Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) Tras la protesta frente al Palacio Legislativo y una marcha que partió desde el centro de Xalapa, los sindicatos del Poder Ejecutivo fueron recibidos en el Congreso del Estado, donde no obtuvieron ninguna resolución sobre la iniciativa que reforma la Ley Estatal del Servicio Civil y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  

En lugar de ello, los enviaron a negociar con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, sin garantías de que la propuesta será retirada o modificada.

 Las dirigencias reclamaron que la iniciativa fue presentada formalmente por el diputado morenista Juan Tress Zilli, pero en realidad —les confirmaron durante la reunión— fue elaborada por el ex diputado local y actual secretario de Trabajo, Arturo Santiago Martínez, lo que detonó mayor inconformidad entre las organizaciones sindicales. 

“Nos dijeron que ya no fue de Juan Tress, que fue del secretario del Trabajo. Digo, entonces nada más la presentó el diputado y aquí nos dijeron que fue el secretario quien la hizo”, señaló el secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo, Acdmer Antonio Galicia Campos, al concluir el encuentro.

El representante cuestionó que, aunque la iniciativa afectaría directamente la vida interna de los sindicatos, las reformas se han negociado entre funcionarios del Gobierno sin participación de las bases. 

“Los sindicatos, ¿en dónde estamos para poder coordinarnos con el Congreso a crear una ley que nos beneficie a todos?”, expuso al señalar que de ser aprobada podrían desaparecer los sindicatos que no sean “afines a la administración” estatal. 

El grupo exigía que el Congreso declarara la iniciativa sin efecto y se abrieran mesas de trabajo formales. Sin embargo, en la reunión les informaron que no sería así. 

“Nos están mandando con el secretario de Gobierno… lo que queríamos era que de aquí se nos informara que la iniciativa quedaba sin efecto”, expresó Galicia Campos.

Las organizaciones insisten en que la propuesta vulnera derechos laborales —particularmente en materia de seguridad social, estabilidad y registro sindical— al trasladar al Poder Ejecutivo funciones que hoy corresponden al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.