¿A quién le importa la justicia?

El respetable, pero falso dilema de la abstención

Por: Efraín Quiñonez León

29/05/25

Tiro Libre

No estoy tan seguro de que todos los mexicanos pretendamos tener el mejor sistema de justicia, pero asumamos que, quizás, una mayoría suscribiríamos semejante deseo en la hipótesis de que nos beneficia y que, con ello, podremos tener una forma civilizada de resolver los conflictos que a diario padecemos y que convoca a una autoridad que imparta una justicia "imparcial", "objetiva"; que no esté mediada por el poder del dinero y/o las relaciones políticas.

Ahora que estamos a punto de elegir a jueces, magistrados y ministros; en la lógica de la transformación del Poder Judicial del país completo, cabe recordar que más del 95% de los delitos que son denunciados no se resuelve o, mejor dicho, no se resuelve en los tribunales o en las instituciones que, en teoría, están diseñadas para tales fines. Con otras palabras, la resolución de conflictos terminan por "arreglarse" en otras partes y bajo otros criterios. Eso coloca al ciudadano común en una obscena situación de indefensión porque quien posee mayores recursos habrá de imponerse en cualquier escenario.

El hecho de que se denuncien algunos delitos no quiere decir que todos sean del conocimiento de la autoridad competente y, como hemos dicho, que estos terminen mediante la resolución de un juez. Es sabido que los mexicanos tenemos pocos incentivos para proceder con base en los procedimientos instituidos para resolver conflictos a través de la intervención de una autoridad, por la razón de que no habrán de resolverse por esos canales y, además, resulta una pérdida de tiempo. Por lo tanto, o bien ignoramos los problemas, o bien nos sometemos a un arreglo más expedito, pero alejado de las instituciones de justicia. Con otras palabras, solucionamos los conflictos que a diario padecemos no con base en la reglas formales, sino en la informalidad y los acuerdos ad hoc con quienes sostenemos diferencias.

Todo ello y más nos permite coincidir en que resulta una imperiosa necesidad cambiar semejante estado de cosas que lastima nuestras relaciones sociales más comunes, en el día a día de cada uno de los mexicanos. Las comunidades indígenas apelan a sistemas normativos internos para dirimir conflictos, pero no es infrecuente que la obediencia se imponga por la fuerza e incluso la violencia, como cuando las mujeres desafían los patrones culturales arraigados al pretender representar a sus comunidades en cargos públicos.

Cuando se acercan las elecciones para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial en México, independientemente de los motivos que le dieron origen, de nuevo podemos coincidir que resulta imprescindible cambios en dicho sistema. Pero si nos detenemos a analizar cuál es la puerta que, en primera instancia, toca el ciudadano cuando tiene un conflicto de orden jurídico, nos percataremos que recurre a un juzgado de primera instancia para que el Ministerio Público de trámite a la denuncia e inicie la investigación de los hechos. Es aquí donde se comienza un auténtico calvario para el ciudadano común. Por lo pronto, dejo fuera los "asuntos estructurales" (precariedad, infraestructura deficiente, rezago administrativo y un personal en lamentables condiciones laborales, etc) que se padecen en la mayoría de los juzgados, pero que, al final, terminan por dificultar la labor. Asimismo, aunque la corrupción es consustancial a nuestro muy peculiar sistema de justicia, solamente por un momento dejemos fuera esos temas para concentrarnos en lo que de ordinario tendría que hacer un ciudadano si de interponer una demandas se trata.

Entonces, el secretario del Ministerio Público levanta una acta de hechos y, en teoría, eso implica una investigación de lo sucedido por el denunciante. Dichas indagatorias deben hacerlas los policías, pero los integrantes del sistema de seguridad que investiga están mal pagados, no tienen recursos para llevar a cabo sus actividades con el fin de esclarecer lo sucedido mediante evidencias y un sinfín de problemas estructurales con que opera todo el aparato. Por lo tanto, la justicia termina por ser una guerra de papel y una estafa.

Pero si desde aquí empiezan los problemas, es casi imposible pensar que un delito pueda llegar a resolverse mediante sentencia de un juez. Ellos mismos están sujetos a presiones de todo tipo y tampoco se puede albergar que sean los mejores perfiles para la impartición de justicia. Es decir, parte sustantiva del problema de justicia existente en el país ocurre en los tribunales, las fiscalías y los órganos de seguridad y de investigación, los cuales están prácticamente imposibilitados de llevar a cabo su función. Y eso, por desgracia, lo seguiremos padeciendo.

La elección de los nuevos integrantes al Poder Judicial que estamos a punto de llevar a cabo el próximo domingo 1º de junio, aunque es verdad que resultaba necesario hacer cambios en ese ámbito, no solamente se trata de un despropósito y un fraude a la nación sino que, además, es un insulto a la razón. De buena fe, existen ciudadanos que se han tomado la molestia y, en serio, asumieron el compromiso de despejar la madeja de un proceso barroco y complejo que al ciudadano común lo mantendrá en la más perpleja realidad que más que invitarlo a comprometerse, se le convoca al tedio o la indiferencia. Si a los ciudadanos con mayores niveles de instrucción escolar se han tenido que ocupar previamente de verificar los perfiles de los candidatos, ensayar en los simuladores del INE o del OPLE que corresponda, intercambiar información entre sus redes; lo que a su vez provocará una mayor eficiencia al momento de marcar la boleta, se tiene calculado que ese lapso le ocupará dentro de la casilla un aproximado de entre 18 y 20 minutos. El ciudadano con menores niveles de escolaridad ni siquiera está pensando en ello, tiene problemas muchisimo más urgentes que atender como para sentarse (si es que posee los dispositivos tecnológicos para tales tareas) ¿Una, dos o tres horas? Para revisar perfiles y hacer una elección racional de lo que le parezca más adecuado. Pretender equiparar motivaciones y racionalidades tan diversas, es tanto como olvidar que vivimos en una sociedad con drásticos contrastes sociales. Frente a ello, no hay más que una respuesta inercial, es decir, se votará con la escasa o suficiente información con que se cuente, pero sobre todo apelando a la socorrida práctica de la improvisación y la inducción. ¿Hay algo novedoso en esto? No, en modo alguno. De este modo han sido nuestros muy pintorescos modos de elegir. Hemos cambiado de partidos en el gobierno y la historia sigue siendo, en este plano, prácticamente la misma. Los cambios parecen insignificantes frente a los retos que significan aspirar a un régimen democrático que no apele a prácticas de inducción como las que estamos viviendo ahora.

Hay quienes piensan que la mejor forma de oponerse a la presente elección de jueces, magistrados y ministros, es la de abstenerse de participar; por la concebida razón de que es tanto como avalar un proceso contaminado de origen. Aunque respetable semejante argumento y postura frente a lo que estamos a punto de escenificar, me temo que resulta contraproducente y no hay un vínculo automático entre deslegitimar un procedimiento con la abstención, con los resultados que finalmente se obtendrán pasadas las elecciones del 1º de junio. Por cierto, la legitimidad del proceso no únicamente deviene de quienes y cuántos decidan votar, sino que adquirió una fuerza portentosa a través de los sufragios con que el electorado decidió prolongar un gobierno como el de Morena en la presidencia de la república, frente a las otras ofertas políticas que ofrecían lo mismo de siempre y continuar soportando los agravios de que eran objeto los ciudadanos de este país. Me temo que, independientemente de la postura que se adopte, los cambios son irreversibles en el corto y mediano plazo. O sea, la elección de los nuevos integrantes al Poder Judicial, con todos sus errores y aberraciones, transitará con los conflictos que haya que sortear, pero al final tendremos un Sistema de Justicia avalado por quienes voten el próximo domingo. Como es obvio que habrá voto inducido, es temerario pensar que los resultados sean tan escasos que motiven un acto de autocrítica de quienes hoy gobiernan. Por lo tanto, no creo que sea la mejor opción no ir a votar sino al contrario. Si no se está de acuerdo o, de plano, no se tienen certezas sobre quiénes son los mejores perfiles, pues se puede optar por anular el voto.

La importancia de este excéntrico proceso de elección de integrantes del próximo Poder Judicial renovado, no solamente se encuentra en el cambio que estamos a punto de protagonizar sino, también, en sus resultados. En este sentido, conviene recordar que la actual administración fue refrendada en las urnas por un aproximado de 32 millones de sufragios de los ciudadanos mexicanos en edad de votar. Si la lógica que algunos analistas manejan de que la reforma judicial estaba contenida, como una suerte de ratificación del gobierno anterior, en la oferta política que fue respaldada en las elecciones del año pasado, debería ser avalada en su mayoría por quienes decidieron apuntalar a los candidatos de Morena y que ahora están en diferentes cargos en el gobierno en turno. Pero resulta una osadía monumental y se trata de procesos electorales distintos. El INE calcula que saldrán a votar entre un 12 y un 20 por ciento de los ciudadanos que cuentan con credencial vigente para sufragar; lo que significa que la suma total de votos para la integración del nuevo Poder Judicial debería alcanzar una cifra de entre 12 y 20 millones de sufragios totales. Si el voto inducido, en la lógica anteriormente planteada, alcanza la mitad de aquellas cifras el proceso habrá sido un éxito. El desafío para el actual régimen es alcanzar al menos un promedio de 16 millones de votos, cantidad similar a la revocación del mandato que se llevó a cabo en 2022 y para lo cual, de manera casi unánime, más del 90% de los participantes ratificó en el cargo al ex-presidente, Andrés Manuel López Obrador. Tampoco son comparables ambos procesos, simplemente se trata de cantidades que en alguna forma miden el ánimo ciudadano en torno a la política y el tipo de gobierno al cual respalda. Pero, precisamente ahí se encuentran indicios de cuáles son los márgenes de semejante simpatía o apoyo.