La elección y la suprema simulación

Por: Efraín Quiñonez León

8 de mayo de 2025

Tiro Libre

No me cabe la menor duda de que México y su gente divina no hay quien se le compare en la faz de la tierra. Acostumbrados a nuestras pasiones desbordadas nos embarcamos en empresas hercúleas que a cualquier mortal sorprenderían por el arrojo, en ocasiones casi suicida. Pero los mexicanos somos así, muy ceremoniosos, pero igualmente muy irreverentes y hasta sarcásticos en los momentos más fúnebres. Lo que nos distingue es nuestra particular predilección por llamar la atención con nuestros despropósitos o lo estrafalario de nuestros comportamientos. No hemos siquiera votado a los ministros, magistrados y jueces, cuando la reforma ya requiere modificarse en sus procedimientos por las inconsistencias y despropósitos que presenta.

Desde el año pasado venimos arrastrando el problema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su reforma, misma que se instrumentó desde el gobierno anterior. Creo no equivocarme si digo que el mexicano promedio le tiene sin cuidado el asunto de la Corte. Sin embargo, la reforma que fue avalada por el Congreso, es decir, por los diputados y senadores actuales; así como las legislaturas de las entidades federativas; se procesó de una manera algo silvestre si aceptamos que se impuso una mayoría como en los viejos tiempos. Se discute, es verdad, pero no necesariamente eso implica que se tomen las medidas más racionales para proceder de la mejor manera posible. Si no fuera por su carácter circunspecto y hasta hosco de siempre, el legendario líder de la izquierda contemporánea de nuestro país, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, nos regala algunas frases respecto a la reforma que podrían estimular nuestra hilaridad: “si logro entender el procedimiento desde luego que votaré”. Ignoro si a estas alturas el legendario líder ha tenido los arrestos como para llegar a entender cómo se votará a los nuevos integrantes del poder judicial, pero lo cierto es que sus palabras nos recuerdan las dificultades de un procedimiento cargado de barroquismos, arrogancia y la más absoluta desmesura.

A estas alturas, nadie niega la imperiosa necesidad de hacer cambios sustantivos en uno de los poderes fundamentales de la nación, aunque el resto de las instituciones públicas del Estado mexicano (el ejecutivo y el legislativo) no necesariamente se hayan modificado sustancialmente. Es verdad que el ex-presidente López Obrador disminuyó los gastos de la presidencia y se bajó el salario; lo cual resulta meritorio reconocerle, pero su conducta escasamente permeó en el resto de los funcionarios de la administración pública. O sea, el ejemplo no cundió como se pretendía y es que la tentación es mucha, y como dijo el viejo refrán muy popular entre los mexicanos: “en arca abierta hasta el más santo peca”.

Por su parte, nuestros congresistas no han dejado de ser lo que han sido siempre en su gran mayoría. ¿por qué razón? Es muy simple, no ha existido una real circulación de los liderazgos y casi en su totalidad sigue siendo la vieja clase política con uno que otro invitado; que tampoco puede decirse que sean un prototipo de virtudes por el cual podamos sentirnos orgullosos. Solamente por dar un ejemplo, ahí tenemos en el top de la incongruencia al senador, Gerardo Fernández Noroña, hoy en día un distinguido militante de Morena o al destacado congresista, Manuel Velasco, del PVEM, con su característica frivolidad y las excentricidades cometidas mientras fue gobernador de Chiapas; una afrenta para la entidad que registra más pobres del país. Los partidos, unos más y otros menos, pero absolutamente todos han perdido todo pudor y respeto por sus propias ideologías; lo que opera es el pragmatismo más ruin e impúdico. En realidad, se trata de agrupaciones inevitables para la transferencia del poder, para procesar de manera pacífica los cambios de liderazgo que de vez en cuando debemos hacer y ejercer los ciudadanos; pero resultan organismos que escasamente pasan por el control de los ciudadanos que dicen representar. Por lo tanto, las elites que controlan esos espacios pueden disputarse los recursos a su disposición, pero jamás atentarán en contra de su razón de ser: su autoreproducción sin control ciudadano.

Y sin embargo, cabe la reiteración, es una imperiosa necesidad hacer cambios en el poder judicial, pero es muy cuestionable el método empleado y enseguida trataré de explicar por qué razón. Es verdad, como muchos opinólogos y comentaristas han señalado, son pocos o contados los países que llevan a cabo semejante osadía de elegir jueces. Lo hizo Bolivia y resultó un desastre que todavía pagan los ciudadanos de ese país. En Estados Unidos, los casos son muy contados en que esto ocurre.

A menudo se argumenta que el proceso es democrático. Es cuestionable esa visión que circunscribe el concepto a un acto casi mecánico de votación con escasa conciencia de lo que se hace. La democracia no se consume con el simple hecho de sufragar; presupone ciudadanos medianamente informados para tomar las mejores decisiones, en el entendido de que transfiere la representación y el poder que eso significa en otros que tomarán decisiones por ellos. He ahí la gran relevancia que tiene un acto que no es tan simple como sufragar o levantar la mano.

Pero el reto que tenemos ahora los ciudadanos es no solamente enorme sino hasta incomprensible. Casi se puede decir que vamos a ciegas a la elección de funcionarios al Poder Judicial (local y federal) en buena medida por los caprichos y despropósitos de nuestros dirigentes políticos. Apunto dos elementos que me parecen reveladores de esta inédita y al mismo tiempo suicida elección de funcionarios: uno tiene que ver con el escenario sombrío en que esto ocurre y otro, los retos logísticos y, más aún, la mecánica que implica un proceso de este tipo.

En cuanto al escenario hay tres elementos importantes. Un primer elemento de preocupación, aunque el ciudadano promedio no lo percibe y ni le importe, es que el salomónico procedimiento de elegir prospectos (un número de candidatos propuestos por el poder ejecutivo, otros por el legislativo y otros por el judicial, en términos generales) no evitó lo que algunos señalaron desde el principio, que se podían infiltrar elementos vinculados con redes criminales. Para nuestra mala fortuna eso ha venido ocurriendo y lo sabemos ahora porque existe una polémica al respecto entre el Congreso y el INE. El problema ahora es quién se hace cargo en “bajar” de las listas a esos candidatos -vamos a decir- indeseables. Pero tan grave puede ser que se incorporen estos perfiles, como aquellos cuyas capacidades objetivamente puede determinarse que son limitadas para los cargos a los que aspiran. Ni el INE, ni mucho menos el Congreso han hecho una seria labor a fin de discrinar y ofrecernos los mejores perfiles. Si vamos a votar a ciegas, pero sobre la base de mejores perfiles, el daño puede ser menor.

Otro elemento preocupante son los casos que hacen evidente intereses particulares y hasta venganzas, como el del abogado e hijo del general, Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fuera detenido por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El señor tiene todo el derecho de participar y no se le puede negar la oportunidad a partir de lo que pudo haber hecho o no su progenitor. Pero resulta sumamente preocupante que diga que defenderá a las Fuerzas Armadas, como si la justicia se tratara de defender corporaciones y no al ciudadano.

El tercer elemento tiene que ver con la cantidad de funcionarios que debemos elegir. La mayoría de los ciudadanos no tiene ni idea, ni le importa, cómo funciona el poder judicial en nuestro país y la manera en que se materializa todo ese sistema en el territorio. En una colaboración anterior ya apuntaba que vamos a elegir alrededor de 100 funcionarios al poder judicial, tanto del ámbito federal, como del local. Por supuesto, esos son únicamente los cargos que se habrán de elegir, pero los candidatos son más del doble. El reto es mayúsculo porque escasamente conocemos los perfiles y muy pocas personas consultarán los portales del INE y del OPLE siquiera para formarse una mínima impresión de los candidatos. Es más, hacer esa labor implica dedicar un tiempo del que no dispone el ciudadano promedio, como tampoco puede contar con las herramientas y el interés para hacer semejante tarea.

Abordo ahora las dificultades operativas para proceder a la elección de integrantes al poder judicial. En primer lugar, hay que señalar que seleccionaremos integrantes al poder judicial del ámbito federal y del local. En el primer caso, se trata de los 9 ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 5 magistrados al Tribunal de Disciplina Judicial; 2 magistrados a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 3 integrantes de la sala regional del TEPJF; 18 magistrados de circuito y 17 jueces de distrito. Son 54 cargos en total.

En el plano local habremos de elegir a 15 magistrados al Tribunal Superior de Justicia; 1 magistrado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje; 5 magistrados al Tribunal de Disciplina Judicial y 77 jueces de 1era instancia. En total, 98 cargos.

Por supuesto, todo esto supone una cierta cantidad de boletas que podrían llegar a ser 10. Sin tomar en cuenta que vamos, también, a elegir presidentes municipales. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar el chequeo de todas las listas y candidatos? ¿Cuánto tiempo nos llevará, en suma, escribir un número con el cual se identifica x prospecto que ni conocemos? He aquí el gran problema de todo esto y a lo que nos llevan los arrebatos.

Un respetable y destacado periodista que escribe para Milenio y El País, y no obstante que a menudo en sus artículos toma partido por la 4T, reflexiona críticamente sobre la elección de los nuevos integrantes al Poder Judicial. Considera que era indispensable su reemplazo, pero al menos tiene la duda si el método elegido resultaba el mejor. En todo caso, con claridad ante lo obvio hace invocaciones de que todo salga bien porque, de lo contrario, el proceso no solamente será ilegítimo sino que, además, vendrá toda una andanada de críticas. Con otras palabras, existe un preocupante nivel de riesgo que el proceso no sea el óptimo o, de plano, salga de mal a pésimo. El problema todavía más inquietante es que todos podríamos ser las siguientes víctimas de un sistema judicial armado sobre las rodillas, con gente militante, pero incompetente, que asumirán sus cargos por los siguientes años. Todo esto sin hablar de la prisión preventiva oficiosa que es otro de los grandes temas que configuran un ambiente terrorífico. En fin…..