La movilidad como problema público y social

Por: Efraín Quiñonez León

2 de febrero de 2024

Tiro Libre

Tanto el ayuntamiento xalapeño, como las máximas autoridades de Veracruz iniciaron el año pasado y en este, también, una frenética actividad constructiva realizando obras por todas direcciones. Aunque deberían planearse un poco mejor a fin de provocar los menos contratiempos posibles a la ciudadanía, lo cierto es que, en la administración pública, resulta sumamente complicado diseñar un plan de acción con el propósito de jerarquizar la importancia y el momento de emprender la realización de obras de infraestructura. Por lo regular, casi siempre existen retrasos para la liberación de los fondos y los gobiernos subnacionales frecuentemente tienen algunos obstáculos para ejercer su presupuesto adecuadamente. Hay múltiples condiciones socio-ambientales y políticas que dificultan la aplicación de los recursos para la construcción de obras que, en teoría, benefician a la ciudadanía. Por lo tanto, la escasa o, peor aún, la nula coordinación y cooperación entre las distintas partes del gobierno terminan por retrasar los procesos, de modo que las obras se concluyen con mucho más del tiempo requerido, situación que afecta no solamente a los “beneficiarios” sino, también, a quienes se constituyen en proveedores de materiales y servicios para el gobierno.

Muy pocos podrían oponerse a que las autoridades locales emprendan acciones para llevar a cabo obras de infraestructura. Realizar toda clase de construcción material que beneficie al mayor número de ciudadanos en parte de su misión sustantiva; puesto que para eso llegan a ocupar sus cargos, se supone. Sin embargo, tanto daña la inacción de los gobiernos, como la frenética construcción de obras que no son prioritarias, ni están consensuadas con sus beneficiarios finales. Todo esto sin tomar en cuenta los contratiempos que estas cosas provocan y que se manifiesta en un malestar de la ciudadanía que, en principio, podría no estar en contra de las acciones emprendidas e incluso apoyarlas. Pero el peor problema se deriva de la planeación o las dificultades como para establecer el orden de prioridad de cada una de ellas.

Xalapa, como otras ciudades capitales del país, sufre y se beneficia al mismo tiempo de ser el asiento de los poderes estatales. Cuando a los gobiernos estatales les da por hacer obras en las capitales de sus propias entidades federativas, lo de menos es que pretendan y a menudo se impongan por encima de las autoridades locales o lo que es lo mismo, terminan por suplantar a los alcaldes o presidentes municipales; con frecuencia toman decisiones porque consideran como subordinados a las autoridades municipales y resultan oportunidades inmejorables para hacer “negocios” al amparo del poder. Aunque eso, al menos declarativamente, se dice que ya se ha terminado en los tres órdenes de gobierno que caracteriza hoy en día la administración pública.

Más allá de esto, no es que por sí mismo este tipo de emprendimientos de parte de las autoridades estatales esté mal por definición, aunque la suplantación de los alcaldes es, en estricto sentido, un quebrando de la voluntad popular o de las decisiones que la ciudadanía tomó al momento en que eligió a sus propias gobernantes en las elecciones. En todo caso, los gobernadores deberían, si es que de apoyar se trata, ofrecer los recursos que tienen las intenciones de proporcionar con base en el programa de trabajo de los presidentes municipales que para eso se les exige un plan de desarrollo.

El gobierno de Cuitláhuac García ha pretendido, vamos a suponer que con buenas intenciones, aportar recursos para contribuir a la solución del caos vial que padecen los capitalinos veracruzanos. Bajo esa lógica, sigue la misma política de obras que los gobiernos de sus antecesores priistas que se dedicaron a construir puentes por todas partes de la ciudad que, en teoría, disminuirían los problemas de circulación y abreviaría los tiempos de traslado de los ciudadanos. Como sabemos, las medidas tomadas fueron una ilusión pasajera, de modo que el impacto en la circulación fue solamente momentáneo y al poco tiempo no solamente se incrementaron sino que, además, se agudizaron los problemas de tránsito en varios puntos de la ciudad.

La presente administración estatal ha pretendido tomar acciones a fin de remediar los problemas de circulación por la parte norte y hacia el sur de la ciudad con dirección al Puerto de Veracruz. En ese sentido, se plantearon como propuestas una serie de puentes con fin de hacer más eficientes los traslados por esa vía.

Al discutir estos temas con mis alumnos del Programa Educativo de Geografía en la máxima casa de estudios de Veracruz, sometimos a análisis estos temas en la materia de Desarrollo local y globalización si, en efecto, las obras emprendidas por esa parte de la ciudad permitirían aliviar el grave problema de circulación vehicular, siendo ese el propósito manifiesto de la entidad promotora de la obra, es decir, del gobierno estatal.

A nuestro modo de ver no parece existir una lógica del todo convincente de que el propósito que se persigue sea principalmente hacer más eficiente la circulación, puesto que el problema es todavía más complejo que construir puentes con tales fines. En realidad se trata de un problema derivado del exceso de autos, cosa que se vuelve más grave porque no debiera permitirse la circulación de cierto tipo de vehículos por esa vía (en particular el transporte de carga, mismo que ahora circula a cualquier hora, no respetando los horarios establecidos). Además, los autos particulares que transitan por ahí y se dirigen hacia el Puerto de Veracruz, igualmente contribuyen a la saturación de la circulación, cuando deberían transitar por el libramiento, lo mismo que el transporte de carga. ¿Por qué no transitan por esa vía, es decir, por el libramiento? Es posible que sea el costo de los peajes esté modificando las rutas de quienes deberían usar es vía para transitar hacia el puerto o el altiplano.

En algunos de los tramos se ha mostrado la inconformidad de ciertos sectores de la ciudadanía que enarbolan demandas ambientalista, oponiéndose a la tala de árboles que están colocados sobre las jardineras centrales de la avenida Lázaro Cárdenas. Hasta ahora habían logrado detener parte de la obra, pero a estas alturas ya habrán desistido de la acción por la política del desgaste. Algunas voces desde el gobierno, quizás autorizadas por los conocimientos que acaso pudiesen tener, señalan que no se trata de vegetación propia o endémica de la región. Sin embargo, no es el mejor argumento para el derribo de árboles que, querámoslo o no, cumplen una función aun cuando solamente fuera ornamental, que no es necesariamente el caso.

De ahí que, no siendo desdeñable del todo la propuesta, lo primero que se debería de hacerse es aplicar la ley y suspender el tránsito vehicular del transporte de carga y particular que no debe circular por la ciudad si su dirección es hacia el Puerto de Veracruz o viceversa. En segundo lugar, contratar un estudio que encare el problema de la movilidad por la ciudad en todas sus dimensiones. En tercer lugar, desestimular el uso particular de vehículos contribuyendo a un sistema de transporte colectivo como en Dinamarca. En este sentido, no es una mala idea la que el propio gobernador propuso usando las viejas vías del ferrocarril que atraviesan la ciudad justamente por aquella zona, pero de manera inmediata la hacen demasiado onerosa y necesariamente tendría que estar subsidiado el costo por viaje al usuario final. En todo caso, se trata de un complejo de propuestas que deben contemplarse en un programa de movilidad alternativo para el conjunto de la ciudad; mejorando vialidades, es verdad, pero también abriendo otras, desfogando las arterias más saturadas y, por sobre todo, un buen sistema de transporte colectivo, y al menos procurar o proteger otras formas de movilidad que ayudarían no solamente a la circulación sino, principalmente, a disminuir el letal nivel que deja nuestra huella de carbono en el ambiente.