado. A este respecto los datos resultan inquietantes, poco más de 800 mil personas perdieron la vida por estas causas. No obstante, es verdad que, para ser justos, debe tomarse en cuenta el cuadro de co-morbilidades que en nuestro país existen. Las enfermedades crónico-degenerativas pusieron su parte en el número final de fallecimientos.

La promesa de que tendríamos al final de este sexenio un sistema de salud de los mejores del mundo no solamente no se cumplió sino que, además, no pasa la prueba de la evidencia fáctica. Peor todavía, insistir discursivamente en este punto pretendiendo asegurar que nuestro sistema de salud ha cambiado radicalmente en tan sólo seis años, resulta no solamente una invocación innecesaria y una extravagancia el sarcasmo que no se debía permitir ningún jefe de Estado.

Ante el desastre en el sistema de salud la población ha tenido la fortuna de recibir recursos monetarios del gobierno, lo que le ha permitido atender sus enfermedades invirtiendo parte de esos recursos. Por ello es que, ante los desajustes del sector salud y la ostensible carencia de medicamentos, ahora los ciudadanos no esperan que mejoren los sistemas de salud pública en lo inmediato, pero al menos cuentan con algunos ingresos para paliar en alguna medida sus males orgánicos. De lo contrario, los impactos negativos serían todavía más terribles.

Desde luego, no son todos estos los únicos, pero sin duda los más importantes frentes de batalla en donde pueden observarse aciertos, tanto como desatinos en la administración federal que concluye en estos días. Positivamente se puede decir que se intentó algo distinto y hubo algunos logros al respecto; pero en el camino se cometieron excesos y errores, algunos se trataron de resolver sobre la marcha, otros simplemente se ignoraron o se convirtieron en un asunto de autoridad y todos tranquilos. Al tiempo.