La responsabilidad de opinar

Por Ruben Dario GV

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Su protección está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de muchos países, incluyendo México. No obstante, este derecho no es absoluto y conlleva responsabilidades que, de no asumirse con seriedad, pueden derivar en afectaciones tanto individuales como colectivas.

El ejercicio de la libertad de expresión debe estar acompañado de un compromiso con la verdad y la ética. Expresar opiniones es un derecho inalienable, pero presentar información falsa como verdadera puede ocasionar daños irreparables a la reputación, la estabilidad financiera y hasta la seguridad de las personas. En este contexto, la difamación y la desinformación emergen como amenazas latentes en el ecosistema de la comunicación actual, exacerbadas por la inmediatez de las redes sociales y la proliferación de noticias sin verificación rigurosa.

Un ejemplo reciente de esta problemática es la demanda interpuesta por el empresario Ricardo Salinas Pliego contra varios periodistas vinculados al gobierno de México. La querella sostiene que los comunicadores difundieron información falsa sobre la situación financiera de Banco Azteca, lo que habría provocado pérdidas sustanciales en la base de clientes de la institución. Este caso abre un debate profundo: ¿se trató de un ejercicio legítimo de libertad de expresión o de una acción irresponsable con consecuencias económicas tangibles?

La información publicada por estos periodistas, si se demuestra que fue errónea y malintencionada, podría configurar un caso de difamación. El derecho a la crítica es indiscutible, pero difundir datos inexactos o tergiversados con el fin de dañar la imagen de una persona o empresa cruza la línea de la responsabilidad periodística. Si la información que se publica no cuenta con una base factual sólida, entonces no es más que una opinión subjetiva, la cual debe ser identificada como tal para evitar inducir al público a confusión.

Este caso también pone en la mesa otro debate crucial: la independencia del poder judicial. El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha enfatizado su respeto por la división de poderes. Sin embargo, las reformas al Poder Judicial impulsadas recientemente han despertado inquietudes sobre una posible intromisión en las decisiones de los jueces. Si el caso de Salinas Pliego se resuelve en favor de los periodistas sin un sustento jurídico sólido, podría interpretarse como una presión gubernamental sobre el único poder que no controlaba en su totalidad.

En este sentido, la vigilancia del proceso judicial será determinante para evaluar si las instituciones mexicanas operan con independencia y garantizan un juicio justo.

La autonomía del Poder Judicial es un elemento indispensable para la democracia, y su vulneración podría sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión y el derecho a la información.

El equilibrio entre libertad de expresión y responsabilidad es delicado, pero necesario. Mientras que los periodistas deben ejercer su labor con rigor, corroborando información antes de publicarla, las figuras públicas también deben ser conscientes de que el escrutinio es una consecuencia inherente a su posición. La opinión es un derecho, pero nunca debe confundirse con la verdad sin un respaldo empírico que la sustente.

En una sociedad democrática, la libertad de expresión no puede ser un escudo para la irresponsabilidad ni una excusa para la censura. Es un derecho que exige un compromiso con la verdad, la ética y el respeto por la dignidad ajena. Asumiendo esta responsabilidad, se podrá construir un debate público sano y genuinamente libre.