Yamiri Rodríguez Madrid

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) volvió a encender las alarmas: en la segunda entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2024, efectuada el pasado jueves ante la Cámara de Diputados, Veracruz aparece, junto con Chiapas e Hidalgo, entre los estados que concentran la mayor parte de recursos “por aclarar”.

Durante su mensaje, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, reportó 546 informes en esta entrega, 989 acciones (desde recomendaciones hasta pliegos de observaciones) y un énfasis especial en auditorías de desempeño. También subrayó que hay entidades que no registraron montos por aclarar, como Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas, un contraste que deja mal parada a la administración del exgobernador morenista, Cuitláhuac García Jiménez, pues es precisamente lo correspondiente a su último año.

¿Por qué importa tanto en Veracruz? Porque la dependencia de los recursos federales es altísima. En promedio, los gobiernos locales del país financian la mayor parte de su operación con gasto federalizado; las participaciones y aportaciones son dinero que paga alumbrado, patrullas, clínicas, maestros, drenajes. Cuando esos recursos no se comprueban, el golpe no es contable: es social. La ASF, en su documento de marco nacional para 2024, muestra cómo el gasto federalizado programable se concentra en “desarrollo social” (97%) y cómo las participaciones son de libre disposición; ambos renglones son los que precisamente están bajo la lupa.

El rubro más delicado en esta entrega vuelve a ser salud. La nota técnica que acompaña los resultados señala que, a nivel estatal, se identificaron presuntas irregularidades por más de 4,600 millones de pesos, principalmente en servicios de salud. No es casualidad: ahí confluyen compras, padrones de beneficiarios, medicamentos, obra hospitalaria y nóminas. Si quieren aclarar, los dos responsables de llevar ese rubro están despachando como delegados federales: Roberto Ramos Alor en IMSS Bienestar y en el IMSS Veracruz Norte.

Desafortunadamente esta es la misma vergonzosa historia para Veracruz sexenio tras sexenio. La memoria corta suele exculpar, pero el archivo de la ASF no. Entre 2011 y 2016, Veracruz acumuló montos pendientes de solventar, pliegos y denuncias por el manejo del gasto federalizado. Ese informe especial de la ASF, elaborado tras años de auditorías, documentó cómo la entidad recibió más de 98 mil millones de pesos de gasto federalizado solo en 2016 y enfrentó observaciones relevantes en múltiples fondos, como educación, infraestructura social, seguridad, participaciones, además de procesos resarcitorios y denuncias de hechos derivados de simulaciones de reintegros.  Pero los responsables de esos desfalcos, esos nuevos ricos, andan como si nada.

Veracruz, Chiapas e Hidalgo comparten color partidista y, por tanto, comparten también la obligación de demostrar que “no son lo mismo” en materia de rendición de cuentas. Los estados que salieron sin montos por aclarar muestran que sí es posible cerrar brechas de control interno, profesionalizar tesorerías y blindar procesos de contratación. No se necesita inventar el hilo negro, pero sí voluntad para copiar lo que funciona: tableros públicos de gasto en tiempo real, compras con trazabilidad abierta, auditorías internas trimestrales y sanciones efectivas a los que hacen trampa, pero, sobre todo, contar con gente honesta en la función pública.  

@YamiriRodriguez