Feria de paradojas

Por: Efraín Quiñonez León

miércoles, 20 de mayo de 2026

Tiro Libre

Mientras el común de los mexicanos vive y sobrevive con los recursos disponibles las situaciones que se le presentan en la vida diaria, el país transita por circunstancias que podrían calificarse de sorprendentes y hasta inquietantes por las decisiones que se toman desde las más altas esferas del poder político nacional.

Desde hace semanas permanece en la discusión pública el tema de las redes de protección política que permiten la operación de los grupos criminales del país, algunas de ellas incluso con ramifi-caciones en otras partes del mundo. Los misíles mediáticos del gobierno de los Estados Unidos ponen en serios predicamentos a la presidencia de la república. Con frecuencia, nuestro gobierno trata de ignorar la “guerra declarativa”, pero a menudo debe pagar un costo por su inacción y, por el contrario, cuando decide actuar casi siempre le sale mal.

En el inicio de su segundo mandato, Donald Trump, envió el mensaje de que las organizaciones criminales serían combatidas con el fin de evitar la introducción de drogas a los Estados Unidos. Es verdad que las drogas sintéticas han provocado una suerte de crisis humanitaria, pero también es cierto que fueron las grandes farmacéuticas junto con el gobierno norteamericanos quienes de algunas manera estimularon el mercado del consumo de opiáceos sintéticos. Desde luego, lo que ocurría en el consumo de aquel país estimulaba la oferta en el nuestro a través de las redes crimi-nales dedicadas al narcotráfico. El crecimiento exponencial del número de adictos y la prolifera-ción de las clínicas del dolor que suministraban distintos medicamentos producidos a base de fen-tanilo, provocó que aumentara su demanda causando miles de muertes en Estados Unidos. Primer paradoja, Goliat “no puede controlar” el ingreso de drogas a su territorio, pero sí es capaz de se-cuestrar de manera quirurgica al presidente de una nación sudamericana. En buen castellano, candil de la calle y oscuridad de su casa.

El gobierno gringo fue incrementando las presiones sobre las organizaciones criminales que ope-ran en México y, en forma inicialmente “amigable”, también aumentaba sus demandas hacia el gobierno de la república a fin de no solamente combatir a las redes del narcotráfico sino, además, que procediera en contra de los agentes en el gobierno que procuran protección política para que estas puedan operar. Y las amenazas han venido creciendo en intensidad, pues ahora ya no sola-mente se trata de proceder judicialmente en contra de los delicuentes que se dedican al narcotráfico sino que, peor todavía, se les califica como organizaciones terroristas, lo cual abre la puerta a la acción militar por tierra, cosa que ya ha declarado, por cierto, el propio presidente Donald Trump. ¿Qué se los impide? Nada, salvo el impacto económico y político que una medida de ese calibre pudiese tener. Sin embargo, ya lo han hecho, la captura y secuestro de, Ismael Zambada, a fines del gobierno anterior es apenas un botón de muestra de cómo pueden operar y operan en México. Es verdad que hay acuerdos de cooperación en la materia, pero como nos ha revelado la experien-cia, también existen acciones encubiertas que tampoco son de ahora. El agente de la DEA, Enrique “KiKi” Camarena, asesinado a mediados de los 80 en Guadalajara operó como agente encubierto con el propósito de desarticular a la organización criminal que tenía su base de operaciones en aquella ciudad.

Desde aquella época, se han sucedido distintos gobiernos de la república con signo ideológico muy diverso y, sin embargo, todo parece indicar que la presencia de agentes especiales del gobierno estadounidense es casi permanente. Es verdad que, en algunos casos, cobran mayor notoriedad y, en otros, la situación es más discreta. Con los gobiernos del PAN, por ejemplo, se llevó a cabo la iniciativa Mérida que implicaba apoyo militar e inteligencia para combatir a las organizaciones criminales; mientras que, de manera paralela y encubierta, se puso en práctica el programa “rápido y furioso” que consistía en “vender” deliberadamente armas a miembros sospechos, de modo que permitieran ubicar a los jefes de las organizaciones criminales. Ambas iniciativas fracasaron y, lo que es peor, las operaciones encubiertas quedaron exhibidas porque se perdió el rastro de las armas y, además, con una de ellas se ejecutó a un agente gringo. Doble paradoja, el gobierno mexicano actual niega la presencia u operación de agentes extranjeros, pero la realidad lo desmiente; mien-tras que la operación “rápido y furioso” fue orquestada por el Departamento de Justicia que resultó en un rotundo fracaso que, si no fuera por las vidas sacrificadas, sería un auténtico ridículo.

Pero de esas épocas a nuestros días las cosas en materia de seguridad no solamente han empeorado sino que el destino nos alcanza desprotegidos. Véase si esto no es verdad con el movimiento de las madres buscadoras por los miles de desaparecidos en el país. Y aquí hay otra paradoja, las presidenta es conciente del problema, tan es así que desde el principio de su gobierno envió ini-ciativas de ley para atender distintas áreas del problema. Sin embargo, a la fecha no se ha reunido con el conjunto de grupos que forman los distintos colectivos de búsqueda, salvo en casos muy específicos.

Lo más grotesco de las contradicciones ha estado precisamente en el tema de la seguridad y la protección política. El gobierno central protesta, como debe de ser, por la intervención ilegal de agentes de la CIA en un operativo para desarticular un narcolaboratorio en Chihuahua y, sin pudor, se envuelve en la bandera nacional para alimentar el encono con su contraparte en el ambito estatal. Es verdad que el gobierno de Chihuahua cometió una ilegalidad que debería castigarse, pero no contamos con instituciones de justicia confiable sino que ahora, como en la época del PRI, actúan por consigna y de acuerdo con lo que les dicta el poder político. Pero, por otra parte, no fue acaso un gobierno de Morena que ni siquiera se enteró que habían secuestrado al Mayo Zambada. Si no fuese una tragedia esto podría calificarse de hasta cantinflesco. Peor todavía, no ha sido el gobierno actual quien ha permitido por la vía rápida y sin los protocolos jurídicos que implica la extradicción de delicuentes, condecendiente con el gobierno nortamericano enviando a casi 100 capos de dis-tinto rango porque aquí no podemos garantizar que vivan como jeques árabes en las cárceles sino que, además, nada nos asegura que algún día se escapen, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Puede cuestionarse el sistema de justicia americano y de que, igual que el mexicano, actúan con frecuencia bajo consigna. Sin embargo, hay diferencias significativas que vale la pena señalar. Los criminales allá procesados cumplen sus condenas en centros de reclusión, acá son como Al Capone en Chicago durante los años de la prohibición del alcohol. Sería deseable que tuviéramos un sis-tema de justicia más robusto (qué más robusto!! un sistema digno de ese nombre), pero lo cierto es que no es así. El nuestro languidece derivado de una precariedad insultante, la carencia de ca-pacitación de su personal, la prácticamente nula investigación criminal profesional y la penetración de intereses que buscan beneficiarse a través de las armas o el dinero para solucionar sus conflictos.

Mientras la economía no crece porque existen obstáculos (no muchos, quizás, pero uno muy im-protante ¿cómo arreglar diferencias con instituciones de justicia precarias y carente de personal capacitado?) se invierte dinero a raudales en los proyectos faraónicos del sexenio anterior, como el Tren Maya, cuyos ingresos no logran compensar sus costos de operación. Peor todavía, la em-presa más endeudada del mundo, Pemex, sangra los recursos estatales y no se ve en el horizonte que se pueda satisfacer la demanda interna de gasolina como se pretendía desde el sexenio anterior. Pero esto no es lo peor, los monumentales recursos que se invierten tan sólo en esos proyectos pueden comprometer la viabilidad de los programas sociales por la escasez de fondos para finan-ciarlo; salvo que se haga una reforma fiscal que permita incrementar los recursos del gobierno. Todo esto sin hablar de la cancelación del aeropuerto (que eventualmente podría justificarse en términos ambientales, pero, al final, no solamente se trata de recursos mal invertidos -por cierto ¿cuántos corruptos purgan condenas por esto?), puesto que deberemos pagar para los próximos años los daños y perjuicios causados por semejante medida.

De suyo, en este tema existen varias paradojas, pero lo que resulta más inaudito es que la presidenta insista en ampliar el sistema de ferrocarriles en el país. Es verdad que puede resultar un mecanismo de movilidad interesante, pero es difícil pensar que esto pueda ser viable y económicamente sus-tentable bajo las condiciones de mercado actuales. El Tren Maya, por ejemplo, que no está pensado para el ciudadano mexicano promedio sino para el turismo, no puede subsistir si no es a través de subsidios. La paradoja de esto es que compromente recursos del Estado que son limitados y que impactan otros programas igual de importantes como la salud, la educación y, en su conjunto, la política social del presente y el futuro.

Tan sólo pensar en los desafíos que algunos de estos problemas significan como país nos coloca en una situación no solamente muy incómoda sino muy compleja de resolver. ¿Qué debería hacer nuestro gobierno? Aprovechar el momento para comenzar la limpieza que tanto se ha prometido, pero parece nunca llegar. La más terrible paradoja de todo esto es que los incentivos para cambiar nos llegan de fuera porque nosotros no fue capaces de hacerlo en su momento.