Yamiri Rodríguez Madrid

Veracruz es, en apariencia, la segunda entidad con mayor número de policías estatales y municipales con poco más de 12 mil elementos. Sin embargo, cuando se hace el cálculo conforme a la densidad poblacional, nos ubicamos en la media tabla.   A la falta de policías hay que sumar un factor mucho más grave: el creciente número de oficiales que es partícipe en la comisión de un delito.

Esta misma semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la imputación en contra de 10 policías estatales como probables responsables del delito de desaparición forzada de personas, cometido en agravio de dos víctimas de identidad resguardada. Y aunque con muchos menos reflectores, también se dio a conocer la imputación en contra de dos policías municipales también como probables responsables del delito de desaparición forzada de personas, cometido en agravio de tres víctimas de identidad resguardada.

Desafortunadamente no son los primeros y es difícil que sean los últimos.  El pasado 2 de diciembre, 7 policías municipales de Álamo Temapache fueron sentenciados a 48 años de cárcel por privar de su libertad al alcalde de Tepetzintla, Crescencio Vera, en 2021. En septiembre, fueron imputados como probables responsables del delito de abuso de autoridad, cuatro policías municipales de Jalacingo. 

Un mes antes, en agosto, se obtuvo vinculación a proceso contra de tres policías auxiliares del Ayuntamiento de Banderilla, como probables responsables del delito de homicidio doloso calificado con ventaja. También fueron detenidos cinco elementos de la policía ministerial adscritos a la comandancia de Las Choapas como probables responsables de los delitos de evasión de presos e incumplimiento del deber legal.

Otro caso por demás alarmante se dio este año, cuando un juez vinculó a proceso a nueve policías municipales de San Andrés Tuxtla que presuntamente cometieron un homicidio doloso calificado en agravio del comerciante Jorge Luis Zapata Páez, quien fuera arrestado durante una manifestación de locatarios para evitar la demolición del mercado 5 de febrero. Si revisamos mes por mes, sale otro caso tras otro, lo que suma al descrédito de la corporación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2023) sólo 55.7% de la población de 18 años y más confía en la policía estatal, mientras que el 52.3% lo hace en la municipal. En términos de percepción de corrupción, el 66.2% de la población percibe actos de corrupción en la policía estatal, y el 68.4% en la policía municipal. El que elementos, aunque sea un porcentaje mínimo, se involucren en hechos delictivos, pega directamente en una mala imagen. Al colectivo le importa más que un policía secuestre, a que muera en el cumplimiento de su deber.

Por eso urge que, como una de las primeras acciones, que como parte de una estrategia real de seguridad, se depuren todos los cuerpos de seguridad, con estrictos filtros y exámenes de control, para evitar que se contaminen más elementos, que paguen justos por pecadores.

@YamiriRodriguez