Yamiri Rodríguez Madrid

 

Contrario a los tropiezos que se han visto a nivel federal tras la elección del pasado 1 de junio, Veracruz ofrece una postal distinta: en apenas tres días se concretó la adscripción de las y los nuevos jueces. No es un detalle menor ni un golpe de efecto; es un síntoma de planeación, capacidad operativa y entendimiento del nuevo arreglo institucional del Poder Judicial. Cuando el resto del país discute cómo aterrizar una reforma que reconfigura equilibrios y rutinas, Veracruz muestra que, si se prepara el terreno, el tránsito puede ser rápido y ordenado.

La clave está en dos vectores que se cruzan. Primero, el rediseño del sistema: el “poder” que antes se concentraba en una sola cabeza —la persona que presidía al mismo tiempo el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura—, se distribuye ahora en cuatro órganos: el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y el Órgano de Administración Judicial. Segundo, la ejecución local: Veracruz replicó el diseño federal tal cual, sin inventar atajos ni excepciones, y lo bajó a operación cotidiana con velocidad y diligencia.

Este doble movimiento tiene efectos concretos. Primero, la profesionalización y tiempos procesales. Asignar en tres días a las y los juzgadores de nuevo ingreso no sólo reduce incertidumbre laboral; acorta el tiempo para que los nuevos equipos se instalen, reciban expedientes y entren en ritmo. En un poder donde cada día de retraso se traduce en rezago, el mensaje hacia dentro es claro: hay reglas, hay calendario y hay responsables.

Segundo efecto es la separación de funciones y controles cruzados. El nuevo arreglo reparte atribuciones: juzgar, disciplinar, conciliar/arbitrar y administrar ya no viven en una sola oficina. Esto reduce incentivos para la discrecionalidad, ordena flujos de trabajo y, sobre todo, clarifica a quién exigirle qué. Cuando cada órgano tiene mandato definido y métricas propias, la rendición de cuentas deja de ser un discurso y se vuelve verificable.

El tercero tiene que ver con la gobernanza y cultura institucional. Que las cuatro áreas estén encabezadas por mujeres no es una nota al pie: imprime un sello de liderazgo que, hasta ahora, ha mostrado coordinación, armonía y foco en resultados. La dinámica entre titulares importa porque el rediseño institucional no se sostiene solo con leyes; exige acuerdos, disciplina y sentido de cuerpo. Si esas piezas se mueven al mismo compás, la maquinaria camina.

Y el cuarto factor es la confianza ciudadana y legitimidad. En un momento en que la conversación pública sobre justicia suele asociarse con conflicto, la ejecución veracruzana proyecta previsibilidad. La ciudadanía no sigue cada detalle técnico, pero sí registra señales: celeridad en nombramientos, claridad en funciones y ausencia de pleitos internos. Esas señales construyen legitimidad.

El contraste con el ámbito federal —donde el aterrizaje ha mostrado más tropiezos— no debería usarse para la confronta, sino como aprendizaje comparado. Si en Veracruz la réplica fiel del diseño y la preparación administrativa habilitaron una transición tersa, ese es el insumo que vale la pena compartir: planeación, reglas claras, cronogramas y coordinación interinstitucional.

Es decir, Veracruz envía un mensaje político y administrativo a la vez: se puede implementar una reforma judicial de alto calibre sin parálisis ni espectáculo. La gobernadora Nahle, sosteniendo la autonomía y proveyendo condiciones materiales, y las cuatro titulares del Poder Judicial, operando con ritmo y orden, han logrado que la nueva arquitectura no se quede en diagrama, sino que se traduzca en funcionamiento. Falta el tramo más difícil —convertir estructura en mejor justicia—, pero el punto de partida es el correcto: instituciones que caminan, roles definidos y una ciudadanía que, por primera vez en mucho tiempo, puede aspirar a ver en la justicia algo más que un debate interminable.

@YamiriRodriguez