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Lunes 22 de abril de 2024
… Y si las causas no ceden, peor para ellas….

Actualizado: 2023-12-19

… Y si las causas no ceden, peor para ellas….


Por: Efraín Quiñonez León


19 de diciembre de 2023


Tiro Libre


¿Cómo puede revertirse una tendencia creciente en los índices de la violencia en el país? En verdad, no se trata solamente de aplicar una medida que, como política pública, pueda erradicar los altos índices de criminalidad en todo el territorio nacional. Se requieren un conjunto de medidas en torno a la producción, consumo y tráfico de las principales drogas que circulan a escala global. Por lo tanto, se trata de o debiera ser, una acción concertada entre las nacionales del mundo. Tal articulación es muy difícil que pueda darse, aunque iniciativas en este sentido no han faltado. La iniciativa Mérida, por ejemplo, fue un ejemplo de esto que terminó en un desastre.


En México, el presente gobierno ha sido crítico de las acciones que se han tomado en gobiernos anteriores al respecto. En lo particular, se ha centrado básicamente en debatir y descalificar la estrategia seguida en el gobierno del expresidente, Felipe Calderón. Es verdad que en el tema de la seguridad pública y la inopinada guerra contra las drogas de ese gobierno hay poco que pueda respaldarse, cuando el sexenio terminó con más de 120 mil muertos reconocidos oficialmente (Expansión política, https://politica.expansion.mx/presidencia/2023/07/25/homicidios-dolosos-en-el-sexenio-amlo-celebra-reduccion).


El presidente López Obrador ha insistido durante su mandato que se deben atender las causas de la violencia, cosa que ha resumido en la frase pacifista de “abrazos y no balazos”. En el plano discursivo es verdad que la frase puede tener un efecto narcotizante en la ciudadanía que, en el estado de indefensión en la que se encuentra y el alto grado de vulnerabilidad a que está sujeta por el control del territorio que las organizaciones criminales tienen, un llamado de este tipo no puede sino ser aplaudido y respaldado. Pero de buenas intenciones está plagado el camino hacia el infierno, reza un dicho muy popular entre los mexicanos. Falta poco para que este gobierno concluya su periodo y bonhomía hecha política pública para pacificar al país ha resultado punto menos que ineficaz. De acuerdo con fuentes oficiales, el número de homicidios en el actual sexenio asciende a más 156 mil fallecidos y la cifra seguirá creciendo en los últimos meses antes de que concluya (Expansión política, https://politica.expansion.mx/presidencia/2023/07/25/homicidios-dolosos-en-el-sexenio-amlo-celebra-reduccion).


Otro de los ejes con que se ha pretendido disminuir la violencia en el país ha sido la atención a los jóvenes. Se ha dicho reiteradamente que a los jóvenes hay que darles mucho amor, entretenerlos con actividades, abrir espacios educativos para todos ellos y, también, ofrecerles la posibilidad de capacitación para el trabajo. Por cierto, más allá de lo apropiado o no de semejantes acciones, hoy en día se criminaliza y revictimiza a este segmento de la población porque, según esto, se ha venido incrementando el consumo interno de drogas. Bajo esta lógica es que se descalificó y violentó la imagen de los jóvenes de Celaya que hace unos días fueron literalmente masacrados por una de las organizaciones criminales que operan en ese territorio. En los últimos días, tanto las instituciones judiciales, como los propios padres de las víctimas, han desmentidos que los jóvenes fuesen consumidores de drogas. Es más, los exámenes toxicológicos practicados a los muchachos asesinados indicaban, según el fiscal del Estado de Guanajuato, que los cuerpos no presentaban rastros de droga alguna.


El programa insignia enfocado a las juventudes, Jóvenes construyendo el futuro, ciertamente ha contribuido a que muchos jóvenes que se les cancelaron las oportunidades de estudio tuvieran la posibilidad de un ingreso; al mismo tiempo en que se capacitan para determinados oficios. Pese a las imperfecciones o las dificultades de su implantación, no está mal que un programa de esta naturaleza ofrezca una alternativa, pero es difícil que prospere en el complejo contexto en que están inmersos los jóvenes de hoy en día. Solamente por mencionar un elemento que complica el panorama hay que tomar en cuenta el tema del embarazo adolescente y las dificultades derivadas de la paternidad a muy corta edad que, como ya se ha estudiado, reduce las posibilidades de insertarse en el mercado laboral con buenos ingresos y, antes al contrario, reproduce el circulo indeseable de la pobreza. En ese sentido y dado que nos encontramos en plena revolución tecnológica que implica retener a los jóvenes en los espacios educativos para procurar la capacitación que los habilite en torno a las exigencias del nuevo entorno laboral, nos encontramos en un escenario poco alentador y un futuro que no es tan prometedor como se quisiera.


Atender las causas de la violencia es otro de los ejes que este gobierno ha propuesto a fin de revertirla. Independientemente de lo que se interprete acerca de cuáles son esas causas y el remedio ya no para erradicar el flagelo de la violencia sino tan sólo para disminuir el número de asesinatos, es más que evidente que, aunque haya voluntad para atacar las causas, estas no han podido ser resueltas. Es verdad que este panorama tan adverso y cruel no puede resolverse en un sexenio, pero era más que deseable que al menos algo adicional se hiciera para detener la crisis humanitaria que hoy padecemos tanto por los muertos, como los desaparecidos.


El Ejército se ha convertido en el principal socio-constructor y operador de empresas del Estado, de ahí que se hayan descuidado sus labores inevitables en torno a la seguridad pública. Por estas razones es que tenemos un escenario así de complejo y muy complicado abandonar este escenario tan siniestro.


Suponiendo que las principales causas de la violencia son la pobreza y la desigualdad social, es verdad que este gobierno ha atacado esos problemas por diferentes vías. Ha aplicado políticas neoliberales de reducción del gasto del gobierno para redirigir los recursos hacia proyectos de desarrollo (el Tren Maya y la construcción de aeropuertos, entre muchas obras llevadas a cabo por este gobierno) que han estimulado el empleo principalmente en el sur del país. También, se ha obligado al gran capital nacional y extranjero que opera en el país a pagar sus contribuciones fiscales. Igualmente, como no ocurría desde hace más de 30 años, ha habido incrementos a los salarios mínimos, lo cual desde luego ha beneficiado a muchas familias. Nos ha favorecido, además, un entorno económico que ha estimulado las inversiones en el país, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y la subsecuente relocalización de empresas en México. En ese mismo sentido, nos ha favorecido económicamente el hecho de que no solamente se mantengan las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, sino que incluso se incrementen.


Otro elemento que se puede apuntar es el combate a la corrupción, pero salvo algunos casos emblemáticos y que han acaparado la atención de la prensa, lo cierto es que esto ha operado sobre la base de la destrucción de las instituciones que podrían haber contribuido más a evitar estas conductas dentro y fuera del gobierno. Peor aún, la situación podría calificarse de grotesca si nos atenemos a que el principal traficante de influencias estaba a un lado de la oficina del presidente, el exjefe de la consejería jurídica de la presidencia.


Si aceptamos que todo esto se ha hecho con el fin de atender lo que está originando la violencia en el país, es obvio que existe un entorno económico que, en teoría, está atacando las causas casi exclusivamente orientadas a resolver el problema de la pobreza y la desigualdad social. Por lo tanto, nos encontramos en la paradoja de que existen “condiciones materiales inmejorables”, pero el contexto de la criminalidad y la violencia no ceden y, al contrario, la tendencia ha sido al incremento de la inseguridad. No nos queda más remedio que aceptar que el diagnóstico falló y, por lo tanto, la estrategia resultó inadecuada para un problema que rebasa las capacidades estatales de brindar seguridad a su población.

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