La situación de Tito Delfín se complicó penalmente conforme pasaron los meses. En mayo de 2022, la Fiscalía pidió prorrogar por seis meses más su sentencia y el juez local avaló la petición. El argumento fue que “tenía niveles altos de sustracción”, representaba “un peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación” y “existía un peligro latente para la comunidad por el hecho que pueda volver a realizar otros ilícitos”.
A través de un amparo, un juez federal revocó esa decisión y criticó al juez veracruzano por no analizar si las consideraciones plasmadas en el dictamen de la subdirección de medidas cautelares eran razonables o estaban apegadas a derecho.
En su resolución, el juez federal Fermín Santiago alertó que los ilícitos por lo que se vinculó a proceso a Delfín no ameritaban prisión preventiva oficiosa. Además, declaró que extender la prisión preventiva violaba sus derechos a la libertad y presunción de inocencia.
Delfín logró salir del Penal de Pacho Viejo, en Coatepec. Pero apenas dio un paso afuera, fue detenido nuevamente, ahora por delitos ambientales.
Lo acusaron de que, como presidente municipal de Tierra Blanca, otorgó la concesión para un relleno sanitario que presentó deficiencia en su operación.
Al día siguiente, la jueza local Mónica Segovia lo vinculó a proceso. Pero la acusación tampoco se sostuvo. El juez federal Ezequiel Santos Álvarez determinó que los datos probatorios eran “insuficientes para sujetarlo al procedimiento” y que “la criminalística de campo y la pericial en materia ambiental resultaron insuficientes para acreditar que el quejoso participó en la comisión de los hechos señalados por la ley como delitos ambientales”.
Así, en octubre de 2023, el juez Santos Álvarez varió la medida cautelar de Delfín para continuar fuera de prisión su proceso penal por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude. Su caso fue expuesto en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en la sección “jueces que liberan delincuentes”.
Delfin sigue un proceso judicial y el liderazgo que tenía ha recaído en su hija Alicia, quien fue candidata plurinominal a diputada local. Él evitó dar una entrevista para este reportaje y se mantiene cauteloso de sus actividades públicas.
Yollí García pasó más tiempo encarcelada. Su defensa jurídica intentó cambiar la medida cautelar de prisión a través de varios amparos federales, pero le fue negada en reiteradas ocasiones. Ello, a pesar de estar enferma y ser operada a corazón abierto. Las fotografías de García convaleciente de la operación con un pie esposado a la cama de hospital generaron indignación nacional.
“Soy una presa política ya que he sido privada de mi libertad producto de una venganza política (…). Han aprovechado todo su poder y el control que tienen sobre el poder judicial local y federal para seguir un proceso atípico en mi contra”, escribió en una carta.
Carta de Yolli García
También dijo que le abrieron otras carpetas de investigación: “Me fueron abriendo una carpeta nueva cada diciembre, era mi regalo de Navidad de parte del gobernador”.
Ante la negativa del juez local de revisar sus medidas, Yollí García interpuso recursos legales hasta que, en un amparo federal, un juez le dio la razón. Revocó la prisión e hizo severos señalamientos al juez local. En el documento se lee lo siguiente:
“el actuar del juez responsable es francamente inconstitucional, ya que evadió analizar cuál era el impacto del estado de salud de la quejosa”.
El juez federal también señaló que el tiempo de García en prisión superaba ya la pena mínima de los delitos que le imputaban, por lo que fue prácticamente era una pena anticipada. Finalmente, fue liberada en julio de 2023.
AMPARO YOLLI GARCIA 553/2022
En distintos foros de Yucatán y Sinaloa, Yollí García ha dicho que, como presidenta del IVAI, en julio de 2019 ordenó que el gobierno de Cuitláhuac García entregara información sobre la compra de 160 patrullas. Después, en octubre de 2019, pidió transparentar las denuncias por el parentesco familiar entre el gobernador y el subsecretario de Finanzas.
También contó que, mientras estuvo en prisión, les pidieron a dos de sus consejeros que renunciaran porque había instrucciones de desmantelar su gestión. “Si renuncian, no la vinculamos a proceso y en la audiencia próxima la liberamos, les dijeron. En un acto de solidaridad, mis compañeros renuncian. Llega la audiencia y no solo me vinculan, sino que estuve tres años y medio en prisión”, relató.
Afirma que su detención tiene que ver con las órdenes que dio para entregar información vía Transparencia que el gobierno de Cuitláhuac García se negaba a dar: “Mi caso tiene que servir, no para que nos dé temor como órganos garantes, sino como ejemplo de lo que no debería pasar, y tenemos el valor de abrir la información pública. Tenemos que hacerla cumplir”.
Este caso es “prueba del uso político de las instancias de procuración e impartición de justicia”,
afirmó Lourdes Morales, del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, durante un foro en marzo de 2023. Asimismo, aseguró que “no solo se está atentando contra los derechos de una mujer, además es un mensaje de mordaza a quienes deben garantizar un derecho fundamental”.
¿Revanchismo político?
En noviembre de 2022, una juez federal pidió variar la medida de prisión para que Bernardo Segura pudiera seguir su proceso en libertad.
El gobernador Cuitláhuac García se pronunció sobre el caso. “Diferimos del criterio que utilizó la jueza Daniela María León (…) en beneficio de Bernardo N (…) vamos a estar muy atentos (…). En el nivel federal, todavía hay algunos jueces que se exceden en favor de los presuntos culpables de corrupción y por eso no se alcanza la justicia, porque en ese eslabón sospechamos que hay complicidades”, dijo en conferencia de prensa en noviembre del 2022.
Por estas declaraciones, el 27 de noviembre del 2022, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación emitió una carta. Dice lo siguiente:
“ofende la exhibición pública e injustificada de las personas juzgadoras federales, por cumplir con su delicada función constitucional de impartir justicia”.
El hermano de Bernardo, Roberto Segura, está convencido de que los jueces y la Fiscalía inventaron carpetas de investigación cuando estaban “a punto de demostrar su inocencia”. Asegura que se trata de “revanchismo político”, porque “no se trata de hacer justicia, quieren retenerlo en prisión”.
La prisión preventiva oficiosa no es la única medida excesiva que un juez puede imponer. El caso de José Alfredo López Carreto, secretario del Ayuntamiento en Actopan, es ejemplo de ello.
En ese pequeño municipio en el centro de Veracruz, el Congreso Local desaforó a José Paulino Domínguez Sánchez, entonces alcalde del PAN, quien había sido acusado de corrupción. Por ello, López Carreto debía reemplazarlo como suplente, pero no fue así, ya que un interino externo ocupó su lugar.
José Alfredo López Carreto, ex funcionario del Ayuntamiento en Actopan,
Cuatro meses después, López Carreto denunció que lo presionaron para renunciar. Un mes más tarde, lo detuvieron por presuntas amenazas contra el periodista Celestino Ruíz, quien fue asesinado en 2019. Aunque López Carreto salió libre al día siguiente, un juez de control le impuso una medida cautelar que le impidió asumir el cargo de alcalde suplente.
En septiembre, un juez federal le concedió un amparo y ordenó no vincularlo a proceso por el delito de amenazas, ya que los testimonios de tres testigos protegidos no coincidían con las declaraciones del familiar del periodista que presentó la denuncia. Además, afirmó que las medidas cautelares impuestas eran excesivas.
“A esta persona la acusaron por un delito de amenazas, el cual no es en contra del servicio público y por eso no le aplica la medida cautelar de inhabilitación para desempeñar un cargo público”, dijo Felipe Fernández, quien en algún momento asesoró jurídicamente a López Carreto. También aseguró que
la acusación tenía como fin separarlo del cargo de secretario del Ayuntamiento, así como de la suplencia a la alcaldía que le correspondía por ley.
El penalista Tomás Mundo, del proyecto Inocencia que busca la liberación de personas encarceladas injustamente, comparte que tiene documentados informes policiales inverosímiles y pruebas inventadas en miles de casos en Veracruz donde hay abuso de la prisión preventiva. “El Estado fábrica pruebas con la complicidad de una Fiscalía sin autonomía y un poder judicial sumiso que encarcela gente sin elementos probatorios”, concluye.
