El ataque y la falsa solución

Por: Efraín Quiñonez León

Recientemente, se ha producido una polémica en algunos de los medios de comunicación locales acerca de las obras que ha emprendido el gobierno estatal del morenista, Cuitláhuac García Jiménez. En particular, editorialistas y periodistas han dado voz a las protestas de ciudadanos que se inconformaron por las salvajes y antidemocráticas medidas con el propósito declarado de “mejorar la circulación vehicular” por una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Es loable que los comunicadores sean sensibles a este tipo de conflictos tratando de dar voz a las partes, sobre todo a los que menos posibilidades tienen de hacerse escuchar.

En este desafío, las autoridades estatales son acompañadas por el alcalde, Ricardo Ahued. Aunque el gobernador de ha negado a dialogar con los ecologistas inconformes, la negativa y las descalificaciones empleadas por la máxima autoridad de Veracruz contrasta con el tono más “conciliador” del presidente municipal. Se apabulla a los “insurrectos” con estadísticas sobre el gran despliegue del gobierno sembrando arbolitos y no están mal las campañas de reforestación que se han emprendido, pero los ciudadanos, hasta donde se sabe, no protestan por ello, sino por el autoritarismo asumido y las drásticas medidas tomadas para favorecer el tránsito vehicular. En este sentido, compete a la autoridad poner las cosas en su justa dimensión, pues al contrario de lo que se piensa, descalificar y agraviar a quienes se oponen no es la mejor forma de gobernar; independientemente de los costos políticos que esto puede llegar a tener en el futuro inmediato.

No tengo elementos que me permitan suponer que las palabras del gobernante en turno no son sinceras y materializan sus sentimientos de pretender dejar como legado una obra que, según sus propias palabras, contribuirá a resolver el complicado problema vial de la capital veracruzana. No obstante, en su fuero interno sabe que su propuesta de solución no es tal o, visto de manera positiva, se trata de una respuesta momentánea frente al caos vial que significa transitar por la avenida Lázaro Cárdenas casi a cualquier hora del día. La idea de hacer un puente que haga más eficiente el tránsito vehicular es una medida transitoria que no resolverá el problema de la vialidad a todo lo largo de la ciudad porque el meollo del asunto está en otra parte.

Quienes se han manifestado en contra de las drásticas medidas que en una noche cercena de árboles un fragmento de aquella avenida, tienen todo el derecho de expresar su desacuerdo y, con los cambios que en los últimos años se han hecho a diferentes leyes y reglamentos, la participación ciudadana y las consultaspúblicas en estos y otros proyectos del gobierno forman parte de los procedimientos que la propia autoridad tiene la obligación de cumplir. Es un contrasentido hablar de la democracia, la participación y el respeto a la ciudadaníamientras se es oposición y cuando se está en el gobierno hacer todo lo contrario. Aquí existe un primer elemento que exhibe a las autoridades locales cometiendo una falta que no solamente deberían reconocer sino, además, proceder a remediarla. Pero, independientemente de los cambios políticos, la clase gobernante local sigue pensando a la antigüita: primero dan el golpe y luego negocian.

En realidad se trata genuinamente de un problema urbanístico que padecen la mayoría de las ciudades del país, pues escasamente existe planeación, coordinación y colaboración entre los distintos niveles de gobierno a fin de llevan a buen puerto este tipo de iniciativas. “Los proyectos de desarrollo” van de la mano de la improvisación y, por sobre todo, de la lógica política y de extracción de rentas teniendo el presupuesto público como un fondo por el cual se lucha para su apropiación. Bajo esta lógica, desde luego que hay ganadores y perdedores. Los primeros son políticos y contratistas, los segundos a menudo son los ciudadanos.

Xalapa sufre los efectos de un excesivo parque vehicular privado que a diario es usado para diferentes traslados dentro de la ciudad y, en la zona que ha desatado las inconformidades, un flujo que desde el altiplano pasa por la ciudad. Se sabe que la capital veracruzana es una de las ciudades del país que, en términos per cápita, tiene una cantidad elevada de vehículos circulando cotidianamente.

Se comenta en redes sociales y el propio gobernador comparte la opinión de aquellos que dicen, con algo de razón, que los árboles fueron plantados con un propósito ornamental. Lo que pierden de vista es que, aun cumpliendo simplemente una función ornamental, eso no otorga derechos exclusivos para el ecocidio. Ya sea que cumplan una función ornamental o más sustantiva, como la producción del aire que respiramos y recuperan dióxido de carbono actuando como barrera que permite mantener los equilibrios del clima; lo cierto es que los árboles ahí plantados eran parte del paisaje urbano y cumplen una función irremplazable ambientalmente hablando.

Más allá del impacto ambiental que supone no solamente el derribo de árboles sino, además, el uso cada vez más intensivo del transporte privado por la ciudad; el tema es que Xalapa no cuenta con un sistema eficiente de movilidad urbana. En sentido estricto, se trata de un “modelo” en el que predomina el caos y la apropiación predatoria del espacio público. No está de más recordar que, en efecto, han existido administraciones municipales y estatales previas que intentaron hacer algo al respecto; pero han sido tibias las medidas en un entorno urbano en que imperan “poderes fácticos” que se resisten frente a las acciones del gobierno. Lo que hace falta, entonces, es un buen proyecto de movilidad urbana que privilegie el transporte público de pasajeros estableciendo rutas y accesos eficientes para el desplazamiento de las personas, principalmente. En otras palabras, se trata de desestimular el uso privado para los desplazamientos en el entorno urbano que resulta la piedra angular de casi todos los problemas viales de la ciudad.

Para el traslado de mercancías existe el libramiento norte que, por cierto, ambientalistas defendieron que esa ruta no fuese por el lado sur, pero poco les importó que esto ocurriese por las partes más pobres de la ciudad, donde también existieron daños ambientales. Como quiera que esto sea, el libramiento norte debería desahogar todo el tránsito de carga que hoy día pasa por la ciudad violando incluso las normas establecidas y poniendo en riesgo a los propios operadores, así como a la población en general. El hecho de que se haya considerado esta vía como de cuota resulta el elemento perverso por el cual ahora los transportistas y operadores deciden mejor atravesar la ciudad y ahorrarse unos pesos.

Por otra parte, escasamente se ha considerado la opinión o el sentir de la población que habita en esa gran franja que va de norte a sur sobre la parte oriente de la ciudad, pues aunque no es la solución a largo plazo, el puente vehicular sí los beneficiaría ya que haría más eficiente el tránsito vehicular de oriente a poniente. En un espacio menor a dos mil metros sobre la amplia zona de colonias a un costado de la obra en cuestión, el tránsito vehicular privado puede tardar hasta una hora esa ridícula distancia en momentos críticos de movilidad.

Si al gobierno estatal se le hubiese ocurrido hacer semejante obra mucho antes de entregar el poder, se podrían haber ensayado nuevas formas de movilidad urbana, como ya se hace en muchas ciudades del mundo y de México, incluso. El transporte en bicicleta, en tramos relativamente cortos y eficientes, puede ser una alternativa; la administración municipal anterior al menos lo intentó. Es verdad que se necesita mucho más seguridad y una presencia radical de la autoridad en los espacios especialmente dedicados a este tipo de movilidad porque a menudo ocurren incidentes que ponen en riesgo la vida de las personas. Propuestas de esta naturaleza pueden tener un efecto en cascada, si tomamos en cuenta el esfuerzo físico que significa transportarse en bicicleta y los beneficios que esto tiene frente a la vida sedentaria que la gran mayoría de la población tenemos. Esto, a su vez, puede tener efectos sobre el grandísimo problema (casi tragedia nacional) de obesidad y enfermedades crónico-degenerativas. Incluso a largo plazo esto podría significar un aprovechamiento del presupuesto en salud para atender este tipo enfermedades, dedicando los remanentes a la compra de medicinas (hoy en tela de juicio) o incrementar la infraestructura hospitalaria o ambicionar en mejores condiciones un sistema de salud como el de Dinamarca.

Paradójicamente, el gobernador casi al inicio de su gestión lanzó una idea no muy descabellada a fin de tratar de remediar los problemas del transporte masivo de pasajeros en la ciudad: rehabilitar las viejas vías del tren que atraviesan la ciudad e incluso construir a un lado de ella una ciclo vía. Desde luego, una propuesta de esa naturaleza es inviable económicamente, salvo que se le subsidie, porque la cantidad de pasajeros no alcanza a amortizar las inversiones en el corto plazo.

Estimular y ofrecer la seguridad necesaria para “nuevas formas” de movilidad urbana serán las medidas que a largo plazo podrá subsanar el grave problema de los flujos de mercancías y personas en la ciudad y la región. En eso deberíamos concentrarnos todos y a los ambientalistas no les faltan razones para oponerse.