Libertad, opinión y falsedad:

La trama silvestre del poder

Por: Efraín Quiñonez León

lunes, mayo 12, 2025

Tiro Libre

Hace unos días un amigo y amable lector de esta columna, me interrogaba acerca del escándalo de las filtraciones que se ha dado en llamar #televisaleaks. Más allá de lo que ahora se conoce y de la reiterada invocación a la monumental cantidad de información sustraída, lo cierto es que el tema es relevante y llama la atención que solamente en algunos medios y comentaristas se le otorga alguna importancia, no así en el gobierno y la empresa de comunicación aludida.

Articulé una respuesta inicial a su pregunta que, en específico, se refería al silencio del gobierno y la televisora sobre el tema. En su momento, consideré que había muchos asuntos en la agenda pública que, desde luego, interferían porque todos ellos eran importantes. Estaba, sin duda, la polémica que provocó la declaración del ex-presidente, Ernesto Zedillo, a propósito de la Reforma al Poder Judicial; la reforma a la Ley de Telecomunicaciones; la desaparición del INAI; el Consejo Nacional de Morena y la carta enviada desde la presidencia con el fin de evitar los excesos dentro del partido oficial (cosa que merece una reflexión aparte, por cierto); la violencia que no cede a pesar del cambio de estrategia; las denuncias por actos de corrupción de los gobiernos previos de Morena en algunas entidades del país; la desaceleración de la economía; por mencionar algunos de los asuntos más importantes. En el frente externo, desde luego están latentes las tensiones con el presidente de los Estados Unidos y sus excesos, así como la presión sistemática sobre el gobierno mexicano y la aplicación de aranceles de algunos bienes producidos en nuestro país.

Pasado algunos días de los acontecimientos, considero que no hay una sola racionalidad que explique los motivos que dieron origen a semejantes filtraciones.

Para empezar, una cantidad tal de información requiere para su análisis la participación de más de un medio de comunicación y un pelotón de periodistas para medianamente revisar una parte de sus contenidos; al mismo tiempo en que se ofrecen algunos elementos de análisis para las reflexiones ulteriores. El exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, calculó que lo voluminoso de la información contenida en los 5 terabytes, era como si se tuviera al alcance una biblioteca con más de 500 mil libros.

Este hecho establece, de entrada, una primera dificultad para procesar los contenidos de la información hoy sujeta al escrutinio público.

No obstante las revelaciones, parece sorprendente que una empresa que se ha dedicado al "negocio" de las comunicaciones sea vulnerada por una suerte de hacker que se infiltró en su interior, colaboró en el diseño e instrumentación de campañas negras (concedamos que no por voluntad, sino en su condición de empleado de una "subsidiaria" de la corporación de medios más importante del país. Aquí, también, vale la pena reconocer -y que está en litigio en los tribunales en materia de trabajo- existe un problema laboral). ¿Alguien podría poner en duda la existencia de empresas y/o corporativos de comunicación que se especializan en campañas negras? ¿Podemos siquiera dudar que haya personajes del mundo empresarial, político o incluso del propio mercado de la comunicación capaz de contratar "servicios" para desprestigiar a sus oponentes o competidores? Situaciones de este tipo se presentan en todo el mundo. En el ámbito político y comunicacional hay comentaristas incluso que aceptan sin rubor que esto forma parte del debate de las ideas en el espacio público-mediático. Una suerte de libre mercado de la opinión donde se pueden contratar servicios para calumniar, desprestigiar y mentir abiertamente sin consecuencia ninguna, con el propósito de descalificar a quienes sostienen puntos de vista contrarios o se disputan espacios de poder. Por lo contrario, también es factible la contratación de servicios para campañas de propaganda, es decir, para promover a alguien que bien puede ser una institución o, también, para proyectar positivamente la imagen de una persona.

Pero no todo en el espectro mediático se mueve bajo esos principios. Hay, desde luego, empresas de comunicación que no se contratan para hacer semejantes campañas de falsedades.

Lo que ha estado ocurriendo es que existe una suerte de banalización de los asuntos de interés público atacando la credibilidad y moralidad de quien se atreve no a opinar, sino de entrar de manera frontal a las disputas por el poder, bajo la hipótesis de que si se ataca al mensajero se diluye la importancia del mensaje. En último término, de lo que se trata es de penetrar en los ánimos del gran público que se presume puede ser manipulado estimulando sus "bajas pasiones", bajo el argumento de que el consumidor promedio o lo que se ha dado en llamar, la cultura popular, toma decisiones no con base en argumentos sino de acuerdo con sus emociones del momento. Sin embargo, no es del todo evidente que las personas procedan de esa manera y hay muchos ejemplos en el mundo que invalidan semejante tesis.

Es verdad que resulta algo sorpresivo que ni el gobierno, ni la propia televisora aludida en el caso, hayan tomado alguna postura al respecto u ofrecido un posicionamiento referente a lo escandaloso de la información difundida.

La presidencia de la república concentró sus energías en descalificar al expresidente, Ernesto Zedillo, a propósito de sus comentarios acerca de la "destrucción de la democracia" como consecuencia de la próxima elección de los integrantes del nuevo Poder Judicial en el país. Por supuesto, no es el asunto ahora discernir acerca de los términos de ese debate, sus alcances y las posturas de quienes en ello intervienen. Sin embargo, es sorprendente que la oposición recurra a un ex-presidente que gobernó el país hace más de 25 años, con una trayectoria de claro-oscuros; cuando lo que se debería hacer es canalizar el descontento social mediante nuevos liderazgos. Con otras palabras, si la oposición pretende volver a gobernar y/o disputar el poder, se necesita reinsertar en los terrenos de la sociedad civil para nutrirse de nuevos dirigentes y abrir espacios de la representación de los sectores que promueven iniciativas y demandas al régimen político.

En sentido estricto, no se trata propiamente del corporativo mediático más importante del país -digamos- como responsable de "rentarse" para diseñar y poner en práctica "campañas sucias". Aunque se necesita mayor claridad al respecto, todo parece indicar que quienes se dedicaban a estas labores era una suerte de "subsidiaria" o "empresa" que fue subcontratada para realizar contenidos consistentes en campañas de propaganda.

Quizás la excesiva cautela del gobierno federal en este asunto se deba a que uno de los prominentes personajes del actual régimen, ex-presidente de la corte, aparece vinculado al escándalo como contratante de esos servicios de campañas negativas. Peor aún, las denuncias públicas exhiben un comportamiento poco apropiado del ex-funcionario de la Suprema Corte, si logra acreditarse que, en efecto, no solamente contrató dichos servicios sino que, además, dispuso de personal de la Corte con el propósito de cumplir algún tipo de función en la "empresa" encargada de las campañas de publicidad. Es ahí donde radica, a mi modo de ver, lo más brutal de las revelaciones. Lo sorprendente no es que se contraten campañas negras, sino de lo que son capaces los actores políticos de las instituciones públicas del país a fin de retener el poder.

Por otra parte, en el contexto de la reforma al poder judicial, llama la atención que quien es el artífice del diseño que implica la elección por voto popular de sus nuevos integrantes, sea precisamente alguien que sin escrúpulo alguno presuntamente actúa contratando servicios o campañas de propaganda de esa naturaleza. Los cual corrobora que en el sistema no hay buenos, ni malos; simplemente existen espacios no regulados y actores que usan todo lo que tienen a su alcance en una lucha descarnada por el poder.