Comparecencias: sin evaluación, ni validación

Por: Efraín Quiñonez León

miércoles, 26 de noviembre de 2025

Tiro Libre

Desde el día 18 de noviembre del año en curso, se han llevado a cabo en el recinto oficial del Congreso del Estado de Veracruz las comparecencias de los secretarios de despacho. Por lo tanto, se presentaron diversos informes relativos a cada una de las responsabilidades que, por ley, cada uno de los secretarios tiene que acudir al Congreso con el fin de rendir su informe a un año de su gestión.

En sentido estricto, no se trata de un acto de rendición de cuentas, tal y como lo expresan los propios diputados y los funcionarios que comparecen en el pleno. La rendición de cuentas es un proceso más complejo que la simple información ante los diputados y, además, se requieren ele-mentos técnicos y, también, correctivos en el caso que se detecten irregularidades o violaciones graves.

Por supuesto, esto no quiere decir que los diputados y funcionarios de despacho realmente no están efectuando partes del proceso de la rendición de cuentas, pero simplemente se quedan por desgra-cia en la primera etapa. Si consideramos que la rendición de cuentas al menos contempla tres fases principales en todo el proceso, iniciando con la informativa, luego la evaluativa y, finalmente, la validatoria; podemos concluir que, en todo caso, los informes al Congreso -es verdad que son necesarios e indispensables, lo cual no está a discusión- apenas se quedan en la primera etapa de semejante procedimiento. En el ejercicio que llevan a cabo los diputados escasamente, por no decir que resulta inexistente, vemos que casi nunca se lleva a la práctica las últimas dos fases de la rendición de cuenta.

En efecto, evaluar las políticas públicas, su diseño e impacto social, implica reconocer que al me-nos tres aspectos de ellas tienen una gran relevancia y deben ser técnicamente examinadas. Los diputados realizan, si bien nos va, una valoración de carácter político, no así de carácter técnico porque no necesariamente tienen el perfil para llevar a cabo semejante tarea, ni tienen el tiempo para asumir las consecuencias de una actividad de esa naturaleza.

Las políticas públicas al menos deben ser valoradas desde su concepción misma, es decir, desde el diseño. Esto implica, al mismo tiempo, tomar en cuenta mínimamente seis elementos que per-mitan nutrirlas de contenidos. En primer lugar, es pertinente tener claridad sobre el problema o la problemática social que se intenta acometer desde la acción pública en confluencia con los actores sociales involucrados o que son susceptibles de convertirse en beneficiarios. En segundo lugar, se trata de inscribir los objetivos que se pretenden alcanzar con la intervención. En tercer lugar, la población objetivo a la que se pretende cambiar determinada situación o estado de cosas que daña su integridad o dificulta la adquisición de una ciudadanía plena. En cuarto lugar, se necesitan crear y/o aplicar los instrumentos de planificación y gestión, de tal modo que sean claras las distintas fases de todo el proceso. En quinto lugar, el monitoreo para hacer los ajustes necesarios mientras se llevan a cabo los programas o acciones implicadas y, finalmente, en sexto lugar, los resultados,

es decir, cuál es la situación a la que se espera arribar o que se pretende llegar con la acción pública. En teoría, los cambios que se deben producir una vez llevadas a cabo las acciones implicadas.

Por su parte, la última fase de la rendición de cuentas implica un marco normativo perfectamente delimitado y con instituciones capaces para ejercer la misión de control y balance en los resultados. Sin ello, no es posible valorar los alcances, las deficiencias, los pormenores y, finalmente, el uni-verso sancionatorio que implica una acción pública ineficaz, con resultados parciales o, peor aún, sin resultados o una suerte de colapso en la gestión porque ni las acciones, ni los recursos, fueron aplicados tal y cual se diseñó desde un principio.

Insisto, la función de los diputados es correcta, aunque pueden realizarla bien, mal o regular. Y, no obstante, solamente es el inicio de un proceso más complejo.

En términos sociales, digamos, lo que hemos visto en el Congreso durante las comparecencias es un ejercicio limitado donde los implicados pueden usar cualquier tipo de recurso retórico para poner contra las cuerdas a sus oponentes, pero no deja de ser un acto sobre todo protocolario en el que pueden incluso esgrimirse invectivas y descalificaciones que proveen solamente al anecdotario de la manera muy veracruzana de practicar la política.

Es verdad que algunos secretarios han tenido un desempeño lamentable y sus errores forman parte de un pésimo espectáculo en redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales. Se cruzan acusaciones y se esgrimen verdades a medias o abiertas mentiras; como también no existe economía alguna para sacar los arrestos necesarios frente a las ofensas y los supuestos o reales honores muy masculinamente mancillados. Se trata de un Congreso paritario donde, cabe mencio-nar, algunas diputadas han mostrado posturas firmes frente a los funcionarios; no así algunos de sus colegas hombres que literalmente se han retado a golpes. Todavía es demasiado pronto para saber si las diputadas implantarán una nueva forma del debate parlamentario porque no solamente la experiencia es relativamente reciente sino porque, además, son todavía pocas quienes asumen la responsabilidad de instaurar un diálogo crítico, mesurado y con la civilidad política que sus encargos reclaman.

Sería deseable que la gobernadora, como el propio grupo gobernante, tomara cartas en el asunto, de manera que puedan incorporarse los mejores perfiles en cuanto a funcionarios de despacho porque hasta ahora, resulta lamentable su desempeño y lo de menos es que se muestren pública-mente sus notables incapacidades, sino que tienen las facultades para tomar decisiones que tendrán repercusiones en la vida de todos los veracruzanos; lo cual convierte sus desatinos no en un diver-timento sarcástico de inocentes e inocuas consecuencias sino, antes al contrario, una preocupante situación por los efectos que esto pueda llegar a tener en el uso de los recursos, como en el bienestar de los ciudadanos. Por el contrario, si se carece de los perfiles adecuados para lo que implica la responsabilidad de sus altos cargos, pues lo inmediato es capacitarlos a fin de mejorar su desem-peño. No obstante, lo que parece un imperativo es un ajuste en el equipo de gobierno para ofrecer no solamente mejores resultados, sino alcanzar aquellos que colmen las expectativas con que lle-garon al poder. De lo contrario, es probable que las derrotas electorales que ya se dieron, por cierto, continúen en cascada en el futuro inmediato, prefigurando la crónica de un desastre anunciado. Ojalá esto no ocurra porque lo pagaremos todos no solamente con servicios deficientes sino, peor

aún, sin que los programas y proyectos tengan, como es deseable, un impacto positivo en la vida de los ciudadanos.