Vulnerables

Por: Efraín Quiñonez León

8 de enero de 2026

Tiro Libre

Este inicio de año 2026 nos sorprendió con un temblor de 6.5° con epicentro en la localidad de San Marcos, en el sureño estado de Guerrero. Como siempre, la Ciudad de México resintió los efectos del sismo, pero afortunadamente no hubo mayores consecuencias, ni desgracias que lamentar. Con algunas “imperfecciones”, ahora sí funcionaron las alarmas que se activan automáticamente en los celulares. Muy pocas personas en mi entorno social y familiar fueron las que no recibieron o no atendieron las alarmas del temblor, pero es muy probable que esto no solamente vaya generando una suerte de práctica acerca de las alertas sino que, también, se mejore la tecnología con el propósito de estimular una cultura de la prevención.

Apenas nos estábamos recuperando del susto, cuando otro terremoto sacudía el suelo y las autoridades venezolanas. En efecto, el 3 de enero nos despertamos con la noticia de que se había realizado una operación de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos con el propósito de capturar al presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro, como también a su esposa, Cilia Flores. Era algo difícil de creer, pero teníamos como antecedentes la invasión Rusa en Ucrania, los conflictos de China sobre Hong Kong y la tentativa anexionista sobre la isla de Taiwan. Sin embargo, no dejaba de ser sorprendente el hecho.

Visto a la distancia y aunque la intervención resulta un tanto asombrosa, no deja de ser la consecuencia lógica de la recomposición de los países que se disputan la hegemonía en el mundo, situación que pasa por un “reparto” geográfico de las zonas de influencia y la instauración de áreas de protección. De hecho, uno o dos días antes los ejércitos de Francia y Reino Unido realizaron operaciones militares en Siria a fin de destruir “instalaciones estratégicas” con depósitos de armas que eventualmente podían ser usados por el Estado Islámico, poniendo en riesgo la seguridad y los intereses de esos países en la zona.

Por lo tanto, hay que reconocer que se trata de un fracaso de la política, de los tratados internacionales producto de los acuerdos derivados de la segunda guerra mundial y de las leyes internacionales que surgieron justamente después de aquel conflicto bélico protagonizado como ahora por las principales potencias del mundo; con la diferencia de que China no figuraba en aquel entonces.

Previamente, al menos desde el mes de septiembre del 2025, no solamente hubo un desplazamiento del portaviones, Gerald Ford, hacia la zona del mar Caribe y al menos una treintena de embarcaciones fueron eliminadas por el ejército norteamericano bajo el supuesto de que transportaban drogas. Semejantes maniobras militares tuvieron como consecuencia la ejecución extrajudicial de por lo menos unas 100 personas que viajaban en esas embarcaciones. De nuevo, existe en este caso una violación abierta a las normas más elementales del derecho, aquellas que suscriben casi todos los países del mundo sobre las cuales se sostiene el principio de la presunción de inocencia y de que nadie puede ser juzgado, mucho menos asesinado, sin que se inicie un proceso judicial donde se le demuestren los delitos en que pudiese haber incurrido.

A fines del año pasado se dio a conocer un documento donde el gobierno de Estados Unidos fijaba su postura acerca de sus intereses geoestratégicos en el hemisferio occidental. El texto no tiene desperdicio y con una claridad siniestra declara que están dispuestos a cooperar con los países que lo integran siempre y cuando se alineen a los intereses norteamericanos. Al mismo tiempo, se declara que defenderán sus áreas de influencia inmediata (en la lógica de América para los americanos) al costo que sea y si se tienen que usar las armas no vacilarán en ello.

Desde luego, es condenable y no es justificable ninguna intervención militar como la que hemos presenciado en torno a la captura de, Nicolás Maduro. La detención del ex-presidente venezolano es violatoria del derecho internacional y no hay manera de acreditarla. Es incluso contraria a las leyes americanas mismas. Una incursión de esta naturaleza debe ser avalada por el Congreso de los Estados Unidos, pero no parece haber sido autorizada esa medida mediante la participación de dicha instancia, ni mucho menos procesada bajo la lógica de cumplir una orden judicial que, en teoría, supone el arresto de quien se presume ha realizado actos ilegales. En este sentido, la abducción de Maduro no nos revela una acción legal sino algo más bien ilegal que se asocia más a la idea de un secuestro. Algo similar ya se practicó en México con el caso del Mayo Zambada, uno de los jefes del narcotráfico que está siendo procesado en Estados Unidos. La única diferencia es que, Nicolás Maduro, era el presidente de Venezuela que requería una acción militar como la desplegada en día 3 de enero; mientras que la captura de, Ismael Zambada, fue operada a través de operaciones encubiertas. Más allá de esto, la pregunta que flota en el aire es la siguiente: si se trata de cumplir una orden judicial ¿puede esta llevarse a cabo extraterritorialmente? Al general Cienfuegos se le acusó de vínculos con el narcotráfico, pero no se le detuvo en México sino, precisamente, mientras pisó suelo norteamericano y de la misma forma en que se le arrestó se le liberó, después de negociaciones políticas entre ambos gobiernos con el fin de devolverlo al país con el supuesto de que aquí sería juzgado. Como todos sabemos, no hubo delito que perseguir y se le dio carpetazo al asunto.

Pero el problema es todavía más complejo que esto. Si tomamos en cuenta las filtraciones que se dieron a conocer por la prensa por el caso Zambada y, tal y como sucedió con Maduro, el secuestro sobre todo evidenció la trama de negocios en que están involucradas instituciones financieras de México, las cuales presuntamente se han prestado como intermediarias para lavar dinero del narcotráfico. Como se supo en su momento, un alto funcionario de la administración federal anterior estuvo involucrado por su participación en una de las empresas involucradas; de modo que combatir a las redes criminales no solamente implica procesar los vínculos con el poder político sino que, también, resulta imprescindible proceder en contra de elementos del empresariado que tienen nexos con la criminalidad.

Por otra parte, tampoco hay manera de justificar el régimen instaurado por, Nicolás Maduro. Valga simplemente como recordatorio inmediato que en 2024 hubo elecciones y el ex-presidente venezolano literalmente se robó las elecciones o, por lo menos, no ha podido acreditar su hipotético triunfo, pese a que muchos gobiernos latinoamericanos le pidieron que presentara las pruebas; como sí logró hacerlo la oposición con más del 80% de las actas donde se evidencia el triunfo de, Edmundo González Urrutia, quien fuera candidato de la Plataforma Unitaria Democrática.

El régimen de Maduro no solamente perfeccionó el control sobre los distintos poderes sino que, además, desplegó toda una campaña de acoso y represión abierta contra los opositores, la prensa y los disidentes. Incorporó a los militares dentro de su gobierno y los hizo partícipes en la construcción de una cleptocracia gubernamental que se apropió de los recursos públicos, generando una élite que no solamente goza de privilegios sino que, también, hace negocios y obtiene beneficios al amparo del poder.

Por el lado de los derechos humanos, organismos internacionales han documentado las arbitrariedades del régimen con detenciones ilegales, extorsiones y una represión brutal que ha dejado alrededor de 500 asesinatos asociados directamente a la política de represión de las protestas sociales ocurridas entre 2014 y 2025. Y en el tema migratorio la situación no es distinta y se calcula que cerca de 8 millones de venezolanos han salido del país debido a las condiciones de pobreza y represión brutal.

Un gobierno así carece de la más mínima legitimidad y esta no puede ser obviada como una cosa intrascendente o un mal menor. Es verdad que no se puede aceptar la ilegalidad cometida por el gobierno de Donald Trump, pero tampoco se puede aceptar a un gobierno que decidió no solamente perpetuarse en el poder con base en la represión abierta sobre la población civil, como lo han hecho las dictaduras militares más sanguinarias del cono sur. Ningún gobierno, sea de izquierda o de derecha, puede justificarse bajo estos parámetros sobre los cuales se ha sostenido la administración de Maduro y la redes de control político que usufruntúan el poder en Venezuela y que siguen intocadas.

Ahora bien, se nos informa que la causa oculta de la detención de Maduro es por el petróleo y otros minerales que posee Venezuela. Es verdad que el país tiene las mayores reservas probadas de petróleo, pero si nos fijamos en los precios actuales del barril en el mercado internacional que oscila entre los 55 y 60 dólares, parece simplista argüir que solamente se trata del petróleo, pues con esos precios apenas resulta una actividad productiva rentable, si bien los costos por región y el tipo de hidrocarburos (pesados o ligeros) hacen la diferencia.

Por estas razones estamos entre el pasmo y la indignación. Pero no parece haber cambiado prácticamente nada en el escenario. La presidenta sustituta, Delcy Rodríguez, forma parte del grupo que llegó al poder desde que, Hugo Chávez, ganó las elecciones en 1998. De modo que a Estados Unidos le tiene sin cuidado quién esté en el poder, siempre y cuando -de manera abierta y reiterada lo han dicho recientemente- les garanticen que sus intereses están protegidos. Tampoco le preocupan mucho las elecciones, ni la democracia, ni mucho menos una transición pactada entre las élites en pugna en Venezuela.

Emocionales como suelen ser las redes sociales, no causa ninguna sorpresa que las opiniones se dividan entre partidarios y detractores de alguna de las partes en conflicto, de modo que no hay mucho caso que hacer en ese campo de sensaciones más que de razones. Lo que sí llama la atención que semejante estado de ánimo contamine a la academia y, en general, a las instituciones de educación superior; donde se supone que debe existir una mayor racionalidad sobre los temas que son materia de análisis y cuya relevancia afectan a la humanidad.

Aunque la presidenta, Claudia Sheinbaum, fiel a su estilo, ha sido prudente con relación a los acontecimientos en aquel país; no cabe duda que la situación resulta altamente preocupante por los métodos empleados en el gobierno norteamericano, las presiones que se han ejercido con el fin de procesar a altos capos de la droga y políticos vinculados, así como “los acuerdos” conjuntos para detener la migración en nuestra frontera sur. Más aún, este año empezarán las negociaciones para la renovación del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, pero el escenario no solamente no es el mejor sino que resulta inquietante. Al final, las economías están a tal grado interconectadas que resulta improbable que no se firme de nuevo el tratado; pero eso no quita que la negociación sea ruda sino, además, se vuelvan inevitables las controversias sobre sectores que el gobierno mexicano ha “defendido” como principios ideológicos sustentado en nuestro nacionalismo y la protección del territorio (sobre todo en temas como la energía y los recursos naturales).

El presidente de los Estados Unidos, que no es un interlocutor confiable y que se ha pasado toda la vida litigando en los tribunales las fechorías con que obtienen beneficios, debemos decir que muestra un comportamiento -digamos- “amable” con la presidenta de nuestro país, pero del mismo modo ha sido despiadado al señalar que tiene miedo de combatir a los cárteles de la droga y aunque coopera en la captura de los delincuentes, como en detener la migración hacia nuestro vecino del norte, carece del arrojo necesario para desmantelar los nexos entre las élites políticas y económicas, y las redes criminales que operan en el país. En ese entorno de fragilidad se cierne el futuro próximo de México.