¿Empleo o ingreso básico universal?

Por: Efraín Quiñonez León

En una colaboración previa aludí a un texto coordinado por los economistas, Carlos Alba y Mauricio Rodríguez, en el que se abordan distintos temas relacionados con la precariedad laboral y las desigualdades en México. Dos amigos, Carlos Robles y Rolf Kral, me hicieron señalamientos puntuales a los que pretendo dar respuesta en esta colaboración.

En principio, debo reconocer que tuve un olvido imperdonable al citar la obra, pues no lo hice con la amplitud y la exactitud merecida para que esta pudiera ser consultada por los interesados en los temas ahí contenidos. Publicado por El Colegio de México, en el libro se abordan distintos aspectos de las desigualdades en México y cómo estas se expresan en distintos ámbitos, tanto a nivel de la exclusión y los bajos salarios en zonas urbanas, como la precarización laboral que se expresa en la baja calidad del empleo en algunas ramas y sectores de la economía. La obra lleva por título: Desigualdades laborales y urbanas en México; donde se reúnen siete ensayos de reconocidos académicos de las más reconocidas
instituciones educativas del país. Originalmente se planeaba publicar antes de 2022, pero la pandemia retrasó los procesos de edición e incluso en varios de los ensayos se realizaron acotaciones sobre sus consecuencias en el empleo y la pobreza.

Carlos Robles, me comentó un par de cosas muy importantes. Con relación al comercio callejero, en primer lugar, se trata de actividades económicas muy diversas y es muy difícil de medir en tanto que incorpora una gran cantidad de ciudadanos dispersos en todo el territorio nacional que, como ya se sabe, están exentos prácticamente de todo tipo de derechos laborales, pero cuyas actividades resultan imprescindibles porque estimulan un tipo de actividad empresarial a través de la cual se canalizan inversiones para la producción y venta de bienes por esos medios. En segundo lugar, se trata de una condición propia del sistema económico que se basa en las desigualdades para prosperar, de modo que siempre existirán personas que se tengan que “rascar con sus propias uñas”. En resumen, somos muchos y no hay empleo para todos.

Sin embargo, ahora quiero comentar otro de los ensayos que integran la obra. Se trata del capítulo, “El derecho al Ingreso Ciudadano Universal, una propuesta para México”, de la autoría de Araceli Damián y María Amalia Calvache. El tema ya tiene algún tiempo en la agenda global y se empieza a discutir más ampliamente en el ámbito académico y político. De hecho, el debate acerca del salario universal o la renta básica han sido abordados por los economistas, Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght, en un libro que ha sido publicado en México bajo el título: “Ingreso básico. Una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata”, por una muy joven editorial llamada Grano de Sal, con muy buenos títulos en su catálogo.

Damián y Calvache encaran el asunto de la desigualdad asumiendo que el sistema económico actual se fundamenta sobre la precarización del trabajo, su “desvalorización… la concentración de la riqueza y la mercantilización de la naturaleza y de todas las relaciones sociales”.

Consideran que “el desarrollo de las fuerzas productivas” ha llegado a su fin tal cual la conocemos y esta erosionando nuestras visiones o concepciones acerca del trabajo. En este sentido, la tecnología está remplazando a la mano de obra con el consecuente riesgo del desempleo o el incremento sustancial de un ejército de desocupados a escala global. Este funesto panorama adquiere consecuencias dramáticas para México en donde no existe prácticamente ningún mecanismo institucional de protección social para quienes pierden el empleo. Más grave resulta el hecho de que poco más del 60% de la población ocupada lo hace en algún nicho de la economía informal.

Esta realidad configura un entorno laboral sumamente vulnerable a cualquier tipo de calamidad, como la que actualmente hemos padecido con la pandemia por el covid-19. Si de por sí este escenario resulta muy complicado para una buena parte de la población, esta situación dificulta el día a día de las familias que en su mayoría depende de un único ingreso porque, también, la capacidad adquisitiva del salario quedó erosionada con las políticas de contención aplicadas durante los último 30 años, periodo en el cual el salario perdió casi el 80% de su valor. Aunque el gobierno actual ha realizado esfuerzos promoviendo incrementos al salario mínimo, las medidas tomadas al respecto tendrán un efecto más bien modesto mientras las condiciones generales no cambien y la distribución del ingreso continúe con tan marcadas desigualdades en el país.

Teniendo como telón de fondo estas condiciones tan adversas para los trabajadores, Damián y Calvache, ponen atención en las políticas de combate a la pobreza como mecanismo compensatorio y para paliar los efectos desestructurantes de una economía que escasamente genera empleos y los pocos que son creados no ofrecen buenos salarios. Con los datos oficiales, las autoras demuestran el fracaso que estas políticas significan porque no han cumplido los objetivos establecidos de erradicar la pobreza; en todo caso han contribuido a que no se desborde todavía más, pero en términos de revertir las tendencias en temas como la educación o la salud sus resultados son más bien modestos. Pero las
políticas focalizadas muestran sus limitaciones “y resultan ineficientes para reducir la pobreza” puesto que, con el fin de evitar que se incorporen al programa los no pobres, se generan exclusiones que, a la larga, terminarán por impactar negativamente a la fuerza de trabajo.

Este es el marco general desde el cual se introduce el tema del Ingreso Ciudadano Universal, el cual es entendido como un estipendio monetario pagado y garantizado por el Estado a cada integrante de la sociedad, de tal manera que se pueda asegurarse un nivel de vida óptimo. Desde luego, esta situación debe estar acompañada de una reforma fiscal progresiva, de tal manera que quien gana más contribuya más y pueda contarse con los recursos suficientes para hacer sustentable dicha política. Esta medida no implica ofrecer ningún tipo de contraprestación laboral o contribución de la ciudadanía, es la garantía
constitucional a la vida por cada integrante de la sociedad.

Desde luego, el tema da para más, pero no pretendo ahora agotarlo en estas breves palabras y en esta incursión inicial. En todo caso, se trata de una invitación a considerar el asunto con la mayor seriedad posible, cuando ningún político ahora lo hace porque la rentabilidad de contar con un ejército de pobres se traduce en votos, resultado del incentivo perverso de ofrecer dádivas por apoyo político y no en un derecho al cual pueda adscribirse cualquier ciudadano por el simple hecho de serlo en un país democrático que protege la vida y el desarrollo integral de las personas.