Jueces locales de Veracruz avalaron el envío de varios personajes políticos a reclusorios ubicados a cientos de kilómetros de Veracruz, el sitio donde inició su proceso penal. Los traslados se hicieron a petición de los centros de internamiento, alegando riesgos en la seguridad de los penales.
Uno de estos casos es el de Fabián Cárdenas Sosa. Fue detenido por el delito de secuestro agravado e internado en el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, en Coatepec. Apenas tenía cinco meses de haber ganado la elección como alcalde por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el municipio Lerdo de Tejada, en Veracruz.
Tres días después de su detención, la madrugada del 14 de diciembre de 2021, Cárdenas fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 14 "CPS-Durango", a más de 13 horas en carretera del juzgado donde se llevaba su proceso penal.
La segunda historia es la de Ramón Ortiz, exdirigente regional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Fue detenido en marzo de 2021, por los delitos de ultrajes a la autoridad y contra la salud por posesión simple de narcóticos.
Meses antes, Ortiz había creado la Fundación Grupo Ortiz, que tenía diferentes programas sociales en la zona sur de Veracruz y aspiraba a un cargo de elección por el partido Fuerza por México.
Una vez preso, “el director de Prevención y Reinserción Social” consideró que Ortiz tenía “un grado de peligrosidad alto” y que requería “medidas de seguridad”,
según se lee en un amparo de agosto de 2021, en el cual no se proporciona el nombre del directivo. Por ello, fue trasladado a un penal federal de Guanajuato.
Un tercer suceso es el del exfiscal Jorge Winckler. A la llegada de Cuitláhuac García a la gubernatura del estado, fue acusado por Francisco Zárate Aviña, exescolta del exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, de privación ilegal de la libertad. Zárate aseguró que, en 2018, lo detuvieron e incomunicaron por órdenes de Winckler para obligarlo a revelar el paradero de su exjefe.
A Winckler le imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición de personas. Fue trasladado al Estado de México, por lo que se convirtió en el primer político veracruzano en ingresar al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Por ese lugar han pasado personajes como Ovidio Guzmán, hijo del Joaquín El Chapo Guzmán, y otros capos importantes.
Las personas sujetas a prisión preventiva deberán ser privadas de su libertad en los centros penitenciarios más cercanos al lugar donde se lleve a cabo su proceso, dicta la ley mexicana.
No hacerlo, trae consecuencias graves al derecho para acceder a la justicia, al debido proceso y al contacto con el exterior, explica la organización
Documenta, que analiza problemáticas de las personas privadas de la libertad.
Además, esta sociedad ubicada en Ciudad de México alerta que ese
tipo de traslados tienen un impacto drástico en materia de régimen penitenciario, el cual cambia según las condiciones del nuevo centro.
Como lo resaltó el Subcomité para la Prevención de la Tortura en el marco de su última visita a México, también propician “situaciones de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes”, apunta Maissa Hubert, coordinadora del Programa Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, en un texto titulado Traslados penitenciarios: ¿estrategia de seguridad o aislamiento?
Enviar a políticos incómodos lejos de sus abogados y sus familias es, en algunos casos, una estrategia para entorpecer la defensa jurídica. Además, hace largos y cansados los procesos.
Aunque no son ilegales, la autoridad los justifica alegando cuestiones de seguridad. Sin embargo, su objetivo es “entorpecer la defensa”. Por ejemplo, para recabar una simple firma se debe viajar hasta diez horas hasta el penal, explica el abogado penalista Nicolás Baltazar.
