1° de julio ¿algo que celebrar?

Por: Efraín Quiñonez León

Hoy se cumplen 5 años que los mexicanos deseosos de cambios políticos importantes decidieron llevar al poder al obstinado político de la “izquierda”, Andrés Manuel López Obrador. Como la memoria es corta, vale la pena hacer algunos recordatorios y situar los logros y los estrepitosos fracasos que ya comienza a experimentar la presente administración a cargo de Morena, un amasijo de políticos oportunistas, de la extraviada izquierda que, con el derrumbe de los sistemas comunistas en el mundo, perdieron el rumbo. El partido del presidente, también se nutrió de no pocos tránsfugas de otros partidos; en particular del PRI. Por lo tanto, Morena resulta un apetitoso coctel que diluye “nacionalismo revolucionario”, conservadurismo religioso (católico y protestante) y político.

Nadie puede poner en duda el liderazgo, prácticamente a toda prueba, del presidente López Obrador. Su carisma ha soportado tempestades y por alguna razón soporta los más violentos temporales, saliendo casi siempre fortalecido de cada uno de los desafíos que se le presentan con frecuencia, contrarios a su misión autoimpuesta de combatir la corrupción y atender a los pobres como políticas prioritarias y casi únicas del régimen.

Con un discurso maniqueo y binario, propio de regímenes autoritarios, suele aceptarse el diagnóstico que simplifica las complejas raíces de los problemas de las sociedades actuales. Es verdad que los regímenes previos a la 4T terminaron tan desacreditados que nadie en su fuero interno podría albergar alguna esperanza de redención en tan abyectas propuestas políticas. El PRI, avejentado como las vetustas dirigencias sindicales (del oficialismo y las progresistas), termina sus días con los últimos bastiones ahogados en las peores prácticas que aceitaron una maquinaria que produjo estabilidad política sobre la base del aplastamiento de la sociedad. El PAN, extravió el rumbo por la lucha descarnada del poder y la ambición sin límites de sus dirigentes. Se cumplió lo que sus propios ideólogos temían, tomaron el poder por la vía electoral y pacífica, pero perdieron el partido y la mística de respeto a las garantías individuales frente a los atropellos estatales. Al resto de las expresiones político-ideológicas del sistema de partidos en México no vale la pena siquiera perder el tiempo, lo que a todos caracteriza es la extracción de rentas a costa del erario público. Todos son la viva expresión de la “muerte de las ideologías”, puesto que lo que predomina es el pragmatismo más absoluto.

En su fuero interno, el presidente Obrador debe estar convencido ahora que “combatir” la corrupción, por más de que sea correcta e indispensable tomar medidas de contención e incluso de erradicación, no es suficiente con tan sólo invocarla para los enormes retos que significa gobernar un país tan complejo, con más de 120 millones de personas sumidas en la pobreza y la violencia generalizada que se expresa tanto en casa, como en el espacio público. Se necesita no solamente contribuir con una retórica contraria a las peores prácticas en el servicio público sino, además, diseñar un entramado institucional para que puedan resolverse esos “problemas” en el corto y, sobre todo, en el largo plazo. Con otras palabras, combatir la corrupción era una decisión inevitable en función del deterioro moral de los regímenes previos que hicieron poco y fue insuficiente para enfrentar ese mal. Pero este gobierno cargará el lastre de lo sucedido en SEGALMEX, por citar sólo un ejemplo inmediato. Es verdad que no se ha encubierto el problema y ya hay detenidos, pero eso no elimina el hecho de que se usaron los recursos públicos de manera incorrecta. Esto simplemente para hablar de lo más vergonzoso, pero igualmente puede calificarse de corrupta la incorporación de funcionarios al servicio público por afinidad ideológica y no por capacidades, cosa en la que también se destaca SEGALMEX, entre muchas dependencias de los distintos niveles de gobierno. Desde luego que esto no invalida que haya funcionarios de alto nivel en el gobierno actual, pero resultan más la excepción que la norma. El gobierno se ha convertido en una auténtica maquinaria para incorporar operadores, cuyas relaciones son aceitadas con el lubricante de la lealtad ciega.

Combatir la corrupción no era opcional para este gobierno, resultaba inevitable tomar medidas al respecto ante los escándalos de la clase política gobernante y lo grotesco de su ordinario proceder. Pero hoy se puede decir que no solamente se carecía de un diagnóstico certero, sino que sus invocaciones se basaban en suposiciones y, sobre todo, en un recurso retórico para generar respaldo político. ¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de eliminar la corrupción? Peor todavía, no solamente se careció de un estudio profesional sobre los alcances de este mal, no se tenía ni siquiera un diseño institucional para erradicar este tipo de prácticas y, lo que es peor, se minaron las pocas y frágiles bases instituciones que apuntaban a procesar este tipo de desviaciones. Se descompuso la Auditoría Superior de la Federación; algo parecido sucedió con la Secretaría de la Función Pública y, más recientemente, se mantiene en vilo al instituto de la transparencia (INAI) al evitar el nombramiento de al menos uno de sus integrantes para que pueda sesionar.

Otra de las banderas de este gobierno fue la inevitable y urgente atención a los pobres. De acuerdo con el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) la presente administración recibió el cargo con cerca de 52 millones de pobres en 2018. Dos años después, el número de pobres no ha disminuido sino que, al contrario, se ha venido incrementando, puesto que en 2020 la cifra de pobres en el país alcanzaba casi los 56 millones de mexicanos. Por supuesto, bajo este escenario habría que tomar en cuenta el contexto de la pandemia y los rezagos acumulados durante las administraciones pasadas. Sin embargo, los datos oficiales revelan que los esfuerzos no han sido ni suficientes, ni adecuados, para siquiera resarcir mínimamente la deuda social que significa la alta cantidad de pobres en el país.

La estrategia seguida por el gobierno actual de Morena ha sido la distribución de dinero de manera directa, bajo el argumento de que es la única forma de garantizar que los recursos llegan a los destinatarios finales. Desde este enfoque, amén de la destrucción de los anteriores esquemas de reparto de recursos a los pobres del país, se cree que podría evitarse el intermediarismo ciertamente perjudicial para los grupos vulnerables a los cuales está dirigida la acción del gobierno.

Sin embargo, estudios académicos han demostrado las inconsistencias y los efectos más bien modestos frente a las vulnerabilidades que implica la pobreza para amplios sectores de la población. En efecto, las estrategias de focalización de las acciones de gobierno pretendiendo evitar que reciban los beneficios quienes no son pobres, producen exclusiones inaceptables y sus resultados en términos de educación y salud, por ejemplo, son más bien modestos porque la pobreza se expresa territorialmente y se materializa en la falta de infraestructura y servicios adecuados.

En este sentido, la distribución de dinero de manera directa no solamente no producirá los efectos teóricamente deseados de remediar el problema de la pobreza en el país por una razón muy simple, se sigue el mismo esquema de reparto sectorial o de una eventual discriminación positiva que, como ya argumentamos, producirá más inequidades que soluciones, siendo otro el propósito y no la erradicación de la pobreza.

Es verdad que los gobiernos previos fracasaron en su intento y, como el actual, procura administrar la pobreza porque tiene rendimientos políticos nada desdeñables, corona una antigua relación entre un liderazgo carismático con el imaginario colectivo de almas providenciales que habrán de redimirnos atendiendo todos nuestros problemas, mismos que serán resueltos casi por arte de magia. El remedio resulta peor que la enfermedad, si hablamos de eliminar la pobreza; pero si nos concentramos en el uso político de semejante distribución de dinero comprendemos que su rentabilidad obedece al binomio patrón-cliente, que garantiza el respaldo de amplios sectores de la población y su “fidelidad” cuando se trata de elecciones a cualquier cargo público.

En términos de salud, de nuevo parte de la verdad es que este gobierno recibió no solamente un país en ruinas sino que, además, saqueado hasta la ignominia. La transferencia de recursos a las entidades federativas con el fin de atender el tema de la salud en el país significó una auténtica política para el desvío de recursos, pues hay más de un caso en el que se manifiesta cómo esos fondos fueron usados para otros fines, probablemente canalizados hacia campañas políticas.

La desaparición del Seguro Popular, la creación del INSABI e igualmente su más reciente cancelación no hace más que evidenciar que en torno a la salud las cosas no iban por buen camino. Que el gobierno haya rectificado sobre la marcha debe reconocerse, pero no deja de ser un ejemplo más de los despropósitos, la improvisación y la falta de resultados positivos. De hecho, entre la guerra contra las grandes compañías farmacéuticas y las actitudes intransigentes del gobierno terminaron por poner en crisis un sistema que había quedado altamente vulnerable y frágil con los gobiernos neoliberales. Este escenario tuvo consecuencias funestas durante la pandemia y no solamente por las comorbilidades características del pueblo mexicano, sino porque las medidas tomadas relativizaron irresponsablemente los impactos negativos del coronavirus. De nuevo, la solución fue más costosa que, literalmente, la enfermedad.

En temas como la seguridad, por ejemplo, las cosas tampoco han funcionado y los probables resultados de la política de “abrazos y no balazos”, tanto como la retórica que le acompaña de “atender las causas de la violencia”, tienden a ser opacados con las imparables cifras de asesinatos cometidos en el territorio nacional. Si Vicente Fox exageró irresponsablemente al señalar que “resolvería el problema de Chiapas en 15 minutos”, el gobierno del presidente Obrador resultó temerario cuando aseguró que, en el tema de la seguridad, obtendrían resultados en los primeros meses de su gobierno. Es verdad que se atajó de manera frontal y decidida el asunto del huachicol, pero eso no disminuyó la violencia, solamente detuvo en algún grado la sangría de recursos que significa el robo de combustible. En la Ciudad de México, por ejemplo, según reportes de la prensa la percepción de la inseguridad ha disminuido entre los capitalinos y quizás algo bueno se está haciendo en esa materia, cosa que se ve oscurecida por lo que ocurre en el resto del país. Con todo, vale reiterar que la Ciudad de México no es el resto del país. En Chiapas, sólo por citar el último ejemplo de la descomposición y los desafíos a las autoridades locales de parte de los grupos delictivos que operan en el país, un grupo armado secuestró a cerca de 20 servidores públicos de la seguridad estatal y exigió la destitución de funcionarios. Más aún, en estos días acaba de ser asesinado, Hipólito Mora, en la Ruana, municipio de Tepalcatepec, Michoacán, líder de las autodefensas que se armaron para defenderse de las organizaciones criminales que dominan ese territorio. Y las cifras oficialmente reconocidas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del gobierno federal, llegamos al quinto año de esta administración con el espeluznante dato de más de 130 mil asesinatos en todo el territorio nacional. Nada que festejar y mucho que lamentar en este asunto.

Cuando el mundo transita por la movilidad eléctrica y la transición energética, nosotros aun ciframos nuestras esperanzas en el petróleo. Hace no mucho tiempo el Ing. Cárdenas señalaba que, en algunas circunstancias, resultaba más “benéfico” dejar enterrado el petróleo que extraerlo. Es verdad que el “oro negro” tendrá todavía algún impacto en el país en los próximos años y también es cierto que se están haciendo tímidas acciones en favor de la transición energética, pero la refinería insignia o el proyecto emblemático para supuestamente garantizar nuestra soberanía energética aun no puede procesar ni un barril de petróleo. Peor aún, ante los frecuentes retrasos algunos analistas aseguran que, Dos Bocas, empezará a refinar petróleo hasta finales de 2024 o en 2025. Todo esto sin considerar los altos costos que aun superado a más del doble el presupuesto inicial. ¿los excesos cometidos y la falta de cumplimiento en lo planeado en este asunto pueden considerarse como corruptos o simplemente se trata de los obstáculos de la derecha, los conservadores y los opositores en general que no
dejan gobernar al régimen de la 4T?

¿Hay algo que celebrar frente a este escenario el 1° de julio? A pesar de todo creo que sí. Considero que la osadía ciudadana y el hartazgo frente a los políticos de siempre, aunque el gobierno actual nos quede a deber, fue un acierto que haya decidido salir y votar por una opción que al menos contrastaba con todo lo existente dentro de la partidocracia parasitaria que aun padecemos. Como la sociedad mexicana es inagotable frente a la tragedia y suele sacar la casta en las más épicas adversidades, podemos ser optimistas de nuestro promisorio futuro. Pero cuidado con la idolatría, no Habrá ningún ser salvador que por gracia divina pueda resolver nuestros problemas y lo que nos corresponde hacer a cada quien.