Tradicionalmente, el derecho ha sido concebido como una disciplina que armoniza la teoría y la práctica. La teoría del derecho, con sus fundamentos filosóficos y doctrinales, proporciona el marco conceptual que guía la interpretación y aplicación de las normas. La práctica, por su parte, materializa estos conceptos en la realidad cotidiana, buscando justicia en casos concretos. 

 

La implementación de elecciones para cargos judiciales, como las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Magistraturas de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y otros puestos clave, introduce una dinámica que podría privilegiar la inmediatez y la respuesta a demandas populares sobre la reflexión teórica y la profundidad doctrinal. 

 

Esta tendencia hacia la pragmatización del derecho podría llevarnos a cuestionar el valor de la teoría jurídica. ¿Es aún relevante dedicar tiempo al estudio de teorías y ciencias del derecho en un contexto que parece inclinarse hacia soluciones inmediatas y prácticas? La respuesta, lejos de ser sencilla, nos obliga a considerar las posibles consecuencias de desatender la dimensión teórica. 

 

Sin una base teórica sólida, corremos el riesgo de que la aplicación del derecho se convierta en una serie de decisiones aisladas, carentes de coherencia y previsibilidad. La teoría jurídica no es un lujo académico; es el cimiento que garantiza que la práctica del derecho se realice con justicia, equidad y respeto a los principios fundamentales. Es la garantía de que el derecho no sea un simple reflejo de la coyuntura política, sino un sistema con principios sólidos y permanentes.

 

Además, la elección popular de jueces podría introducir elementos de politización en la judicatura, comprometiendo su independencia y objetividad. La experiencia de países como Bolivia, que han adoptado sistemas similares, y los resultados han sido poco alentadores: una creciente politización de la justicia, jueces sometidos a intereses partidistas y un sistema judicial que pierde credibilidad, muestra que la elección de jueces puede agravar desafíos existentes y generar nuevos problemas en la administración de justicia. 

 

Es imperativo reconocer que la ciencia del derecho enfrenta retos significativos en este nuevo panorama. La formación de juristas debe adaptarse para equilibrar la comprensión teórica con las habilidades prácticas, asegurando que los futuros operadores del sistema judicial estén preparados para enfrentar las complejidades de un entorno en constante cambio. 

 

El derecho mexicano se encuentra en una encrucijada. La elección que hagamos entre privilegiar la práctica inmediata o valorar la teoría y la reflexión tendrá repercusiones duraderas. Pero en un país donde la urgencia de resultados pesa más que la reflexión, ¿quién defenderá la importancia de la teoría jurídica? ¿Quién abogará por la necesidad de seguir estudiando el derecho como una ciencia y no solo como un instrumento de aplicación inmediata? 

 

Los efectos de esta transformación no serán inmediatos, pero llegarán. Los primeros síntomas los veremos en la forma en que los nuevos jueces interpreten la ley, en la evolución del pensamiento jurídico y en la pérdida paulatina de rigor doctrinal. Las universidades, los litigantes y los estudiosos del derecho tendrán que adaptarse a un entorno donde la especialización podría quedar relegada a un segundo plano. 

 

En última instancia, debemos recordar que el derecho no es solo un conjunto de normas y procedimientos, sino una manifestación de nuestros valores más profundos como nación. Las reglas del juego han cambiado, pero debemos preservar el equilibrio entre la teoría y la práctica, ya que es esencial para garantizar que la justicia en México no solo sea eficiente, sino también justa y humana. 

 

El derecho mexicano está en la cuerda floja, balanceándose entre la teoría y la práctica, entre la razón y la política, entre la reflexión y la inmediatez. Si perdemos el equilibrio, lo que está en juego no es solo la impartición de justicia, sino el futuro de una ciencia que, sin el peso de la reflexión, corre el riesgo de convertirse en un mero espectáculo de procedimientos