Xalapa, Ver.- (AVC/Valeria Ramos) En Veracruz 135 Órganos Internos de Control de ayuntamientos no presentaron investigación en contra de irregularidades detectadas en las cuentas públicas de sus ayuntamientos a pesar de tener orden de hacerlo, revela el informe de seguimiento de las observaciones y recomendaciones de las cuentas públicas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis).
Se trata de las cuentas públicas del 2018 a 2022, donde el Orfis notificó a los titulares de los Órganos Internos de Control de los ayuntamientos las observaciones de carácter administrativo y, en su caso, las recomendaciones para que iniciaran una investigación, y en su caso determinar sanciones administrativas o incluso amonestaciones, pero esto no se ha cumplido.
Por ejemplo, derivado de la cuenta 2022, los ayuntamientos iniciaron 123 investigaciones de las cuales solo se han determinado tres informes de presunta responsabilidad administrativa, y se han impuesto en seis ayuntamientos, 22 amonestaciones privadas. Pero en 36 casos las investigaciones no se han iniciado.
Es el caso del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales quien informó en febrero pasado que “las observaciones están atendidas y justificadas, pero subsistentes”, sin presentar documentación de los procedimientos administrativos correspondientes.
También se citó los casos de ayuntamientos como Coyutla, quien no informó el número de expediente ni fecha de inicio, Cosoleacaque, San Rafael, Tuxpan y Zongolica, por mencionar algunos que tuvieron irregularidades administrativas que no están siendo investigadas.
Cuestionada sobre el tema, la auditora general, Delia González Cobos dijo: “ hemos insistido en que tenemos que dar la capacitación a los OIC, sin embargo, todavía hay muchos casos en los que pues se requiere un marco jurídico distinto para que ellos puedan tener responsabilidades sobre el ejercicio del cargo”.
La funcionaria dijo que está información de seguimiento la tiene el congreso local, y es quien debe sancionar o llamar la atención a estos órganos por no iniciar las investigaciones que corresponden. También son los ayuntamiento quienes deben iniciar las investigaciones, pero hasta ahora no se ha notificado ninguna.
La auditora dijo que en estos casos es necesaria una normatividad más clara, porque el Orfis no tiene la facultad de corregir esto y la obligación recae en los ayuntamientos “Aquí hay un vacío legal que se debe de revisar”, consideró.
