El golpe

Por: Efraín Quiñonez León

martes, 16 de septiembre de 2025

Tiro Libre

En muchos de los temas relevantes del país su tratamiento suele estar “contaminado” de visiones maniqueas, parcialmente ciertas o, en casos todavía más patéticos, en abiertas mentiras. En sentido estricto, las opiniones que a menudo se esgrimen en los medios suelen adoptar posturas irreconci-liables, de modo que es prácticamente imposible encontrar los matices. Eso ocurre, también, cuando se trata de asuntos tan importantes como el del petróleo y, en lo particular, de Pemex. Como una auténtica maldición, hace no muchos años, el ing. Cárdenas pronosticaba que era mejor dejar enterrado el petróleo que continuar explotándolo para beneficio de unos cuantos: particulares que han hecho “buenos negocios” sobre la base del cohecho o mafias sindicales imposibles de autoreformarse.

Desde el “nacionalismo revolucionario” hasta el humanismo mexicano todos los gobiernos que se han sucedido a través del tiempo, no se caracterizan por su timidez en abrazar con cierta euforia el discurso de la soberanía y los beneficios que trae consigo la explotación de hidrocarburos para el país. Sin embargo, en el horizonte inmediato y a largo plazo no parece ser viable una industria que estará sujeta a las presiones del cambio tecnológico basado en los descubrimientos y la renovación de las nuevas formas de energía. En corto, Pemex no solamente está imposibilitada de pagar a sus proveedores sino que, además, sufre la sangría constante a través de la extracción ilegal de pretolí-feros que se distribuyen por los ductos que cruzan nuestra geografía por diversas direcciones.

Se añade a este de por sí enorme problema la muy reciente noticia del contrabando de combustible que, en honor a la verdad, se ha destapado ahora que han cambiado tanto el gobierno de los Estados Unidos, como el de México. Como se sabe, prácticamente desde el primer minuto de tomar el poder, Donald Trump, ha insistido y amenazado al gobierno mexicano con la imposición de aran-celes si no se combatía la migración y el tráfico de drogas hacia aquel país; en particular, la distri-bución ilegal de fentanilo. Sin embargo, aquí hay que hacer varias precisiones.

En primer lugar, el problema de las adicciones en Estados Unidos viene de mucho tiempo atrás. Es decir, no se trata de un problema nuevo en cuanto al consumo. Para bien o para mal, tenemos a una sociedad predispuesta al consumo más irracional que genera tanto impactos ambientales, como en la salud de las personas. El fentanilo es una droga sintética poderosa usada médicamente para disminuir y hasta erradicar los malestares físicos como consecuencia de enfermedades terminales o persistentes. Se añade a este vigoroso elemento analgésico, el todavía más poderoso componente adictivo que se produce mientras se consume. Por ello es que, como muchos medicamentos, debe estar bajo estrictas medidas de supervisión del personal sanitario. Las drogas diseñadas a base de fentanilo son de los llamados opioides que forman parte del cuadro de medicamentos que el sis-tema de salud de los Estados Unidos admite para combatir enfermedades y/o sus malestares.

En este sentido, hay una resposabilidad del gobierno norteamericano en la creciente ola de “nue-vos” adictos que, al no obtener los “medicamentos” por vías oficiales recurren al mercado negro para aliviar sus malestares. Lo más terrible de esto es que muchos pacientes fueron inducidos al consumo de estos opioides ignorando las consecuencias a su salud provocadas por la adicción.

Por lo tanto, el hecho de que se haya incrementado la cantidad de adictos al fentanilo en Estados Unidos no solamente es producto de su consumo desmedido e irresponsable de las personas en lo particular, sino de que el propio gobierno incorpora su uso de manera legal en el cuadro de medi-camentos que puede sumistrarse a los pacientes.

Por supuesto que los cárteles de la droga mexicanos observaron un nicho de oportunidad de sumi-nistrar ilegalmente estos “productos” y aprovecharon la oportunidad. Amén de que puede produ-cirse con relativa facilidad y con “modestos” insumos, con una rentabilidad que hace muy lucrativo el “negocio”.

Algo parecido ocurre con el contrabando de combustible. No es que sea un “problema” nuevo porque el tráfico ilegal de “mercancías” es una historia antigua, como el tráfico ilegal de drogas. Lo nuevo es que tenemos una presidenta de la república que dentros de sus principales atributos es la serenidad, el orden y la persistencia. Ignoro hasta dónde fue por voluntad propia u orillada por las circunstancias, pero el hecho de actuar frente al escándalo provocado por la investigación y captura de algunos de los principales cabecillas (todo un auténtico sistema delictivo que destaca como una economía ilegal fantástica) del contrabando de combustible que daña significativamente las finanzas públicas, ha sido un mérito que beneficia a la actual mandataria y hace crecer sus bonos ya de por sí altos dentro de la ciudadanía.

Dentro de las novedades debemos incluir, además, el hecho de contar con un renovado Poder Ju-dicial, no así de la Fiscalía, ni de las que se reproducen a escala subnacional. En ese sentido, nos encontramos ante un sistema de justicia cuya novatez y/o escasa experiencia por el hecho de haber asumido los cargos muy recientemente, nos permiten albergar un panorama incierto en sus resul-tados. Se puede argumentar que por la fortaleza de los grupos o la red de intereses creados para beneficiarse de semejante economía ilegal; situación que se corresponde con un sistema de justicia débil, puede conducirnos a un “arreglo” entre las partes sin consecuencia jurídica alguna.

Otro elemento no menos importante ocurre por el hecho de que nos encontramos con instituciona-les igualmente frágiles, como aquellas que al menos permitían conocer con cierta dosis de certeza los modus operandi de tales sistemas ilegales. En este sentido, la “destrucción institucional” ad-quiere otros sentidos y consecuencias que perjudican incluso al propio régimen. No hay un mesías, ni una chica superpoderosa, que pueda enfrentar retos tan enormes que descarnadamente nos mues-tran los gravísimos problemas que tenemos enfrente como sociedad y gobierno.

Más aún, el contubernio entre agentes del gobierno, particulares y redes criminales que ya opera-ban de tiempo atrás el robo de combustible a la principal parestatal del país, no solamente exhibe de manera brutal el escaso afán de los gobiernos previos para actuar en consecuencia.

Es verdad que ya hay detenidos, pero eso no significa que sean “responsables” hasta que se les prueben los hechos que se les imputan y un juez tome las decisiones jurídicas que el caso amerite. Paralelamente ocurren “cosas extrañas”, como el “suicidio” de un marino de alto rango que se desempeñaba como funcionario de aduanas, otro personaje, también, de la Marina y que “acciden-talmente” encontró la muerte en un entrenamiento de tiro. Se suma a este escenario, otros que revelan comportamientos sorprendentes, como la bala que mató a JFK cuya trayectoria implicó un recorrido por casi todo su cuerpo hasta partirle el corazón o el cerebro.

Pero ¿cuál es el tamaño de semejante negocio? Ya hemos visto que se trata de una maquinaria bien aceitada y con la participación de personajes del gobierno, políticos y grupos del crimen organi-zado; mediante la cual se construyó un sistema híbrido entre institucional y privado/informal para capturar ingresos que deberían ingresar a las arcas del Estado.

Por tratarse de una economía ilegal no existen cifras exactas del tamaño del boquete a los ingresos del Estado mexicano. Sin embargo, las cantidades que se manejan pueden llegar a más de 100 mil millones de pesos anuales que se apropian ilegalmente las redes criminales que operan semejante “negocio”. Es difícil alcanzar a dimensionar lo que esto significa para el ciudadano común, pero se puede comparar con otros casos de corrupción que hemos padecido como país en los últimos años. Por ejemplo, la llamada “estafa maestra” implicó un desvío de recursos menor a los 10 mil millones de pesos; esto es, menos del 10 por ciento de lo que se especula y puede declararse como el “robo del siglo” mejor conocido como “huachicol fiscal”. El desfalco en SEGALMEX, otro caso emblemático de los últimos años, es quizás el doble de lo implicó la “estafa maestra”, pero se queda chiquito frente al “huachicol fiscal”. En efecto, se calcula que malversación de recursos extraída a SEGALMEX fue del orden de los 15 mil millones de pesos; lo que significa que el “huachicol fiscal” es casi 7 veces esa cantidad.

Como quiera que sea, estamos ante un fenómeno inenarrable de brutal corrupción no solamente por el dinero que hace crecer fortunas de manera ilegal en perjuicio del Estado y que tiene conse-cuencia en el empobrecimiento del ciudadano, así como en el déficit y deterioro de los servicios públicos. También, es alarmante por los actores (públicos y privados) implicados en toda esta trama de ilegalidades.

Frente a semejante atrocidad, no resulta un día de campo la decisión establecida por la presidencia de la república. Hay que reconocer que las medidas tomadas de oponerse y destapar los hechos, pese a las consecuencias políticas que esto podría tener en el corto plazo, no solamente refleja una postura valiente y el arrojo necesario para detener una sangría que no parece tener paralelismo histórico. No sabemos hasta donde las medidas ejecutadas responden al interés propio o se debe a presiones ajenas, pero atajar un problema de tal magnitud requiere la ecuanimidad suficiente y la entereza necesaria para proceder en consencuenca. Con otras palabras, las determinaciones toma-das al respecto no son, por lo menos hasta ahora, solamente correctas, sino encomiables. Hasta dónde llegarán las autoridades actuales es un misterio, pero los desafíos son enormes y no parece existir vuelta de retorno. O se va con todo, o del fracaso volverán por sus fueros aquellos que fueron desplazados, alimentando el fuego de la frustración y la inestabilidad social.