Luis Alberto Romero

 

La reciente comparecencia de la titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, ORFIS, ante el Congreso local llamó la atención por los datos sobre el estado real de la rendición de cuentas en la entidad y sobre las sospechas de corrupción que aún persiguen a la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Los datos expuestos dejan claro que la fiscalización es una herramienta importante para exhibir excesos, omisiones y posibles actos de corrupción que impactan directamente en el patrimonio público.

Uno de los puntos que mayor atención generó fue el señalamiento de presunto daño patrimonial por más de 2 mil 372 millones de pesos, detectado en las auditorías practicadas a diversas dependencias y entes fiscalizables de la pasada administración estatal.

Destacan irregularidades relacionadas con las obras ejecutadas durante el gobierno de Cuitláhuac García, con observaciones que alcanzan al menos 241 millones de pesos en proyectos que, de acuerdo con los informes del ORFIS, presentan inconsistencias graves en su ejecución, comprobación o resultados.

Estas cifras derrumban el discurso de limpieza administrativa que durante años se intentó sostener desde el poder.

En su comparecencia, la titular del Órgano de Fiscalización también se refirió a la recuperación de más de 2 mil 176 millones de pesos, producto de las auditorías; no es un dato menor, dado que refleja que cuando los procesos de fiscalización se aplican con rigor, es posible revertir el daño causado por malas prácticas administrativas.

Sin embargo, este ejercicio de rendición de cuentas ante el Congreso local también deja claro que la recuperación de recursos no borra la responsabilidad política ni penal de quienes autorizaron, ejecutaron o encubrieron el uso indebido del dinero público.

Sobre este asunto, la lectura política es inevitable; los resultados presentados por el ente auditor colocan bajo lupa a la pasada administración estatal, que hizo de la narrativa anticorrupción uno de sus principales estandartes, pero que hoy enfrenta observaciones millonarias que contradicen ese discurso.

La incongruencia entre la propaganda y los hallazgos técnicos echan abajo la credibilidad de quienes gobernaron bajo la promesa de ser distintos.

Habría que señalar, sin embargo, que el señalamiento de presunto daño patrimonial no equivale automáticamente a culpabilidad, pero sí activa una cadena de responsabilidades que no debe quedarse en el papel.

Lo importantes es que los señalamientos del ORFIS ante los diputados locales no deben quedarse en la declaración, sino convertirse en denuncias ante las instancias de procuración de justicia, porque la sociedad veracruzana ha visto demasiadas veces cómo informes severos sobre el saqueo y los actos de corrupción terminan sin consecuencias reales.

Si los datos presentados por el ORFIS no derivan en sanciones, inhabilitaciones o procesos penales cuando así corresponda, el esfuerzo técnico perderá legitimidad ante la opinión pública. La fiscalización efectiva no se mide sólo por lo que se detecta, sino por lo que se castiga y se corrige.

Y es que los números exhibidos sobre el presunto daño patrimonial durante el sexenio de Cuitláhuac García obligan a replantear la narrativa del pasado reciente y refuerzan la exigencia ciudadana de que el combate a la corrupción sea real y sin excepciones.

@luisromero85