Luis Alberto Romero

 

El secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz, Alfonso Reyes Garcés, anunció que en los penales de la entidad continuarán los operativos de revisión con el propósito de detectar armas y equipos de telefonía. El funcionario detalló que, además de decomisos, se han realizado cambios en las direcciones de los centros penitenciarios.

Según explicó, ya se revisaron los 17 centros de readaptación social que operan en la entidad, donde fueron localizadas armas blancas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. Asimismo, adelantó que en breve comenzará una segunda ronda de inspecciones, con la intención de hacer de estos operativos una práctica permanente.

El anuncio reviste importancia por el vínculo directo entre los reclusorios y la comisión de delitos, particularmente las extorsiones.

Tan solo en 2024, la Fiscalía General del Estado de Veracruz reportó cerca de mil denuncias por extorsión, muchas de ellas originadas en penales de la entidad. En lo que va de 2025, de enero a julio, se integraron 529 carpetas de investigación relacionadas con este delito.

De manera recurrente, la Fiscalía da a conocer la desactivación de líneas telefónicas utilizadas para delinquir. En junio, por ejemplo, fueron neutralizados 16 intentos de engaño y se inhabilitaron 25 números empleados para extorsionar. A la par, se han reforzado las campañas de prevención dirigidas a la ciudadanía para evitar que caiga en estas prácticas.

El problema no es exclusivo de Veracruz. En julio, el Gobierno Federal puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que incluye medidas como la intervención de líneas, el congelamiento de cuentas bancarias y el rastreo de operaciones realizadas desde los penales. En su primera etapa, la estrategia se aplicó en ocho entidades con los niveles más altos de incidencia: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

El secretario de Seguridad del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, explicó que la implementación fue posible gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y a la ampliación de facultades para las instituciones de seguridad.

En el caso de Veracruz, las acciones recientes de la SSP se alinean con esa estrategia nacional. Sin embargo, más allá de los operativos, el principal reto sigue siendo cerrar el paso a los delitos que se cometen desde prisión.

Mientras existan teléfonos celulares en manos de personas privadas de la libertad y redes que operan al interior de los penales, la extorsión continuará siendo un problema cotidiano para la sociedad.

Por otro lado, la vigilancia penitenciaria no puede limitarse a revisiones y decomisos periódicos, debe ser entendida como un frente prioritario de la política de seguridad pública, porque las cárceles, que deberían ser espacios de reinserción, muchas veces se convierten en escuelas del crimen.

@luisromero85