Luis Alberto Romero

 

En el Congreso de Veracruz, las diferencias entre el actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista Hernández, y su antecesor, Juan Javier Gómez Cazarín, empiezan a ser cada vez más evidentes.

El actual presidente de la Jucopo denunció que, al revisar las cuentas de 2020, se descubrió que el Congreso pagó casi 7 millones de pesos a la empresa queretana Publicontenidos Kapitel por 50 tabletas.

Este caso tiene un fuerte olor a corrupción, ya que las tabletas adquiridas por el Congreso hace cuatro años costaron 140,000 pesos cada una. Esta cifra resulta absurda, sobre todo si se considera que en la actualidad equipos con tecnología más avanzada tienen un precio de entre 25,000 y 30,000 pesos. Si hoy la Legislatura tuviera que hacer la misma compra, no gastaría más de 1.5 millones de pesos en total.

Para ubicarlo en contexto: el Congreso del Estado de Quintana Roo pagó 2.2 millones de pesos por 25 tabletas: esos equipos incluían un costoso software para la conexión con tableros para la votación electrónica; una característica que no tienen los equipos comprados por la Legislatura de Veracruz.

En resumen, en Veracruz se pagaron 7 millones de pesos por esos 50 equipos, pero sin el software necesario.

Además, las tabletas adquiridas durante la gestión de Gómez Cazarín no cuentan con ningún programa especial. Este es el motivo de la denuncia hecha por Esteban Bautista, quien ha asegurado que el tema es investigado a fondo.

Este asunto, además de una investigación y, en su caso, una denuncia, requiere una solución a las necesidades del Congreso veracruzano. En este sentido, ha trascendido que la Legislatura buscará resolver el tema de los tableros electrónicos de la misma forma en que lo hizo la Cámara Baja del Congreso de la Unión: en lugar de comprar un software, creará uno propio con talento local, lo que reduciría considerablemente los costos.

Sobre este tema, el actual presidente de la Jucopo señaló que se procederá legalmente. Se llamará a cuentas a la empresa mencionada y se llevará a cabo una investigación contra quienes autorizaron la compra.

Por su parte, Gómez Cazarín, ex presidente de la Jucopo, intenta deslindarse con un “estamos limpios”. Asegura que no firmó los contratos y que las adquisiciones estaban a cargo del secretario del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, quien recientemente fue ratificado en el cargo.

Este escándalo tiene nerviosos a los responsables de la administración de la pasada Legislatura, ya que podría ser solo la punta del iceberg de una red de corrupción. En el Congreso, todo parece indicar que se llevará a cabo una revisión minuciosa de las cuentas de los últimos años, con el fin de detectar sobreprecios y otros vicios en los contratos asignados.

@luisromero85