Luis Alberto Romero

 

En diciembre de 2018, tras las elecciones estatales que dieron el triunfo a Morena en Veracruz, Daniela Griego Ceballos fue designada directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

La actual presidenta municipal de Xalapa, socióloga de profesión, y su equipo asumieron entonces el reto de rescatar y hacer viable un sistema de pensiones que se encontraba al borde del colapso.

Después de décadas de saqueo y manejos irregulares, la llamada reserva técnica del IPE había tocado fondo: apenas alcanzaba los 1,200 millones de pesos.

El tema se había convertido en un dolor de cabeza para el gobierno estatal y en una amenaza para la estabilidad social de Veracruz. En 2015, por ejemplo, miles de pensionados salieron a las calles a protestar exigiendo sus pagos, siendo víctimas de represión por parte de las autoridades estatales.

La reserva técnica, en términos sencillos, constituye el patrimonio con el que cuenta el Instituto para garantizar el pago de pensiones y prestaciones. Su importancia es vital: sin ella, la institución y el propio estado quedarían en una situación de alto riesgo financiero y político.

Tras los hechos de 2015, se inició un esfuerzo por blindar esos recursos. Con la llegada de Daniela Griego al frente del IPE, se consolidó un trabajo responsable que priorizó la transparencia y cerró espacios a la discrecionalidad con que antes se manejaban las finanzas.

Hoy, gracias a esa labor sostenida durante más de seis años, la reserva técnica ronda los 3,000 millones de pesos, de acuerdo con declaraciones del actual director, Luis Octavio Hernández Lara, quien asumió el cargo tras la salida de Griego Ceballos. Ese monto, aunque modesto frente al tamaño de las obligaciones del IPE, representa estabilidad: desde hace seis años y medio no se registran atrasos en el pago de pensiones.

Conviene matizar: esos 3,000 millones equivalen apenas a poco más de tres meses de nómina. No se trata, pues, de un fondo inagotable, sino de un colchón indispensable para evitar escenarios de crisis como los de 2015.

El financiamiento del IPE proviene principalmente de las cuotas de los trabajadores y de las aportaciones del gobierno estatal, en su papel de patrón. El gran reto actual radica en el acelerado aumento del número de pensionados, que ya ronda los 37 mil. Ello ha elevado de manera significativa la carga financiera del instituto y obliga a pensar en estrategias de largo plazo.

El saldo, por ahora, es positivo: la estabilidad del IPE ha sido rescatada y se ha devuelto la confianza a los trabajadores y jubilados.

El reto inmediato será mantener esa viabilidad frente al crecimiento de la nómina y garantizar que las pensiones sigan fluyendo, como hasta hoy, con certeza y sin sobresaltos.

@luisromero85