Cambio, resistencia e incertidumbre

Por: Efraín Quiñonez León

6 de febrero de 2025

Tiro Libre

Mientras en el plano nacional los temas relevantes se concentran en las medidas que los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México tomen respecto al comercio trilateral, el combate a las redes criminales trasnacionales y las políticas de contención de migrantes; en el plano nacional la economía no parece vivir un momento especialmente de jauja, pero lo cierto es que los incremento a los salarios, el flujo de la remeses, estimulan el consumo de bienes y servicios. Tanto al interior, como al exterior, el país transita por escenarios riesgo que hasta ahora han sido solventados favorablemente.

Con otras palabras, el hecho de que se hayan conjurado por un mes las amenazas del presidente norteamericano de imponer aranceles a los “productos mexicanos” y el manejo apropiado que la administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum, tuvieron al respecto nos permiten albergar cierto optimismo en el futuro próximo.

Del mismo modo, la situación de la economía nacional muestra un comportamiento favorable al consumo, una inflación de un dígito y una situación en el empleo, como de los salarios de los trabajadores, que sin ser los ideales, se han visto estimulados con políticas claramente dirigidas a abatir las desigualdades sociales en estos términos.

Por otra parte, en el plano interno se presentan dos tipos de problemas que ciertamente no son nuevos, pero que muestran las tensiones al interior mismo del régimen y las disputas tanto discursivas, como del poder que incluso se traduce en “ajustes de cuenta” y avances, como retrocesos en el territorio, donde se presentan las tensiones más preocupantes.

Por un lado, la reforma al poder judicial mantiene el encono entre las elites políticas del país y, también, la obstinada resistencia de quienes se oponen. Sin embargo, hay dos elementos que llaman la atención en este proceso. En primer lugar, el triste papel de los actores políticos representados en el Congreso que trivializan unos, mientras que otros traducen en insultos la fuerza de los argumentos. Llegados a este punto nos encontramos como espectadores de una situación deplorable de los actores políticos frente a una reforma que casi nadie cuestiona, pero sin duda alguna tiene una relevancia para el futuro inmediato. No tengo la más remota idea si esta situación ofrece los incentivos adecuados para que la ciudadanía se sienta suficientemente estimulada para asistir a las urnas y elegir a jueces, magistrados y ministros que habrán de integrar el nuevo sistema de justicia del país. Alejados de la discordancia plagada de insultos en los debates del Congreso, el ciudadano promedio que acuda a las urbanas lo hará a ciegas y sin la información suficiente y pertinente que permita una elección racional. Pero eso no parece preocupar en modo alguno a la clase política. Lo importante es que la gente vote como dios le de a entender; al final, el sufragio constituye el valor supremo, un talismán que prueba cuando democráticos somos, pese a que, en la práctica, no podamos siquiera justificar la racionalidad de nuestro voto.

Por otra parte, aceptando sin conceder que la reforma era y es un imperativo, cabe al menos preguntarse si esto en sí mismo nos conducirá a un mejor sistema de justicia en el país. En realidad, la interrogante resulta contrafáctica y está aun por verse los impactos que tendrá la reforma en la justicia ordinaria, aquella que padece el ciudadano común en todo el país. Supongamos que, en efecto, los cambios serán positivos, queda aún pendiente de resolver un problema no menor que tiene que ver con la investigación de los delitos, lo cual apela directamente al desempeño que deberá otorgarse a las fiscalías. Lo que hemos experimentado hasta ahora en torno a las fiscalías no parece el mejor escenario que subvierta la resolución de controversias a la carta o al mejor postor, es decir, un sistema mediado por el dinero donde quienes carecen de recursos continuarán siendo víctimas de un entramado judicial que termina por favorecer al poderoso.

Los congresistas se enfrascan en discusiones irrelevantes acerca de la insaculación de los integrantes del nuevo poder judicial. Creando mitos alrededor de un método, los legisladores intentan convencerse a sí mismos acerca de las “bondades” de semejante manera de proceder a fin de escoger los mejores perfiles que habrán de integrar el renovado sistema de justicia en el país. Es verdad que el mismo método se ha seguido en otros casos, por ejemplo, en la selección de los consejeros ciudadanos del INE. Sin embargo, una cosa son los altos cargos que, por cierto, no han estado exentos en ningún caso de la negociación entre los distintos actores políticos que intervienen en la designación; mientras que otra es la profesionalización, los instrumentos y los procedimientos para sustentar instituciones cada vez más confiables y con el personal mejor capacitado para el desempeño de sus funciones. La insaculación no es una vara mágica a través de la cual obtendremos al personal adecuado para las funciones de juzgadores e impartidores de justicia; la selección mediante este instrumento debe estar acompañada de otros “filtros” que permitan obtener lo mejor para tan relevantes tareas que habrán de desempeñar. Y, también, es verdad que se hicieron consultas, al mismo tiempo en que se establecieron requisitos (promedio mínimo de 8, por ejemplo); pero lo que parece haber imperado es el caos. De modo que no se trata en sentido estricto de los instrumentos, los métodos empleados y los procedimientos (adecuados o no), sino la manera en que se han actuado los actores políticos frente al reto que significa contar con juzgadores adecuados. Por lo tanto, en ese escenario, lo único que podemos esperar es que haya buenos, malos y regulares perfiles; para eso nos alcanza en las actuales circunstancias. Todo esto sin pensar en las dificultades que habrán de tener los propios ciudadanos al momento de ejercer su derecho a la elección de juzgadores.

Mientras esto ocurre en las cúpulas, otras batallas al interior del propio régimen se vienen presentando. En particular, las inestabilidades en algunos estados del país, como en los casos de Tabasco, Chiapas y Sinaloa. En este último caso, se trata de una escalada de violencia que no ha sido detenida, pero que fue estimulada por la detención y extradición de, Ismael “el Mayo” Zambada. El gobernador, Rubén Rocha Moya, no solamente ha mostrado serias limitaciones para encarar semejante situación sino que, además, presuntamente se le vincula con algunas de las organizaciones criminales que operan en ese norteña entidad. De hecho, a pesar de que se le sostiene debido a las redes políticas que ha podido construir al interior mismo del propio régimen, no es menos cierto que está resultando un lastre para la actual administración federal que, además, la pone en una situación muy complicada dadas las presiones del gobierno de los Estados Unidos frente a su cruzada en torno al combate de las organizaciones criminales que operan en México. Los otros dos casos, los de Chiapas y Tabasco, son igualmente parte de los conflictos al interior de los grupos de poder de Morena en aquellas entidades, al poder acumulado de las redes criminales que operan en esos territorios y a la fragmentación de la clase política local.

Visto así, el panorama que se cierne entre los mexicanos puede decirse que es de claro-obscuros. Aunque existe algo de bienestar y un reparto más equitativo, vía los programas sociales, de los recursos sociales, no deja de existir cierta incertidumbre dadas las amenazas externas (sujetas a una tregua, es verdad, pero se mantiene como espada de Damocles) y un frente interno en equilibrio precario debido a la falta de acuerdos entre los actores político, sus propias debilidades y las acechanzas que se ciernen como consecuencia de la violencia imperante.