Xalapa, Ver. (AVC/Tania Rivera) Siete días de silencio ha guardado la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benitez, desde que el Congreso Local aprobó la reforma al Código Penal, que aumentan las penas por ultrajes a la autoridad.

Pese a que expertos en derecho han expresado que la reforma es ambigua, inconstitucional, excesiva, y violatoria de derechos humanos, la reelecta en la CEDH no ha hecho un pronunciamiento contra la norma.

AvcNoticias buscó una entrevista con Matzumoto Benítez, pero la funcionaria se excusó de hacer un pronunciamiento, “por motivos de salud”.

Pero no es la única que guarda silencio. Son pocos los diputados locales que se han pronunciado por reunir las firmas del 33 por ciento de los que integran el pleno para interponer un recurso contra la reforma.

Otros que pueden presentar una acción de inconstitucionalidad a la reforma al Código Penal, es María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta del órgano garante a nivel federal. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador o su consejero jurídico. Pero, tampoco se han sentido aludidos por esta reforma.

Ni Namiko Matzumoto ni ninguno de los otros actores con personalidad jurídica para hacerlo, han dicho “esta boca es mía”, para buscar la acción de inconstitucionalidad que de marcha a la reforma al código penal.

Este miércoles, el Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz alertó sobre los peligros de la reforma al Código Penal, y lanzó un llamado a la CEDH y a los diputados locales para que inicien un proceso de inconstitucionalidad contra la reforma.

El 11 de febrero, el Congreso Local aprobó, con 34 votos a favor, diversas reformas al Código Penal, para modificar los delitos de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones y contra la seguridad de la comunidad.

En relación al delito de ultrajes a la autoridad, los expertos consultados por AvcNoticias, como Felipe Fernández Basilio, han advertido de la ambigüedad de los términos en que se hizo la reforma.

No obstante, los diputados de Morena, como Adriana Paola Linares Capitanachi, insisten en defender la propuesta, por considerar que busca “combatir conductas que, además de afectar el patrimonio de las personas, se realizan con una gran carga de violencia, afectando la libertad, tranquilidad y la seguridad de veracruzanas y veracruzanos”.

Las reformas vigentes, tras su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, pueden ser combatida por el recurso de acción de inconstitucionalidad o la derogación del articulado. Pero hasta ahora, quienes tienen personalidad jurídica para hacerlo han guardado silencio.