Xalapa, Ver.- (AVC) Un total de 17 organizaciones civiles denunciaron irregularidades en torno al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México y exigieron a autoridades federales transparencia, información y rendición de cuentas ante los daños ambientales.
A través de un pronunciamiento, las agrupaciones, señalaron que el derrame habría iniciado desde febrero de 2026 en infraestructura de Pemex, y no en marzo, como se informó públicamente.
De acuerdo con la investigación presentada, desde el 6 de febrero se detectaron manchas de hidrocarburos en el mar frente a Campeche. Un día después, arribó a la zona el buque “Árbol Grande”, especializado en reparación de ductos, el cual permaneció durante varios días sobre el ducto identificado como OLD AK C, una línea activa de transporte de crudo.
Durante ese periodo, imágenes satelitales mostraban una mancha de petróleo en expansión, mientras embarcaciones realizaban maniobras en el área. Sin embargo, las organizaciones señalaron que no hubo una alerta pública inmediata, pese a la magnitud del incidente.
Semanas después, el hidrocarburo alcanzó las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, afectando al menos 630 kilómetros de litoral, con impactos en playas, manglares, arrecifes y actividades pesqueras.
En el documento, las organizaciones demandaron a las autoridades federales aclarar desde cuándo tenían conocimiento del derrame, qué ocurrió en febrero en el ducto intervenido y qué acciones se realizaron desde ese momento.
También exigieron que se identifique con claridad a la infraestructura o entidad responsable y se garantice el principio de que quien contamina debe asumir los costos del daño.
Asimismo, solicitaron transparencia sobre los documentos generados conforme al Plan Nacional de Contingencia, así como sobre las medidas de contención, restauración, monitoreo e indemnización en las zonas afectadas.
De igual forma, pidieron informar sobre los estudios de impacto ambiental realizados y si ya existen denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables.
Señalan omisiones y efectos en comunidades
Las organizaciones acusaron que las autoridades no alertaron oportunamente a las comunidades costeras, lo que impidió su preparación ante el arribo del hidrocarburo.
También cuestionaron la versión oficial que atribuyó inicialmente el origen del contaminante a fuentes naturales o a un buque no identificado, al considerar que la evidencia disponible apunta a un incidente relacionado con infraestructura petrolera.
Advirtieron que los efectos del derrame no concluyen con la limpieza de playas, sino que continúan afectando ecosistemas marinos, fauna y medios de vida.
Finalmente, señalaron que el caso plantea cuestionamientos sobre la respuesta institucional ante emergencias ambientales y la obligación de garantizar información, reparación del daño y protección a las comunidades afectadas.
"Lo que está en juego no se limita a esclarecer un derrame. Están en juego los proyectos de vida de las comunidades pescadoras, ecosistemas vulnerables y enriesgo, así como si el Estado tiene derecho a ocultar durante semanas un vertido de gran magnitud, dejar que llegue a las costas sin dar aviso ni reconocer. responsabilidades, dejar a las comunidades sin alerta, sin preparación y sin protección, y presentarse después ante el país con una versión que la evidencia ya desmintió", finaliza el pronunciamiento.
El pronunciamiento fue respaldado por 17 organizaciones civiles, entre ellas Alianza Mexicana contra el Fracking, Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), CartoCrítica, Geocomunes, TerraVida y Wildlands Network.
