Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval ) Tonatiuh Paredes Rangel, secretario general del Sindicato Independiente de Regeneración Magisterial (SIRMA) quien junto con otras siete organizaciones sindicales tienen bloqueada la Secretaría de Educación advirtió que si el objetivo es regresar maestros comisionados a sus aulas, deberían empezar por los sindicatos mayoritarios y no por ellos que apenas representan el 1% de comisionados.

El secretario general dijo en entrevista para AVC Noticias recordó que las manifestaciones iniciaron el lunes a las 6:00 de la mañana y se han extendido a diversos edificios en Xalapa, así como a 11 delegaciones regionales en el estado. Aseguró que el conflicto surge de la centralización de procesos en la oficina de la titular de la SEV, lo que ha generado retrasos en pagos, órdenes de presentación y movimientos de personal.

El dirigente sindical denunció que, en lugar de abrir el diálogo, las autoridades han respondido con intentos de intimidación. El martes, un notario público acompañado de dos funcionarios intentó entregar documentos en los que se les instaba a regresar a sus centros de trabajo bajo el programa "Maestro al Aula", lo que Paredes consideró una represalia selectiva contra su sindicato.

“El problema no es el programa, sino que lo están utilizando para presionar solo a nuestras organizaciones, cuando hay cientos de comisionados en otros sindicatos que no están siendo tocados”, afirmó.

Además, acusó que la secretaría de Educación ha difundido información falsa sobre los ingresos de los líderes sindicales para desacreditar el movimiento. “Se está desviando la atención de nuestras demandas. Decir que yo y mi familia ganamos un millón de pesos al mes no solo es una mentira, sino que nos expone a la delincuencia”, advirtió.

Quieren acomodar a sus allegados

Paredes Rangel, acusó que la intención de que maestros comisionados regresen a las aulas es lograr que las más de 200 personas que llegaron con la actual administración de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ocupen sus lugares.

El líder sindical afirmó que muchos de los docentes fueron comisionados porque enfrentaron temas de inseguridad o de salud.
“Muchos de ellos llegaron por temas de inseguridad, por temas de salud, entonces muchos no tenemos a dónde llegar a una escuela y nos adscriben a un centro de trabajo administrativo. Muchos han hecho vida con base en el punto laboral donde están y pueden llegar a tener clave de docentes”.

Por ello dijo que la intención de que muchos de ellos vuelvan a las aulas no tiene que ver con la educación de los menores sino con colocar a más de 200 personas que habrían llegado con la nueva administración. “Son más de 200 personas que vienen a sustituir a quienes quieren mandar a las aulas”, dijo.

Paredes Rangel señaló que además se tienen paradas más de 400 plazas de educación básica y más de 20 mil horas para educación secundaria, debido a que la titular de la SEV, Claudia Tello, insiste en autorizar cada uno de los trámites.

“El presupuesto y las plazas existen y solo hace falta que se asignen. La secretaria quiere autorizar todos los trámites y como no ha autorizado que se corran las cadenas, o que los sindicatos hagan propuesta todo está en un ‘cuello de botella’ en su oficina. Ya movió a una Oficial Mayor, a tres jefes de asesores y jefes intermedios, entonces ¿Cuándo nos vamos a poner a trabajar?”.

Comentó que un trámite que se puede hacer en uno o dos días actualmente tarda hasta mes y medio.  “Casi hay que entrar de rodillas a la Secretaría para ver si nos atienden, no puede continuar”.

Recordó que el programa Maestro al aula inició para regularizar a los trabajadores que hacían funciones administrativas al interior de la SEV, no por el tema de comisionados sindicales.

“La represión se quiere dar solo para nuestras organizaciones y si tenemos que irnos a las aulas nos vamos, pero que empiecen con el 98 por ciento del personal porque nosotros representamos apenas el 2 por ciento. Desvirtúan la información para desviar la atención de todos los argumentos que nosotros tenemos”.

Cuestionado sobre la supuesta sanción que recibirían si mantienen la protesta y no vuelven a dar clases, dijo que para hacer eso tendrían que sancionar a todos los comisionados, empezando por los sindicatos mayoritarios.

“Para sancionarme a mí tienen que sancionar a los cientos de trabajadores que estamos en la misma condición laboral y tienen que empezar con las organizaciones mayoritarias, sino lo hacen así será un acto discriminatorio, intimidatorio y si no es así vulneran derechos humanos y laborales”.

Familiares sí son titulados, no obtuvieron cargos por rifas, afirman

También se le preguntó sobre las acusaciones de tener sueldos superiores a los 40 mil pesos mensuales y dijo que al dar a conocer ese tipo de información errada ponen en riesgo a los maestros.

“Nos está exponiendo al permitir que su gente o ella misma corra esas informaciones que no son ciertas. Es una acusación muy grave ante la delincuencia organizada, a mí en cualquier momento me puede volver a pasar lo que ya me pasó hace algunos años, cuando fui víctima de la delincuencia organizada. Yo también puedo pedir el inicio de un procedimiento legal para que se investigue quién está dando datos imprecisos y erróneos de los nombres de mis hijos, de mi esposa, de las personas que trabajan conmigo, y de los salarios que aunque no son reales, nos exponen”.

El líder sindical aceptó que hay familiares suyos docentes pero afirmó que a diferencia de algunos políticos que obtienen sus puestos por rifa o tómbola, pues en el caso de sus familiares están titulados y han trabajado por obtener el cargo que tienen.
“Exhortaría a la gobernadora a que nos escuche, que exista una mesa de diálogo, le podemos poner en la mesa nuestros salarios, desde cuándo trabajan nuestros hijos, que sí son profesionistas, que son titulados, que no se sacaron los trabajos en una rifa o tómbola como su nieta diputada”, dijo.

Comentó que además tiene pruebas de que durante una reunión con la titular de la SEV el pasado 30 de enero esta le advirtió que lo enviará a la cárcel y que tiene órdenes  de investigar a su familia.

“Dice que a un servidor me va a meter a la cárcel porque firmo documentos en donde solicito la atención y liberación de pagos, de órdenes de presentación y que ellos sin argumento paran por meses; se molestan y dicen que me van a meter a la cárcel. Ella asegura que la Gobernadora le instruyó investigar a mi familia. La señora se equivocó de puesto porque aquí estamos en el ramo educativo no judicial, está más preocupada por eso que por atender las demandas laborales”.

Señaló que el estatuto de su sindicato no le prohíbe tener en las carteras principales a familiares, pues recordó que los status fueron avalados por el Tribunal de Conciliación.

“Dice que beneficie a mis hijos, cuando ellos venían trabajando desde 2018, cuando yo no existía con el sindicato, es una barbaridad, una tontería porque solamente da patadas de ahogada Claudia Tello”.

Por ello, insistió en que las amenazas de sanciones son para evitar que sigan protestando, y criticó que Tello Espinosa “dejó la senaduría para venir a entorpecer el funcionamiento de la Secretaría”.

Advirtió que este miércoles siguen tomadas las 11 delegaciones regionales y que “pueden mantener la protesta los días que sean necesarios”.