Pueril

Por: Efraín Quiñonez León

martes, 29 de julio de 2025

Tiro Libre

Desde que el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, implantó un modelo de comunicación con el propósito de fijar la agenda de los temas políticos de dominio público mientras fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, se ha venido instaurando como estrategia de difusión de los asuntos que interesan al gobierno una peculiar manera de comunicar a un amplio público un rosario de temas no siempre relevantes.

Esta manera de dirigirse a un público masivo obedecía a una suerte de cerco mediático que se intentó superar de manera más o menos exitosa. El juicio negativo sobre los medios de comunica-ción desde la presidencia de la república, se basa en las adversas experiencias que sobre todo pa-decía la izquierda no solamente para difundir sus mensajes sino, peor aún, desde un reconoci-miento deformado que a menudo descalificaba sus acciones mientras padecía la represión directa y la violencia estatal con el propósito de inhibir sus acciones y descalificar sus causas.

Con la visión habitual de que la prensa se renta al mejor postor se descalifica en paquete todo esfuerzo de comunicación, aunque es verdad que el periodismo padece los estragos de un modelo que ha venido avanzando con los años que limita o condiciona las libertades con que se debería ejercer la actividad. En efecto, las grandes empresas periodísticas son controladas por grandes consorcios de la comunicación, operando bajo una suerte de fusión entre el poder económico y mediático con el fin de controlar la agenda de temas de dominio público y, de esta forma, establecer determinado tipo de relaciones con los gobiernos en turno. Como estas empresas de comunicación son trasnacionales tienen un poder a través del cual pueden someter a los gobiernos para imponerse y obtener beneficios.

En México el problema se complica aún más porque, para ejercer el periodismo, no solamente se tienen que enfrentar los “condicionamientos” y malas prácticas de los gobiernos sino que, además, se vive al acecho de las adversas condiciones de violencia que se viven en el país. En un escenario donde confluyen redes criminales y la colusión con agentes del gobierno en sus distintos niveles, ejercer algún tipo de actividad de comunicación pública sueles estar asociada a riesgos inminentes de agresión y violencia extrema.

Más allá de estas consideraciones de contexto necesarias, el modelo comunicativo instaurado por los “gobiernos de izquierda” ha sido copiado en varias partes de la república, bajo la consabida razón de que el periodismo local no solamente no informa o lo hace mal, sino que, además, se vende a cualquier tipo de interés legal o no. Es verdad que esas cosas ocurren, pero de nuevo, no se puede descalificar en paquete todo lo que ocurre y la manera en que se comportan y se establecen relaciones entre los distintos actores que dan forma al espectro mediático actual. Además, es posi-ble que se sobre estime el poder real que puedan llegar a tener las empresas locales de comunica-ción.

Con el uso de las tecnologías y las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales, el relajamiento o la desgradación del oficio periodístico y la contrucción de relatos alejados de la verificación de sus datos o la veracidad de las opiniones, tienden a producirse opiniones escasa-mente sustentadas o, peor todavía, abiertamente falsas con el fin de dañar reputaciones o descali-ficar oponentes. A esto es lo que se le ha llamado el régimen de la posverdad. No importa tanto la consistencia de los argumentos o afirmaciones sustentadas con datos, sino disponer de una locua-cidad incontenible y la habilidad para dañar reputaciones, de modo que se puedan desechar razo-namientos e imponerse por la vía más rápida de anular a un adversario desprestigiándolo.

El escenario resulta inquietante porque no solamente rebaja el nivel del debate político sino que, además, se mandan signos ominosos mientras se trivializan los asuntos públicos.

Siguiendo los pasos del presidente de la república, el gobierno anterior de Morena en Veracruz, también instituyó como mecanismo de comunicación que implicaba una conferencia de prensa diaria justo después de la mañanera presidencial. Aunque nunca se dejó de ejercer cierto control sobre los medios y periodistas que podían participar en semejante ejercicio de difusión, lo cierto es que el exgobernador, por omisión o comisión, siempre estaba sujeto a situaciones incómodas, chuscas y hasta penosas debido a sus escasos conocimientos en algunos temas. Particularmente relevantes fueron sus pifias referentes a los problemas de justicia y el uso político de la misma para reprimir adversarios. Con todo, nunca fue un gobierno que coartara libertades en el ejercicio pe-riodístico, pese a los niveles altos de impunidad por los ataques recibidos en el gremio.

Este modelo de comunicación continúa ejerciéndose en la presenta administración estatal y aún cuando la actual jefa del ejecutivo estatal tiene más tablas para relacionarse con la prensa, es verdad que se han cometido errores que dan lugar a críticas frente a los despropósitos cometidos.

Hace apenas unos días se informó que los propietarios de todos los vehículos en Veracruz tendrían que canjear sus placas con el fin de ordenar el parque vehicular y por razones de seguridad. De inmediato, se presentaron algunas inconformidades con la medida tomada por las autoridades es-tatales e incluso el senador de Morena por Veracruz, realizó declaraciones no solamente infor-mando que la medida no tenía sentido y que afectaría la economía popular.

Frente a las muestras de inconformidad, la máxima autoridad estatal volvió a insistir que la medida no tenía fines recaudatorios; lo que, de nuevo, fue criticado por el senador que, retomando el ar-gumento de que no se trataba de obtener recursos adicionales de los contribuyentes, pues entonces el procedimiento debería ser gratis tal y como ya se realiza en la Ciudad de México, donde no solamente no hay un costo por el reemplacamiento sino que, ademàs, las placas nuevas son envia-das directamente a los domicilios de los ciudadanos.

Más recientemente, la autoridad estatal vuelve a colocarse en una situación que la exhibe como insensible por el caso de una profesora propietaria de un taxi y que fue asesinada por una de las redes criminales que operan en el norte de la entidad. “Les guste o no, la profesora murió de un infarto después de haber sido violentada”, dijo la ejecutivo estatal. Más allá de que coloca el brutal asesinato en una terrorífica situación trivializando el hecho, de manera preocupante omite el reco-nocimiento de la inseguridad que no cede pese a las medidas que lleva a cabo su gobierno y, peor todavía, parece desconocer las nulas capacidades de la fiscalía estatal y la abierta impunidad con la que operan estos grupos criminales en el territorio de la cual ella es la depositaria del poder delegado para brindar seguridad a todos sus representados.

Es de humanos cometer errores, pero un modelo de comunicación como este parece exhacerbarlos y lo más soprendente es que a los políticos locales parece no importarles. Cuando el protagonismo le gana a la razón, no hay manera de evitar la degradación en un régimen donde quien manda carece de controles institucionales que favorezcan la comunicación y el buen gobierno.