Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) El aumento al pasaje ya se cobra en distintas zonas de Veracruz, pero el proceso legal que debe respaldarlo no está completo. Mientras usuarios reportan alzas en Xalapa, rutas regionales y la conurbación Veracruz–Boca del Río, la publicación oficial de las nuevas tarifas en la Gaceta del Estado —paso necesario para que surtan efectos jurídicos— sigue pendiente, lo que ha abierto dudas sobre la validez de los cobros.
En Veracruz, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado, la facultad para autorizar y regular las tarifas corresponde al titular del Poder Ejecutivo, atribución que ejerce a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección General de Transporte del Estado. El artículo 139 de la misma ley establece que es el Gobierno estatal, por conducto de la SSP, quien fija, revisa y, en su caso, modifica las tarifas conforme a estudios técnicos.
La legislación también define cómo deben integrarse esos costos. El artículo 142 señala que las tarifas deben cubrir gastos de amortización, conservación y operación del servicio, la conformación de fondos de reserva y una utilidad considerada justa, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas de los usuarios.
El mismo precepto vincula los posibles incrementos con el índice inflacionario reconocido por el Banco de México, bajo una fórmula que, en términos generales, ajusta montos de manera gradual, comúnmente en rangos de 50 centavos, salvo casos en que el resultado supere un peso y la Secretaría determine un aumento mayor.
Además, el Consejo Técnico Estatal del Transporte debe integrar cada año un catálogo de conceptos que incidan en la rentabilidad del servicio, a fin de proponer criterios que permitan mantener el equilibrio financiero sin afectar la calidad, seguridad y continuidad de la prestación.
La ley también es clara en que las tarifas deben aplicarse de manera uniforme a todos los usuarios y que pueden establecerse descuentos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, previa solicitud y análisis ante la Dirección de Transporte.
La norma prevé sanciones cuando se altera la tarifa establecida. El artículo 132 contempla incluso la suspensión temporal de derechos derivados de una concesión cuando se modifique el cobro autorizado, lo que implica que un aumento aplicado de manera unilateral puede derivar en medidas administrativas.
Para que un ajuste tarifario surta efectos frente a la población, no basta con que exista una autorización interna. La Ley de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz establece que en ese medio se publican leyes, decretos, acuerdos y disposiciones administrativas de observancia general que deban producir efectos jurídicos.
Un acuerdo que modifica la tarifa del transporte encuadra en esa categoría, ya que impacta a todos los concesionarios y usuarios, por lo que su publicación es el instrumento que otorga certeza jurídica.
El contexto actual muestra un escenario mixto. En Xalapa, la gobernadora Rocío Nahle García reconoció que su administración autorizó el aumento del pasaje urbano de 9 a 12 pesos en tarifa general y de 6 a 7 pesos en la preferencial para estudiantes y adultos mayores, bajo el argumento de que durante más de una década no se había actualizado el costo y que los concesionarios presentaron análisis financieros que reflejan mayores gastos de operación.
Sin embargo, en rutas que conectan a la capital con municipios cercanos también se reportaron alzas, como el trayecto Xalapa–Coatepec que pasó de 11 a 15 pesos y Xalapa–Teocelo de 24 a 32 pesos, lo que generó inconformidad entre usuarios que dependen del servicio de manera cotidiana.
En la zona conurbada Veracruz–Boca del Río se han señalado cobros de 12 pesos como tarifa única, pese a que la autoridad estatal ha indicado que el ajuste reconocido aplica únicamente en Xalapa, por lo que otros casos serían objeto de revisión por parte de la Dirección de Transporte.
El historial de aumentos muestra que las actualizaciones no han sido frecuentes. Antes del ajuste reciente, en 2014, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, se fijó el pasaje general en 9 pesos y la tarifa preferencial en 7 pesos, tras una actualización previa en 2011.
El nuevo incremento ocurre después de aproximadamente 11 años sin cambios formales en la capital.
Así, el debate actual no se centra solo en el impacto económico del aumento, sino en el cumplimiento del procedimiento que marca la ley: estudios técnicos, autorización estatal y publicación oficial. La falta de claridad en alguno de estos pasos alimenta la inconformidad social y la discusión sobre la legalidad de los cobros que ya se aplican en el servicio diario.
