Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) Familiares de personas desaparecidas solicitaron un amparo ante el séptimo circuito del Tribunal Superior de la Federación tras la eliminación de los datos de sus familiares del Registro Nacional de Búsqueda de Personas. Buscan obligar a la autoridad restituir los datos en el Registro nacional y crear uno en el estado.
Al respecto, la integrante del Colectivo Buscando Nos Encontramos de Córdoba, Olga Lidia Salazar Hernández, narró que los datos de personas desaparecidas fueron eliminados o puestos como confidenciales sin justificación por parte de las autoridades y sin haber consultado a los familiares de las víctimas.
Dijo que en su caso el registro de su hija Marion Ivette Sampayo Salazar, desaparecida el 14 enero de 2011 en Poza Rica, fue puesto como confidencial y los datos de ella como víctima indirecta no aparece, a pesar de que nadie le preguntó si quería que la información fuera confidencial.
“A nosotros nadie nos preguntó si nosotros queríamos que la información se hiciera confidencial (…) Mi hija está como confidencial y tampoco aparece mi nombre (…) Ellos dicen que enviaron un correo preguntando si quería que la información fuera confidencial pero a mí nunca me llegó”.
Con ella, tres familiares más acudieron a promover el amparo debido a que los datos de sus casos fueron borrados del Registro dado que aparecen como ubicados o sus datos nunca fueron ingresados a la plataforma.
Se trata de José Antonio Aguilar Hernández desaparecido en Amatlán el 21 septiembre de 2020 y el caso del docente del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, Genaro García Martínez, ocurrido el 6 septiembre de 2018 en Tezonapa. Además, Fernando Martínez Torres desaparecido el 16 de febrero de 2011 en el municipio de Cazones de Herrera.
Salazar Hernández indicó que esta omisión de las autoridades revictimiza a los familiares de personas desaparecidas y pone en riesgo las búsquedas y los apoyos que alguno podría recibir por parte de las autoridades.
“No están haciendo su trabajo porque al menos tendríamos un registro confiable y no lo tenemos ni estatal ni federal. Las búsquedas no se paran porque nosotros no lo permitimos, yo no permito que alguna autoridad me diga que se cancela”.
Comentó que de un plumazo el Gobierno federal eliminó más de 100 mil registros de personas desaparecidas y que el caso de Veracruz no fue la excepción; sin embargo, comentó que aún no se tiene la cifra exacta del número de casos borrados.
“Los registros de nuestros desaparecidos han sido borrados por el mismo Gobierno, queremos que se empiece de cero y haya un registro estatal de personas desaparecidas o ausentes y que a partir de ello se nutra el registro nacional (…) A nivel nacional nos habíamos quedado en más 120 mil personas desaparecidas, entonces cómo es posible que haya bajado a 12 mil, es una burla lo que hace con nosotros el Gobierno federal”.
Señaló que hay casos en los que se asegura que ya aparecieron pero a los familiares no se les ha dado dato sobre su ubicación.
“Hay leyendas que dicen que ya fueron ubicados, que no hay datos o aparecen como confidencial, pero una ficha de una persona desaparecida no puede estar como confidencial porque entre más se difunda es mejor”.
Promueven 300 amparos a nivel nacional
Más de 300 amparos han sido promovidos en contra de la eliminación de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, indicó el abogado Juan Carlos Fernández Zulueta.
Señaló que en el caso del amparo promovido por el Colectivo Buscando Nos Encontramos de Córdoba fue presentado en contra de las omisiones de la Fiscalía General de Veracruz (FGE), la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas, además de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
“Buscamos obligar a al autoridad que se reconozca a estas personas como desaparecidas, que se actúe de manera inmediata”, dijo.
Señaló que en el estado de Veracruz se prevé que haya más solicitudes de amparo pues los colectivos se han estado organizando.
El abogado agregó que aunque existen carpetas de investigación abiertas realmente no ha habido un gran avance y que la obligación tanto del gobierno federal como del gobierno estatal es contar con un padrón fidedigno de todos esos personas que se encuentran en calidad de desaparecidos.
“Esto se habla que hay un recorte del número oficial de personas desaparecidas que no coincide con el número de carpetas de investigación”, agregó.
Cuestionado sobre si hay posibilidad de presentar una denuncia contra las autoridades antes señaladas por la omisión de un deber legal, el abogado indicó que aunque es posible no confían en las Fiscalías.
“No estamos pidiendo otra cosa, simplemente lo que dice la ley, que no lo estén haciendo por motivos no sé si sean políticos para maquillar las cifras”.
