Xalapa, Ver.- (AVC) Diputados locales de oposición rechazaron la iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle García que plantea destinar 65 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje a proyectos de infraestructura y retirar voz y voto a prestadores de servicios en su manejo. El dictamen se votó este lunes en el Congreso del Estado de Veracruz, en Xalapa.

Durante el Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el pleno analizó un proyecto de decreto que reforma artículos del Código Financiero y modifica la operación del comité técnico que administra el gravamen, estimado en 65 millones de pesos para 2026.

La diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdoba, señaló que Veracruz ocupa el quinto lugar nacional en ocupación hotelera y servicios, por lo que el turismo sostiene una parte relevante de la economía. Indicó que excluir a prestadores de servicios de la toma de decisiones limita el desarrollo del destino y genera incertidumbre. Añadió que el dictamen no especifica los proyectos de infraestructura ni su finalidad.

El diputado del grupo mixto Veracruz Nos Une, Héctor Yunes Landa, afirmó que la iniciativa rompe el carácter participativo del presupuesto del impuesto, al excluir a empresarios turísticos del consenso regional. Sostuvo que existe un plan operativo anual que vigila la aplicación del recurso en promoción y difusión, y rechazó un manejo discrecional por parte del sector.

La diputada del PAN, Índira Rosales San Román, indicó que el dictamen no menciona que los recursos se destinen a una escuela de servicios turísticos en Boca del Río. Reiteró que el Impuesto al Hospedaje debe enfocarse en promoción turística y que la infraestructura corresponde a la SIOP, la cual cuenta con presupuesto asignado por el Congreso.

La iniciativa plantea un cambio en la administración del Impuesto al Hospedaje que redefine el destino del recurso y la integración del comité técnico. El proceso legislativo continuará con la discusión de alcances y ajustes, mientras los grupos parlamentarios mantienen posturas encontradas sobre participación y uso del gravamen.