Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, negó que se hayan desistido de las denuncias contra ex funcionarios del bienio panista por el tema de irregularidades en la instalación del sistema de videovigilancia.

Entrevistada sobre los rumores en torno a presuntos acuerdos de la familia Yunes con Morena, a cambio de eliminar carpetas de investigación en su contra, la auditora aseguró que el Orfis no se ha desistido de las denuncias presentados por la instalación de ese sistema en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Recordó que hay incluso giradas órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios pero aclaró que “no le pueden decir” a la Fiscalía General de Veracruz “cómo hacer su trabajo”.

“En ningún caso nos hemos desistido, es más no podríamos desistirnos pero la investigación sigue, hay órdenes de aprehensión dictadas ahí pero la Fiscalía tiene sus tiempos y sabe cómo actuar y nosotros no le podemos decir a la Fiscalía cómo hacer su trabajo”.

Hay que señalar que recientemente la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, Leticia Aguilar Jiménez, informó que a más tardar en tres semanas se discutirán la sentencia que inhabilitó a ex funcionarios del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares por el fraude en la contratación del sistema de videovigilancia en el estado.

Dijo que el tema ya se turnó a la ponencia de Responsabilidades Administrativas y que en breve se someterá ante el pleno.

Lo anterior luego de que los ex funcionarios impugnaron la resolución de Sala Regional Centro en la que además de la inhabilitación se les ordenó pagar 700 millones de pesos. 

La sentencia de Sala Regional inhabilitó por 20 años al ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie y tres ex funcionarios más por el daño patrimonial causado en el pago para la instalación del sistema de cámaras de videovigilancia por parte de la empresa COMTELSAT.

Como parte de la sentencia emitida por la Sala Regional Unitaria Centro se determinó que los ex funcionarios están obligados a pagar el daño que asciende a casi 700 millones de pesos.