La hiedra pedratoria

Por: Efraín Quiñonez León

lunes 6 de octubre de 2025

Tiro Libre

El panorama político en las últimas semanas ha tomado rumbos que parecen desconcertantes, desafiantes y, al mismo tiempo, con signos esperanzadores.

Claudia Sheinbaum, quizás definió una valiente y audaz ruta con la que pueden albergarse cambios importantes en el país, si no fuera porque la descomposición institucional alimentara ciertas incredulidades. En efecto, la presidencia determinó que resultaba imprescindible enviar una señal inequívoca de orden frente a las ilegalidades y despropósitos en el manejo de las Aduanas del país. Como se sabe, no se trata de un simple acto de corrupción entre agentes privados y públicos; sino de una pesada carga que implica la pérdida multimillonaria de recursos que deberían entrar a las arcas públicas que hacen patente la debilidad institucional, la existencia brutal de la colusión de intereses entre funcionarios, empresarios y redes criminales alineadas al saqueo en beneficio de sus intereses.

Si intentamos un balance no exhaustivo de la gestión de Claudia Sheinbaum durante este primer año de su gobierno, centrándonos sobre todo en aquellas medidas que ha tomado (para bien o para mal, motivada por voluntad propia u obligada por las circunstancias), más allá de las capacidades y limitaciones demostradas; brotan algunos casos que señalan algunas particularidades dignas de ser reconocidas.

Para empezar, hay que admitir el temple y la disciplina de la actual presidenta. Frente al presidente de los Estados Unidos ha mostrado una serenidad digna de un monje tibetano y, también, una prudencia que han permitido al país transitar por una circunstancia especialmente difícil con la amenaza latente del incremento en los aranceles a los productos “mexicanos”. Hasta ahora, ha logrado contener la impulsividad del presidente norteamericano y ha sido relativamente exitosa su gestión comparada con lo que ha sucedido con otros países.

No obstante, los retos internos no son menores. En el tema de la seguridad, aunque han habido signos alentadores de un cambio en la política de combate hacia las redes criminales en el país, cosa que tiene como consecuencia casi inmediata la disminución de los homicidios, y la captura de algunos de los principales jefes de las redes criminales que operan en el país. Recordemos que esta situación ha sido insistentemente señalada por el gobierno de los Estados Unidos, cosa con la que ha mantenido la presión sobre la presidenta mexicana. De hecho, como nunca se han detenido y remitido a cárceles americanas a más de una treintena de capos del narcotráfico, mismos que están siendo procesados por la justicia de aquel país. Pero aquí, también, está uno de los principales atributos y desafíos del presente gobierno de la Cuarta Transformación.

La captura de, Ismael Zambada, que si bien ocurrió todavía durante los últimos meses del gobierno de López Obrador, es verdad que quien paga las consecuencias de una poco eficaz política de contención de la violencia en Sinaloa resulta el presente gobierno.

Para continuar con el tema de la violencia y la operación de redes criminales coludidas o asociadas con funcionarios en los distintos niveles de gobierno, cabe destacar el reciente escándalo que involucra al líder de los senadores que, mientras fue gobernador del Estado de Tabasco, designó como su secretario de seguridad pública a, Hernán Bermúdez Requena, a la postre convertido en líder de un grupo delincuencial mejor conocido como la “Barredora”.

Por distintos motivos, ambos elementos resultan perturbadores para el actual gobierno. Por una parte, demuestra la falta de voluntad o la incapacidad para detener a un personaje como, Ismael Zambada. O, también, la presunta existencia de redes de complicidad y protección que permitían al líder del cártel de Sinaloa no ser aprendido.

El asunto del ex-gobernador de Tabasco resulta todavía más preocupante porque al menos una parte de los actuales gobernantes no son impolutos o de una moralidad intachable. Y no podía ser de otra manera, pues Morena es el resultado de una gran alianza con intereses y personajes de todo tipo. Denunciado por el actual gobernador, Javier May, el grupo que llegó a bajar los índices de violencia en Tabasco no solamente se fortaleció al interior del propio gobierno sino que, además, para pacificar a la entidad procedieron como una organización criminal más capturando al resto. Este hecho le hacía la vida imposible al gobierno local actual.

La reforma al poder judicial es otro frente en el que se distinguen los empeños del presente gobierno, a pesar de que hubieron excesos durante su implantación. Desde la búsqueda de la mayoría calificada en el Congreso, hasta la escasa votación y la “orientación” del sufragio mediante la distribución de los famosos acordeones, la reforma no perseguía tanto la mejora de la Corte sino su captura. También, es verdad que resultaban inevitables los cambios al poder judicial y es prematuro evaluar su actual desempeño. Por lo pronto, los nuevos integrantes han sido exhibidos en sus excesos y extravagancias, colocando de nuevo la tentación de ricos exitosos que ahora inspira a la clase gobernante morenista.

Para cerrar este apretado catálogo hace algunas semanas nos enteramos de incautación de un buque-tanque cargado de combustible que había sido declarado como portador de aceites y lubricantes. Lo que en realidad destapó este hecho fue la brutal colusión de intereses con el fin de contrabandear combustible y apropiarse de manera indebida de los recursos que deberían ingresar a las arcas del gobierno. Con otras palabras, se trata de un sofisticado sistema de intereses básicamente tripartita: el gobierno a través de las Aduanas y la Secretaría de Marina que las opera y están bajo su mando; redes del crimen organizado y particulares. Por lo pronto, ya han sido detenidos varios involucrados y, en condiciones algo extrañas, han fallecido personas; como la increíble historia del marino que “accidentalmente” murió mientras llevaba a cabo una práctica de tiro. Pero, semejante “negocio” es demasiado tentador y mientras la impunidad sea el incentivo que de manera inmediata incrementa fortunas, habrá motivos suficientes para defender el fruto apetitoso que significa la apropiación privada de recursos públicos.

En términos económicos, la cuestión no es la ideal, pero se mantiene la situación estable. El gran reto para esta administración es el crecimiento económico y eso está anclado a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y a los estímulos que puedan ofrecerse a través del Plan México. En ambos casos, existen al menos tres elementos que explican un tanto las expectativas en el futuro más o menos inmediato: la energía y fuente de recursos, la infraestructura y la certidumbre jurídica para la resolución de controversias.

Si bien los ingresos del gobierno han mejorado por una mejor y más eficiente recaudación, los distintos compromisos adquiridos (las obras que ya están en marcha y que no se pueden suspender; las que ya están operando, pero que hay que subsidiar -el Tren Maya, por ejemplo; o Mexicana de Aviación-) dejan poco margen para la inversión productiva. Aunque la gran mayoría de los grandes consorcios y empresarios se han puesto al corriente en el pago de sus impuestos, todavía existen algunos que se niegan a pagar, como el empresario de uno de los consorcios más importantes de la televisión mexicana.

Como quiera que sea, el gobierno necesita más recursos para invertir, generar empleos y continuar sus políticas de abatir las desigualdades en el país. Y hay distintas maneras de procurarse más ingresos. Por lo pronto, la actual administración federal parece estar decidida a obtener esos recursos mediante la instauración de los controles necesarios para evitar la fuga o, mejor dicho, la apropiación privada de los recursos que deben entrar a las arcas del gobierno. Y aquí se encuentra la actual paradoja del segundo gobierno de Morena en la presidencia de la república. Claudia Sheinbaum, ha definido la ruta por la cual pretende hacer llegar fondos a su administración mediante un gobierno eficiente (en sucesivas colaboraciones hablaremos de la ley que propuso acerca del gobierno electrónico, pero que pasó sin pena ni gloria en el debate político. Por cierto, la idea no es solamente de eficiencia en las acciones de gobierno sino, principalmente, atajar el problema del intermediarismo aceitado por le soborno en los trámites que debe llevar a cabo la ciudadanía) y, por sobre todo, cerrando la llave de la apropiación privada de los recursos públicos desactivando las redes de complicidad entre agentes del gobierno, particulares y redes criminales. El problema de esto es que, como lo han demostrado los casos recientes de corrupción, existe colusión de intereses entre instituciones públicas y agentes privados; cosa que no escapa a la participación de distinguidos personajes del actual régimen de la 4ta Transformación. Menuda tarea y nada más por esa osadía merece ser reconocida la valentía de la actual presidenta de la república. Y no solamente reconocida, sino hasta respaldada.

Sin embargo, los afanes justicieros de este gobierno enfrenta desafíos enormes por la debilidad institucional existente, por lo enquistado de las redes de corrupción en la que no pocas veces participan miembros distinguidos del actual régimen y, finalmente, por el poder acumulado entre redes criminales trasnacionales coludidos con agentes predatorios del propio gobierno que o bien son sobornados, o bien son objeto de distinto tipo de violencia.

En este sentido, la pregunta que flota en el ambiente es ¿Por qué habríamos de creer que, frente a los escándalos que se han suscitado, ahora sí se aplicará la justicia?

Con lo débil o la supeditación en que se encuentra el poder judicial, no hay certeza de que un sistema bajo esas condiciones pueda responder adecuadamente frente a poderes fácticos de enorme capacidad para quebrar voluntades por la buena, por la mala o por las peores. Para nadie es un secreto que el sistema de justicia en construcción, si bien cuenta aún con personal de experiencia, los recién incorporados tendrán su curva de aprendizaje en el que con seguridad cometerán errores, tal y como ya lo hemos visto en los últimos días.

Por lo tanto, no se pretende hacer justicia sino provocar un realineamiento al interior de las fuerzas políticas del régimen de la 4T, mediante la concentración del poder. Porque no hay manera de hacer justicia sobre la base de instituciones que no operan bajo esa lógica y la debilidad institucional que ahora experimenta; salvo por “golpes autoritarios” que permitan enviar señales de orden o de un nuevo orden, so pretexto de recibir el castigo ejemplar si no se toma nota de lo que está en juego y quien tiene el mando. Lo que hizo López Obrador al inicio de su sexenio con los empresarios, ahora lo intenta hacer, Claudia Shienbaum, con quienes no solamente desafían su mandato sino que, además, han tejido redes de corrupción que resultan tóxicos para su gobierno.