Asesinos que no eran culpables

La Fiscalía veracruzana encarceló a tres políticos por homicidio. Sin embargo, fueron liberados pues sus acusaciones estaban basadas en “teorías, especulaciones y sospechas”. Los magistrados que otorgaron la libertad concluyeron que nunca hubo pruebas concretas ni testigos directos.
Norma Azucena Rodríguez Zamora fue arrestada por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio al día siguiente de dejar su cargo como diputada federal y perder el fuero que la protegía de detenciones. Era septiembre de 2021.

La Fiscalía General de Veracruz la acusaba de ser coautora intelectual del homicidio de Nicanor Martínez Holguín, excandidato suplente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Tihuatlán. Había sido asesinado a balazos en junio de 2021 cuando transitaba en su automóvil junto a su esposa e hijo, quienes no resultaron heridos. Rodríguez Zamora también había estado casada con él y tenían una hija juntos.

La Fiscalía sostuvo su acusación en las versiones de un testigo de identidad protegida, de acuerdo con la carpeta de investigación. Este dijo que Rodríguez Zamora acudía al reclusorio de Oaxaca para visitar a su pareja, Gregorio Gómez Martínez, y que juntos planearon el asesinato de Martínez, porque tenían rencillas políticas.

Ella había sido regidora de Tihuatlán y era presidenta del consejo estatal del ahora extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD). El testigo dijo que escuchó decir a un tercero que Rodríguez Zamora buscó a los delincuentes, les entregó dinero, vehículo y armas para cometer el crimen.

Ex diputada federal del PRD, Norma Azucena Rodriguez
Tiempo después,
un juez federal y magistrados del Tribunal Colegiado desestimaron las pruebas que presentó la Fiscalía. Expresaron que las acusaciones estaban basadas en “especulaciones”.
Se trata de un patrón que esta historia comparte con otras dos: la de un regidor de Morena y un exsecretario técnico del Senado e integrante de Movimiento Ciudadano (MC).

Los tres políticos fueron acusados de homicidio doloso calificado por la Dirección de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía de Veracruz, pero no pudieron ser vinculados a proceso por falta de pruebas. Todos los imputados salieron en libertad.

Los tres casos fueron resueltos por magistrados de tribunales colegiados, quienes cuestionaron las pruebas aportadas por la Fiscalía de Veracruz debido a que carecían de “lógica racional “y se habían presentado testigos de oídas”. Nunca hubo señalamientos directos. En conclusión, las pruebas estaban sustentadas en “especulaciones y sospechas”.

Además, los magistrados federales calificaron como incorrecto que jueces locales hubieran determinado prisión para los políticos cuando las pruebas eran solo “teorías”. Los expedientes del segundo tribunal colegiado, remarcaron que “no basta con que exista ‘la posibilidad’ sustentada en suposiciones (como teoría), sino que exista la probabilidad de que acontecieron de ese modo, con soporte en los datos de prueba”.

Amparo federal José Manuel del Río Virgen, 101/2022
El regidor electo de Morena por el municipio de Ixtaczoquitlán es Roberto Trinidad de la Cruz. Fue detenido en noviembre de 2021, días antes de tomar protesta. Lo acusaron de homicidio calificado en contra del periodista Jacinto Flores. El crimen había sido cometido en Ixtaczoquitlán en agosto de 2021 por personas armadas, quienes dispararon mientras Flores circulaba sobre el bulevar Reforma de ese municipio.

La imputación de la Fiscalía de Veracruz se basó en testigos protegidos, quienes aseguraron que De la Cruz había amenazado al periodista y el día del crimen manejaba un taxi adelante del vehículo a donde iba la víctima. La narración que consta en el expediente dice: “Al llegar a un alto, el taxi se detuvo, deteniéndose también la víctima y otra camioneta, dejando un espacio de quince metros que fue utilizado por dos vehículos que lo rodearon, de ahí se bajó una persona y le disparó siete veces, privándolo de la vida”.

Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado ratificaron un amparo donde el juez de distrito desestimó los señalamientos de la Fiscalía sobre amenazas en contra del periodista y señaló que los declarantes no presenciaron el hecho.
“Los testigos que corroboraron las amenazas fueron de oídas, en virtud de que no percibieron a través de sus sentidos las amenazas,
sino se los comunicó por ende, sólo podrían inferirse amenazas pero no que participó en la privación de la vida de dicha persona”, se lee en el expediente.

El juez también concluyó que no hubo pruebas en contra del regidor; “por ende, los hechos que refirió la Fiscalía en su argumentación no tienen conexión racional con la conclusión que emitió”.

Amparo Roberto Trinidad, 182/2022
El tercer caso es el de José Manuel del Río Virgen. Era secretario técnico de la Cámara de Senadores cuando, en diciembre de 2021, fue detenido por el homicidio de Remigio Tovar, un candidato de MC a la presidencia municipal de Calzones que había sido asesinado el 4 de junio, dos días antes de la elección.

Del Río Virgen había sido alcalde de Tecolutla, exdiputado federal y miembro destacado de MC, el partido de mayor crecimiento en los últimos años en Veracruz.

José Manuel del Río Virgen, Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado.
La teoría de la Fiscalía era que Del Río Virgen planeó el asesinato de Remigio Tovar para colocar a Omar Ramírez como candidato suplente, aunque no le correspondía, pues había otro suplente: Miguel Ángel Uribe Toral. Centró su teoría en que Del Río era integrante de la comisión nacional de elecciones del partido y tenía la capacidad para elegir al sustituto.

Testigos protegidos declararon que cuando se inconformaron por colocar a Omar Ramírez como candidato suplente en lugar de Uribe, Del Río, quien era integrante de la comisión de elecciones de MC, les dijo de manera amenazante: “Que dejaran trabajar a Omar y que para todos iba a haber; que Omar iba a ser el presidente, le hicieran como le hicieran”, y entonces según los testigos dijo que era eso o “si querían otro muerto”. Esto fue interpretado por la Fiscalía como una “amenaza velada”. Sin embargo, los magistrados federales señalaron que en la investigación en su contra: “no se atendieron las reglas de la lógica para construir la prueba circunstancial con la cual se pueda tener por demostrada la probabilidad de que el quejoso, haya participado en la comisión del delito”.

Los casos de Norma Azucena Rodríguez, Roberto Trinidad de la Cruz y José Manuel del Río fueron mediáticos por tratarse de personajes públicos acusados de asesinato. Sus detenciones generaron pronunciamientos de sus partidos políticos para exigir la liberación.

Pocos días después de la detención de José Manuel del Río, el Senado creó una comisión para investigar violaciones a derechos humanos en Veracruz. Ello incluyó a personas detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad.

Por su parte, la detención de Rodríguez Zamora provocó indignación en las filas del PRD. En una carta, la Dirección Nacional Ejecutiva del partido expresó:
“La administración de Cuitláhuac García se ha caracterizado por el uso faccioso de las instituciones de impartición de justicia en la entidad en contra de quienes se oponen a su gobierno autoritario.
El caso (…) de nuestra compañera Azucena Rodríguez Zamora, evidencia la planificación detallada para asegurar mantenerla en prisión, ya que la Fiscalía del estado alevosamente la privó de su libertad tan solo horas después de que dejara el cargo como diputada federal”.

Zambrano también alertó que los ataques reiterados en contra de la oposición y de manera particular en contra del PRD en Veracruz se habían recrudecido en los últimos meses. En marzo había sido detenido el exdirigente Rogelio Franco. Meses después, fueron arrestados Gregorio Gómez, entonces candidato a la alcaldía de Tihuatlán por el PRD, y Nicolás Ruiz Roset, excandidato de la coalición Va por Veracruz a la alcaldía de Minatitlán.

En el expediente de Rodríguez Zamora, la Fiscalía relata que el asesinato tenía como móvil la venganza por problemas personales: “La solicitante del amparo (…) es la persona que pudo haber resultado beneficiada económicaente con los hechos delictuosos, porque fue esposa de (…) y tuvo una hija con éste, quien pudo ser la heredera universal, si hubieran fallecido la otra esposa de él y su hijo”.

Sobre esto, el juez de Distrito ratificó lo dicho por un juez federal: que
“la Fiscalía expresó un planteamiento posible de cómo pudieron haber acontecido los hechos, pero era insuficiente que existiera esa ‘posibilidad’, sustentada en meras especulaciones,
porque debía existir la probabilidad de que se llevaron a cabo de ese modo, con soporte en los datos de prueba relatados por la Fiscalía”.

Los magistrados advirtieron al juez de control Francisco Reyes Contreras que los datos de pruebas aportados no eran idóneos ni arrojaban indicios que permitieran sostener la participación de Rodríguez Zamora en el crimen.

Por ello, la autoridad de amparo concluyó que el auto de vinculación a proceso era inconstitucional al no existir datos de prueba que sustentaran la versión de la Fiscalía. Los magistrados ordenaron no vincular a proceso a Rodríguez Zamora, por ende darle la libertad.

Como respuesta, la Fiscalía emitió un pronunciamiento donde reclamó que el juez federal no valoró la constitucionalidad del acto reclamado, con lo cual se ignoró a las víctimas y privilegió a los presuntos responsables.

En los casos aquí descritos, las detenciones no solo provocaron enfrentamientos políticos entre los líderes partidistas. También
en la Junta de Coordinación Política del Senado se habló de persecución política y se rechazó “el abuso de poder, el uso selectivo de la justicia y el uso de la instituciones públicas con fines de persecución”.
Los casos de Norma Azucena y el José Trinidad llegaron hasta la tribuna presidencial desde donde en la sección “Cero impunidad”, se cuestionó al segundo tribunal colegiado quien dio la libertad y se le señaló de no valorar los testigos, videos y dictámenes periciales.

La detención de Del Río Virgen también generó pronunciamientos públicos por parte de senadores y diputados. En marzo, AMLO pidió resolver el caso de conforme a derecho. Finalmente, Del Río obtuvo la resolución de un tribunal colegiado. Los magistrados resolvieron que la acusación de la Fiscalía se basaba en testimonios de terceros, así como en teorías y especulaciones sin una prueba o señalamiento directo.

Tras ocho meses en el penal de Pacho Viejo y haber ganado amparos y logrado que se emitiera una recomendación de derechos humanos sobre los abusos que hubo en su detención, Del Río dice que su detención representa “el abuso del poder de un gobierno que intentó hacer una elección de estado”.

En junio de 2022, Del Río Virgen regresó al Senado. Fue recibido entre aplausos. En entrevista para esta investigación, afirma que siempre supo que saldría libre porque no asesinó a Tovar, a quien reconoce como su ahijado político y un hombre que tenía un gran futuro en la política.

Asegura que su detención tenía un objetivo: “descarrilar el proyecto de Movimiento Ciudadano. Lo que pasó es que Dante Delgado (líder nacional del partido) era proactivo (envió ocho cartas) donde criticó duramente al presidente Andrés Manuel López Obrador y eso les molestó. El más cercano era yo y por eso me meten a la cárcel”.

Hoy, Del Río y el abogado Tomás Mundo encabezan el proyecto Inocencia, que busca sacar de la cárcel a personas que fueron inculpadas injustamente. El primero dice que a la fecha han liberado a 88 personas que estaban en prisión acusadas falsamente y tiene 132 amparos en trámite: “El patrón común de la Fiscalía es hacer crecer la estadística. Están deteniendo gente con la narrativa de que trabajan, pero muchos son inocentes”. Está convencido de que meter a la cárcel a políticos es un mensaje claro: “no se metan. Es una estrategia”.

La causas judiciales en contra de José Manuel del Río y de Norma Azucena fueron representadas por el juez de distrito de Xalapa, Francisco Reyes Contreras, quien sostuvo los casos y fue criticado por magistrados federales de integrar las pruebas de la Fiscalía aunque eran “sustentadas en suposiciones y especulaciones “sin conexión lógica ni racional”.

Investigación: Flavia Morales
Ilustraciones: Bruno Ferreira
Fotografía: AVC Noticias
Diseño multimedia: Francisco Javier Sánchez Barradas
Acompañamiento editorial: equipo Connectas