La justicia, la autonomía y el absurdo

Por: Efraín Quiñonez León

4 de diciembre de 2025

Tiro Libre

Aunque la reforma constitucional que permitió el cambio de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía como actualmente la conocemos ocurrió desde 2014, no fue sino hasta 2018 cuando se dio la transformación plena que otorgaba autonomía y se llevó a cabo el nombramiento del primer fiscal de la república; cargo que fue ocupado por el abogado, Alejandro Gertz Manero, quien había sido propuesto por el ex-presidente López Obrador para desempeñar su nueva misión, con el propósito de instaurar un sistema de justicia basado en la lógica de la protección de los derechos humanos teniendo como principio fundamental la presunción de inocencia.

De acuerdo con la reforma, el fiscal debe permanecer en el cargo 9 años, pero puede ser destituido ya sea por motivos de salud o “causas graves” en el ejercicio de sus funciones. En el primer caso, se estipula que debe ser removido si acaso llegase a padecer alguna enfermedad que lo inhabilite hasta por seis meses en el cargo. En el segundo, se trata de la comisión de faltas graves en el uso de los recursos públicos (corrupción o desvío) y, también, incurrir en delitos que ameriten la suspensión de sus derechos ciudadanos (pertenecer o proteger redes criminales o haber cometido un homicidio; entre otros).

Tanto su nombramiento, como su remoción, son facultades del Senado de la República. No obstante, el ejecutivo federal interviene en la definición de una terna que, finalmente, es enviada al Senado para la designación del Fiscal General.

En corto, estos son los elementos básicos que se deben cumplir para proceder tanto a la designación o la destitución del fiscal. Pero de las formalidades del caso a la experiencia práctica con que se llevan a efecto estos procesos existe una distancia que, por decirlo de una manera amable, denota una ostensible extravagancia que sin pudor alguno llevan a cabo los actores políticos, ya que de manera solamente anecdótica puede decirse que se cumplieron las reglas. Por esas razones México no es un país de instituciones sino de costumbres.

Pese a que los procedimientos empleados y los “buenos oficios” tanto del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Adán Augusto López Hernández, como de los propios senadores de la coalición gobernante que, muy disciplinados todos, llevaron a cabo el proceso que les exigía la presidencia de la república a fin de remover al fiscal general; prácticamente nadie podía cuestionar el retiro de las funciones a quien se desempeñó con sobrados excesos de poder. En efecto, Alejandro Gertz Manero, no tuvo pudor alguno en usar el cargo para venganzas personales hasta con sus familiares directos. Acusó a académicos del Foro Científico y Tecnológico de pertenecer a una red de delincuencia organizada. Se empecinó en pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, del cual había sido rechazado en cinco ocasiones anteriores, pero esta vez como fiscal se le otorgó incluso uno de los niveles más altos.

El absurdo no estriba solamente en la forma tan pedestre de destituirlo (que, eufemísticamente, se le solicitó presentara su renuncia) sino, también, que se le haya otorgado el premio de convertirse en embajador de México en un país amigo (Alemania). Más absurdo resulta el hecho de que no haya sido separado del cargo con mucho mayor anticipación, dado que ya había dado muestras más que evidentes de su muy peculiar proceder que, de manera escandalosa, atentaba contra una justicia imparcial y brutalmente contraria a una reforma que se inspiraba en la defensa de los derechos humanos. En pocas palabras, el cambio del titular de la Fiscalía General de la República debió llevarse a cabo desde que se hicieron evidentes los rupestres procedimientos del ex-fiscal. La pregunta es: ¿por qué no se hizo antes?

Ahora bien, por la vía rápida se le otorga el cargo a, Ernestina Godoy Ramos, quien se desempeñó como fiscal en la Ciudad de México, justamente cuando la jefa de gobierno era la actual presidenta y el zar de la seguridad era el hoy secretario de seguridad a nivel federal. Debe reconocerse que esta tripleta dio resultados porque, en efecto, hubo una mejora en las condiciones de seguridad de los capitalinos, disminuyendo significativamente delitos como el secuestro (80% aprox.), los homicidios (casi 30%), robos (cerca de 40%). ¿Cuál es el secreto de semejante milagro? Inundar de policías la ciudad, investigación criminal (es decir, profesionalización de la policía, mejorar salarios, etc) y coordinación. Se podrán hacer las críticas que consideren más apropiadas, pero esos son los datos que arrojan los indicadores que se manejan en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No está mal y llamar la atención sobre el buen desempeño en un tema que lastima enormemente a la sociedad mexicana es no solamente digno de reconocimiento, sino imprescindible a tomar en cuenta cuando se trata de una estrategia exitosa.

Pero Godoy Ramos, también carga con antecedentes no tan pulcros como pudiera pensarse y en la compleja tarea que se le encomienda resalta el hecho de su lealtad antes que su probidad en la aplicación de las reglas. En otros términos, esto significa que es capaz de violentar las normas con tal de satisfacer los deseos de sus superiores. Por esa razones terminó por ceder ante las presiones de Gertz Manero para incriminar a sus familiares y detener a la sobrina de aquel quien purgó una ilegal condena por cerca de dos años. También, como Gertz, plagió su tesis de licenciatura, cosa que fue ampliamente divulgada a través de las investigaciones realizadas por el escritor, Guillermo Sheridan. Del mismo modo, se ha difundido que, mientras ocupó el cargo de fiscal en la Ciudad de México, usó el cargo para perseguir a opositores al régimen. Sin embargo, su discurso como nueva fiscal de la república ratifica que no habrá impunidad, pero eso no significa que se procederá acosando a quienes están en contra del gobierno. Ya veremos cuál será su desempeño y su manera de proceder. Por lo pronto y con estos antecedentes, resultan razonables las preocupaciones de quienes la ven con recelo e incluso como una amenaza.

Por lo tanto, todo parece indicar que veremos la implantación de un modelo para al menos detener los delitos de alto impacto en el plano nacional, como el que se llevó a cabo durante la administración de la ex-jefa de gobierno de la Ciudad de México. Si se trata de un modelo que ha dado resultados, sería absurdo al menos no intentar implantarlo en el resto de la república y sobre todo en aquellas entidades que están sufriendo más crudamente los embates de la violencia criminal. El problema es que el país no es la Ciudad de México, de tal manera que la estrategia seguida en la Ciudad de México deberá sufrir los ajustes necesarios a las condiciones particulares de su implantación en tan diferentes contextos.

Para empezar, se requiere alinear a las 32 fiscalías existentes en el país, capacitar policías, mejorar salarios y recuperar el territorio que hoy está en manos de las redes criminales que operan en el país. El gran reto es disponer de más policías, bien pagados y con la suficiente solvencia técnica para llevar a cabo investigación criminal sustentada en evidencias, pruebas y todo lo que implica una policía profesional, de tal manera que sean capaces de integrar expedientes consistentes y judicializar los casos. Al mismo tiempo, se debe continuar combatiendo a las organizaciones criminales más violentas y que más daños causan a la población en general. Desde luego, no se empezará de cero, pero es previsible que cambiar el estado de cosas puede demorar años.

Finalmente, eso supone la impostergable tarea de romper el amasiato entre la criminalidad y la protección política. Y, sin lugar a dudas, este es el mejor momento para emprender una acción tan desafiante, pero al mismo tiempo tan imprescindible de atender, de tal forma que los graves problemas de la violencia criminal que esparcen por todo la república puedan al menos ser disminuidos o neutralizarlos para que los costos humanos sean los menos posibles. Se trata, pues, de una escenario en el que la presidencia cuenta con todo el poder y con un alto respaldo ciudadano para llevar a cabo acciones de tal envergadura. Pero hay un pequeño problema. Antes deben combatirse las muestras de colusión entre el poder político y las redes de la criminalidad organizada que, curiosamente, fueron destapadas por el ex-fiscal y filtradas a la prensa. Paralelamente, se debe bajar la escala hasta llegar a los municipios para extirpar de raíz ese cáncer que nos agobia como país. Y eso presupone una purga al interior del grupo gobernante. La disyuntiva es: perpetuarse en el poder aliados a la distintas vertientes de las redes delictivas que colonizan instituciones y territorios, o bien abrir espacios para que las mejores mujeres y hombres que tiene este país se incorporen para la gran transformación que tanto nos urge frente al negro destino que a diario vivimos.