Censuras, desatinos y despropósitos

Por: Efraín  Quiñonez León

martes 15 de julio de 2025

 Tiro Libre

A estas alturas, podemos o no estar de acuerdo con el arribo de “políticos o dirigentes” en el gobierno con el triunfo de Morena en el 2018 y su continuidad en el gobierno actual. Puede incluso discutirse qué tan nuevos resultan los actuales funcionarios en el gobierno, cuando muchos de ellos provienen de los distintos partidos oficialmente registrados ante el INE. La movilidad hacia las más diversas organizaciones partidistas es comunmente conocido como “chapulineo”. En general, suelen gozar de ello los partidos mejor colocados en el ranking del poder. Literalmente brincan de un partido a otro, con lo que muestran de manera algo perturbadora que las ideologías no importan e incluso, que las siglas se transmutan en simples señales de identificación, en meros instrumentos para coronar legítima o ilegítimamente ambiciones de poder. También, como una suerte de franquísias que se compran con votos, dinero o una combinación de ambas. Con ello se imprime el sello instrumental que tienen las organizaciones políticas en la actualidad. Por paradójico que pueda resultar, esto igualmente se corresponde con el uso utilitario que la ciudadanía otorga a los partidos políticos.

A nivel de cancha, para utilizar el lenguaje futbolístico, es verdad que se pueden observar posturas diferenciadas en relación a las formas en que los ciudadanos procesamos nuestras decisiones en el campo de la política. Todo depende del capital cultural que poseamos, de los intereses que pretendamos alcanzar y de las simpatías o antipatías que nos provocan la oferta de candidaturas en el menú de opciones en que se han convertido los procesos electorales. No obstante, como se quiera ver, es un hecho que existe una convergencia pragmática entre dirigentes y ciudadanía que materializa el sentido instrumental que hoy en día tiene la acción política en el plano electoral.

En las elecciones locales es donde más nítidamente se observa este sentido práctico del razonamiento del elector, como lo acabamos de ver en las votaciones que se llevaron a cabo en Durango y Veracruz, y del mismo modo actuaron quienes perseguían algún cargo de elección popular.

Es verdad que, al menos para el caso de Veracruz, los resultados electorales de la pasada contienda municipal, no solamente se explica por el “chapulineo” de los candidatos que abandonaron Morena, pues las disputas al interior del partido oficial y hegemónico como en los tiempos del PRI, sino porque la ciudadanía ejerce a través del sufragio una suerte de evaluación sobre el desempeño de los funcionarios locales. En Banderilla, por ejemplo, la ciudadanía decidió no avalar a la candidata de Morena porque resultaba parte del grupo político que había gobernado mal. Como este caso existieron otros por toda la entidad; de otra manera sería casi inexplicable el significativo avance que tuvieron fuerzas políticas como MC y el PT.

Pero hay que advertir que el reparto de candidaturas ya no se hace a la antigüita. Como existe una disputa por el poder al interior de Morena, las propuestas para cargos se hacen a partir de la correlación de fuerzas en que cada grupo hace evidente los recursos que posee y, por ello mismo, logra imponerse frente a sus correligionarios. Esto hace distinto el nuevo del viejo régimen. Pero el que sea distinto no necesariamente es que sea mejor. No creo que deba aceptarse todo en paquete, que es en eso donde se encuentran empeñados quienes conducen la inercia transformadora actual, como los intelectuales y opinadores que los secundan.

Desde luego que hay cuestiones que no pueden dejar de reconocerse como medidas correctas llevabas a cabo por el anterior gobierno y que continúa el actual. La reforma laboral, los incrementos al salario mínimo, el combate a la pobreza (en particular, el gobierno se concentró en abatir la pobreza laboral que tuvo un impacto en beneficio de 5 millones de personas), la relativa estabilidad económica (amenazada por empresas como Pemex o las grades obras emprendidas en el sexenio pasado, como el Tren Maya, Mexicana de aviación, Dos Bocas, la política de apoyos a sectores vulnerables que, en perspectiva, será insostenible en el mediano plazo, el desastre del sistema de salud; entre otros temas que presionan las finanzas públicas), la nueva estrategia de seguridad que ensaya el gobierno de la presidente Sheinbaum.

En donde el régimen no parece cambiar demasiado es en el campo de lo político. No existe ninguna expresión político partidista orientada al fortalecimiento de la ciudadanía y que acepte sus juicios por mecanismos de supervisión previo a los procesos electorales. La propuesta del expresidente se quedó a medio camino y no fortaleció a la sociedad sino a los actores políticos, en la figura de los líderes como agentes mediadores de las relaciones políticas. Las invocaciones al “pueblo” son, cuando mucho, una figura retórica para hacer creer que se reconoce a los sectores populares y de las clases medias, empobrecidas todas ellas por las políticas neoliberales y los gobiernos de turno que las respaldaron o que bajo esos esquemas arribaron al poder.

Modalidades de supervisión desde la sociedad civil incluso pueden fortalecer a los propios partidos políticos; en tanto que podrían realizarse ejercicios de discriminación positiva para quienes no puedan competir por cargos públicos si sus trayectorias los incriminan por mal desempeño o actos de corrupción, peor si poseen antecedentes penales o juicios abiertos. Esto permitiría evitar la intromisión de poderes criminales o de aquellos que no siéndolo, pueden ejercer una influencia indebida para beneficiarse a posteriori.

Más allá de las reformas de gran calado que se han emprendido (la reforma al poder judicial es el último clavo del ataud del antiguo régimen. Por cierto, que solamente servirá al poder porque lo que a la ciudadanía podría beneficiar es lo que enfrenta de manera ordinaria, lo cual implica policías de investigación profesionales, impartidores de justicia competentes y fiscalías eficientes y con calidad, lo que implica la incorporación de elementos honorables y bien capacitados), ahora se cierne sobre el panorama político una nueva reforma electoral que implica, entre otras cosas, la transformación del INE (el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ese parece ser su nuevo nombre), la disminución de recursos a los partidos políticos (una medida plausible, desde luego), la eliminación de la representación proporcional (el riesgo es volver a lo que ya vivimos durante 71 años del PRI); entre otras cosas.

Dos elementos más configuran un panorama preocupante. Uno de ellos tiene que ver con la reforma de telecomunicaciones y el otro, con casos de censura que se han presentado en las últimas semanas. En el primer caso, aunque el gobierno actual ha aceptado algunas críticas y ha actuado en consecuencia, más allá de la premura (cosa que se está conviertiendo en práctica común en el Congreso) con que se aprueban las reformas, hay preocupaciones válidas por el registro y la geolocalización mediante los celulares, una cédula de identificación de la población con datos biométricos; entre otros elementos. El gobierno esgrime que tales aspectos de la reformas son imprescindibles para el combate al crimen y no están pensados para espiar a la población. En el segundo caso, llama la atención que se esté procediendo legalmente contra quienes desde el periodismo hacen críticas a los gobiernos. Por diversas razones se han presentado casos en Tamaulipas, Campeche, Veracruz, Puebla; aunque los métodos empleados divergen, el propósito es el mismo: silenciar las críticas. Si bien esto tiene más resonancia en el centro del país que en las regiones, lo que resulta también inquietante, pero es verdad que no parece discutirse mucho en las regiones seguramente por el estado de asedio con que se encuentran los periodistas en estas y otras partes de la república.

Si a este cóctel añadimos las percepciones de los mexicanos acerca de la democracia y sobre todo sus insatisfacciones con ella, es posible que se esté configurando un escenario poco alentador. De 2020 para acá se han publicado encuestas que si bien entrañan diferencias significativas, no es menos cierto que en una rango que va del 16 a poco más del 30% de los mexicanos opina que están dispuestos a tener un gobierno autoritario “si resuelve sus problemas cotidianos”. Los datos más alarmantes son los que publicó Latinobarómetro en 2023 donde se afirma que el 56% de los encuestados están dispuestos a soportar el autoritarismo de un gobierno si acaso es eficaz en las soluciones que demandan.

Por ello es que la tentativa de controlar todo, con los legítimos deseos de que los políticos respondan a la necesidades de la ciudadanía convergen de manera inquietante. Para unos es el poder a secas y sin controles que lo limiten, mientras que para otros es la necesidad de ser escuchados y atendidos en sus demandas para sobrellevar los derroteros de la vida diaria. Nos encontramos en una encrucijada de un experimento de control y centralización del poder con suficiente respaldo popular. El precio que puede pagarse es la limitación de libertades y los excesos que eventualmente pueden cometer los gobiernos, sobre todo en términos de inversión pública sin controles, tal y como ya lo hemos vivido en otras etapas históricas del país (soportamos una dictadura a finales del siglo XIX y principios del XX y, también, un interregno de autoritarismo de un partido hegemónico que se sustentó en un presidencialismo faraónico). La dictadura porfirista trajo beneficios, pero desembocó en una revolución. El largo periodo de autoritarismo priista comenzó su desgaste con los movimientos de protesta en los 60, lo que derivó en la reforma política de 1977. Esto, a su vez, permitió una apertura a la participación política de sectores excluídos y orillados a la ilegalidad. El fraude de 1988 y los asesinatos políticos de 1994, fueron las señales inequívocas del desgaste y la antesala de las derrotas del PRI en 1997, y la alternancia en la presidencia de la república en el año 2000. Todo parece indicar la existencia de una especie de confluencia por gobiernos centralistas y autoritarios, tanto por las señales que envían los gobiernos del actual régimen con las reformas aprobadas y las que vienen, como por la ciudadanía que está dispuesta a sacrificar la democracia por la eficacia en la solución de sus demandas. ¿Estaremos concientes del precio que habremos de pagar frente a tal escenario? Lo veremos en los próximos años.