Paradojas

Por: Efraín Quiñonez León

domingo, 30 de marzo de 2025

Tiro Libre

Si México se observa desde fuera de sus fronteras con relación al avance en la equidad de género se puede constatar que el país está a la vanguardia. Como nunca antes en la historia las mujeres han avanzado tanto como en los últimos 10 o 20 años. No ha habido tantas legisladoras como ahora, no solamente en el plano federal sino en todo el país. La piedra en el zapato sigue siendo la dimensión local para muchos de los problemas de país. En equidad de género se ha avanzado, pero son pocas todavía las mujeres que nos gobiernan en ese nivel de la administración pública. Si acaso dos de cada 10 municipios en el país están siendo gobernados por una mujer. Y a pesar de que se incorporan cada vez más mujeres al gobierno, no es menos cierto que insertarse ahí no necesariamente se corresponde con el nivel de ingreso o la jerarquía de los cargos derivados de sus perfiles profesionales o grados de escolaridad. Un estudio del IMCO, por cierto, indica que, tratándose de las administración pública federal, las mujeres no perciben los mismos ingresos (en general, son menores) que los hombres a pesar de contar con más años de escolaridad, como tampoco eso se corresponde con el nivel de los cargos que desempeñan.

Se han aprobado leyes con el propósito de eliminar la violencia hacia ellas que, en el clima de inseguridad que hay en México, son unas de sus principales víctimas. También, se aprobaron, primero, reglas a fin de establecer cuotas en cargos de elección popular y, más recientemente, se tomaron acuerdos para alcanzar la igualdad sustantiva en el campo de la política institucional.

Bajo este escenario, no resulta sorprendente que ahora se tenga una mujer en el cargo de mayor jerarquía en el país. Sin embargo, los desafíos son enormes al interior mismos del propio régimen, como allende nuestras fronteras. Es verdad que la presidenta goza de una amplia popularidad; poco más de 8 de 10 mexicanos aprueban su gestión y su desempeño en el cargo. Ningún presidente en los últimos 20 años ha contado con semejante respaldo popular.

No obstante que esta simpatía popular resulta inobjetable, el diablo se aparece con más frecuencia de lo que pudiésemos esperar. La presidenta intentó ganar tiempo con relación a la reforma judicial sobre todo para discriminar en qué niveles sí conviene una elección de funcionarios del poder judicial, pero terminó literalmente arrollada por la inercia de quienes ven en esos cambios una oportunidad para incrementar sus cuotas de poder. De este modo, lo que tendremos no es el mejor poder judicial con la suficiente autonomía que nunca hemos tenido, sino un sistema capturado por otro de los poderes y sometido a sus designios. Nada nuevo bajo el sol, las resoluciones del poder judicial seguirán tomándose bajo criterios políticos y no jurídicos. Peor aún, escasamente se toma en cuenta que un gran problema son las fiscalías, pues es ahí donde radica uno de las principales debilidades de la justicia en el país (oh!! Sorpresa, en la Cámara de Diputados, a propósito de las acusaciones por agresión sexual del diputado, Cuauhtémoc Blanco, se reconoce que el expediente de la fiscalía de Morelos estaba mal integrada).

Frente a los despropósitos del presidente, Donald Trump, ha reinado la sensatez y aunque eso importa muy poco a la hora de la toma de decisiones, la situación nos exhibe como una nación extremadamente vulnerable a las barbaridades de la administración trumpista. Nos impusieron políticas de control migratorio y hemos acatado las medidas diseñadas por Washington porque lamentablemente no tenemos de otra. Bueno sí, ponernos tan rijosos como Petro y en tan sólo dos días tenemos un impacto brutal en lo económico y financiero. El amplísimo respaldo popular de la presidenta Sheinbaum es bueno, pero resulta punto menos que insignificante para evitar los temibles aranceles, cuyas consecuencias más negativas las terminarán pagando tanto los mexicanos, como los ciudadanos americanos.

El gobierno norteamericano exige, además, una política más comprometida de nuestro gobierno con relación al combate a los cárteles de la droga del país y el tráfico de estupefacientes, en particular, el fentanilo. Más allá de la ostensible hipocresía de la Casa Blanca, lo cierto es que hemos terminado por aceptar sus términos porque, de igual forma, no tenemos de otra. Nada más nos dieron un leve mensaje de lo que tienen y lo que están dispuestos a hacer, no solamente el hecho de declarar a las organizaciones traficantes de drogas como terroristas sino, más aún, de manera expedita y extraterritorialmente capturaron en forma eficaz a uno de los narcotraficantes más buscados: Ismael Zambada. Por fin el gobierno reaccionó y terminó por entregar a una treintena de capos que la justicia gringa reclamaba. Y, es verdad, este gobierno está haciendo cosas algo distintas, tan es así que se combate al crimen organizado, se capturan capos de la droga; pero ahora el más grave problema que enfrentamos es el de los desaparecidos y, de nuevo, la gravedad de ello ha descolocado a nuestra presidenta. No hay por qué no creerle que su respaldo a las víctimas es genuino, pero el manejo político de todo esto termina por ponerla en contra de los que dice defender, con tal de no evidenciar los desatinos del Fiscal General o a los funcionarios del aparato de seguridad del Estado. Todo ello sin mencionar siquiera los vínculos entre la política y el narco, siendo este otro de los asuntos en que más insistentemente ha demandado cambios la administración Trump.

La presidenta envía una iniciativa a la Cámara de Diputados para evitar que se hereden los cargos, pero sus correligionarios y los aliados terminan por posponer la entrada en vigor de la ley hasta el 2030, cuando la actual administración haya terminado sus funciones. ¿Cómo puede ocurrir esto con una presidenta tan poderosa con tan amplios niveles de popularidad? Hoy en día que el Congreso presenta un equilibrio entre los géneros parece que no se ajusta necesariamente a las buenas iniciativas de este gobierno.

Finalmente, la más vergonzosa contradicción la acabamos de observar hace unos días en el caso del diputado, Cuauhtémoc Blanco. De nuevo, la presidenta ni siquiera debía haberse involucrado tan directamente como lo hizo. Llegó una y llegamos todas, reza el grito de batalla, pero las paradojas afloran inmediatamente después que los tambores de la victoria apabullan con la soberbia de un poder incontrastable. Se pretende echar en cara a las mujeres diputadas que terminaron por respaldar a un presunto delincuente, cosa que es reprochable, desde luego. Pero se trata de uno de los asuntos de la mayor trascendencia en términos de la lucha que han dado las mujeres por años. De modo que no es solamente un asunto de las diputadas sino del Congreso en su conjunto. Con esto se reitera la existencia de lo que los movimientos feministas llaman el “pacto patriarcal”. Más allá de la perplejidad que esto pueda provocarnos, el hecho es que pudo haberse manejado mediante los procedimientos jurídicos e institucionales basados en la lógica de los derechos humanos (nadie es culpable hasta que se le demuestre que lo es mediante procedimientos e instituciones judiciales profesionales y autónomos), pero lo sorprendente es que quienes llegaron con una agenda feminista escasamente tienen el poder suficiente para tramitarla o simplemente simularon para coronar sus apetitos de poder que, al parecer, son muchos. El que sean mujeres no es garantía de que las agendas progresistas puedan llevarse a cabo, como la realidad se empeña en recordarnos. El asunto es todavía más desafiante y complejo.