Luis Alberto Romero

 

Conforme avanzan los días, el ambiente en el Poder Judicial del Estado se enrarece más. En los pasillos, entre murmullos y versiones cruzadas, crece la percepción de que diversas manos políticas ajenas a los ideales de la Cuarta Transformación han comenzado a operar al interior de la institución encargada de impartir justicia.

El epicentro de esta tensión es la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, encabezada por Rosalba Hernández Hernández, quien no ha logrado disipar la sombra de la sospecha sobre la influencia de viejos cuadros priistas que se han abierto paso en su entorno más cercano.

El gesto más reciente que levantó cejas en los círculos morenistas fue el apadrinamiento público del diputado local priista Héctor Yunes Landa a la magistrada. El hecho, lejos de interpretarse como un acto protocolario, encendió alarmas políticas y acentuó la percepción de que fuerzas con intereses ajenos al proyecto de transformación nacional están intentando reacomodarse en el aparato judicial veracruzano.

A esa inquietud se suma el nombre de Félix Alfredo Niño Flores, quien funge como asesor principal de la presidenta y cuya llegada, según diversas versiones, estaría ligada a Joana Marlen Bautista Flores, la ex administradora del Poder Judicial, inhabilitada por una década a partir de 2024.

Bautista Flores enfrenta denuncias por peculado, abuso de autoridad y administración fraudulenta, derivadas de una auditoría que reveló contratos por cerca de 50 millones de pesos con empresas no localizables.

Aunque inhabilitada, se dice que Joana Bautista continúa moviendo hilos desde fuera del Tribunal, en un intento por recuperar influencia a través de sus antiguos cuadros operativos. No es casual que, de acuerdo con versiones internas, se busque alterar el equilibrio del recién creado Órgano de Administración Judicial, el cual concentra la gestión financiera del Poder Judicial del Estado.

El movimiento tendría un propósito político y financiero de alto alcance: recuperar el control de los recursos que ahora están bajo la supervisión del nuevo órgano y, con ello, reinstalar una red que durante años operó con discrecionalidad y opacidad.

La gobernadora Rocío Nahle García ha seguido el tema con atención. Quienes le conocen saben que entiende el fondo de esta disputa: no se trata solo de un conflicto burocrático, sino de un intento por mantener estructuras de poder que se resistieron al cambio.

El tablero judicial veracruzano está en movimiento. Y aunque algunos creen jugar con ventaja, las fichas ya no se mueven como antes. En el nuevo escenario, la transparencia no es una opción, sino la única salida.

@luisromero85