Luis Alberto Romero

 

En materia de rendición de cuentas, uno de los organismos que mejor resultado obtuvo en la fiscalización del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) correspondiente al ejercicio 2024 fue el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Las auditorías practicadas al instituto —encargado de administrar los fondos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado— concluyeron que no existe daño patrimonial ni perjuicio alguno a la hacienda pública, un resultado que refrenda la solidez administrativa de la institución.

Este desempeño no es nuevo. Durante los últimos seis años, el IPE ha mantenido un historial limpio en las revisiones del ORFIS, lo que demuestra una gestión responsable y transparente de los recursos públicos. Detrás de estos resultados está el trabajo que inició bajo la dirección de Daniela Griego Ceballos, actual alcaldesa electa de Xalapa, y que hoy continúa con eficacia bajo el liderazgo de Luis Octavio Hernández Lara.

El dato es especialmente relevante si se considera que el IPE administra nómina cercana a los 900 millones de pesos mensuales, recursos que constituyen el patrimonio de miles de pensionados y jubilados veracruzanos.

La confianza en el IPE no se construyó de la noche a la mañana: es el resultado de años de disciplina financiera, transparencia y apego a la legalidad. En un contexto donde la fiscalización pública suele revelar irregularidades en diversos entes estatales, el Instituto de Pensiones destaca como un modelo de administración responsable y rendición de cuentas.

Hoy, los pensionistas pueden tener la certeza de que sus recursos están seguros y en buenas manos. En tiempos en que la honestidad institucional es más necesaria que nunca, el IPE demuestra que la eficiencia y la transparencia sí pueden ir de la mano del compromiso social.

De acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), durante la solventación del pliego de observaciones derivado de la Cuenta Pública 2024 se habría logrado el reintegro de 54.5 millones de pesos a las arcas estatales.

Según el informe, esos recursos —presuntamente recuperados de los entes fiscalizables— se distribuyen de la siguiente manera: 137 municipios reintegraron 53.9 millones, seis entes paramunicipales devolvieron alrededor de 141 mil pesos, y 13 entes estatales, unos 490 mil pesos.

El ORFIS también reporta que entre 2011 y 2024 se habrían recuperado en total 2,176.8 millones de pesos, y que tan solo entre 2014 y 2016 se reintegraron más de mil 100 millones. En teoría, esa cifra reflejaría el éxito del órgano auditor en su labor de fiscalización y el nivel de daño patrimonial detectado entre dependencias, organismos y fideicomisos que manejan recursos públicos.

Sin embargo, las cifras no cuadran. El pasado lunes, el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, desmintió categóricamente la versión del ORFIS. En conferencia de prensa aseguró que el Gobierno del Estado no ha recibido los montos que el órgano reporta como recuperados:

“El recurso no está depositado ni en Sefiplan ni en ninguna otra dependencia. Lo que existen son juicios en curso con posibilidad de recuperación, pero no hay un solo peso ingresado… son procesos que pueden durar 10 o 15 años”, aclaró el funcionario.

La contradicción entre el ORFIS y la Sefiplan deja al descubierto un tema delicado: si no hay constancia de esos reintegros, ¿en qué se basan las cifras del órgano auditor? ¿Se trata de recursos efectivamente devueltos o de simples proyecciones contables?

Más allá de las cifras, el señalamiento del secretario de Finanzas obliga a la titular del ORFIS a transparentar con precisión el origen, destino y comprobación de esos supuestos recursos recuperados.

Veracruz no necesita reportes optimistas, sino resultados verificables, porque en materia de fiscalización, los números no deben presumirse: deben comprobarse peso por peso.

@luisromero85