Xalapa, Ver.- (AVC) La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, negó que exista persecución contra periodistas o comunicadores en Veracruz y sostuvo que las órdenes de aprehensión se utilizan únicamente como un mecanismo legal para presentar a personas ante un juez por hechos determinados.

“No se persigue a personas, sectores, grupos ni profesionales, mucho menos a periodistas ni comunicadores. Cuando se habla de una orden de aprehensión, esta es única y exclusivamente un medio de conducción ante un juez por determinados hechos”, afirmó.

Explicó que es el Poder Judicial el que define la clasificación legal de los delitos. “El juez es quien precisa en el auto de vinculación a proceso por qué delito se va a proseguir el proceso”, señaló.

Caso Rafael León Segovia

Al referirse al caso del periodista Rafael León Segovia, Jiménez Aguirre aclaró que la vinculación a proceso no está relacionada con su actividad profesional. “Quedó muy claro que se le vinculó por los delitos contra las instituciones de seguridad pública y encubrimiento por favorecimiento, y se le fijó una medida cautelar por la cual continúa sujeto al proceso”, indicó.

 Reiteró que no puede hablarse de una persecución sistemática. “Esta fiscalía respeta el ejercicio profesional de los periodistas y comunicadores, cuya labor es ética y fundamental para mantener informada a la sociedad”, sostuvo.

El periodista Rafael León Segovia, reportero de nota roja en la región sur de Veracruz, fue detenido el 24 de diciembre tras ser acusado inicialmente por el delito de terrorismo. Posteriormente, un juez lo vinculó a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, por lo que se le impuso como medida cautelar un año de arresto domiciliario, resolución que generó atención y debate público por tratarse de un comunicador en funciones.

 Investigación por el asesinato de Carlos Castro

En cuanto a la investigación por el asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido en Poza Rica, la fiscal informó que se abrieron dos carpetas de investigación: una por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas y otra por la Fiscalía regional por delitos diversos.

Detalló que se desplegaron grupos de policías ministeriales de ambas áreas y que las investigaciones continúan en integración. Reconoció que existen dificultades técnicas, como el acceso a información de telefonía, pero aseguró que las indagatorias se realizan de forma puntual y exhaustiva.

 Jiménez Aguirre señaló que, aunque no puede revelar líneas de investigación en curso, la Fiscalía mantiene el compromiso de investigar con rigor todos los casos. “No solo cuando se trata de periodistas, sino en cualquier asunto donde haya una víctima; esa es una obligación institucional”, concluyó.

El periodista Carlos Castro fue asesinado en Poza Rica, en un ataque armado ocurrido cuando se encontraba en un restaurante.