Luis Alberto Romero

 

El Congreso del Estado de Veracruz dio entrada a la Iniciativa de Decreto presentada por el diputado Diego Castañeda, integrante del Grupo Legislativo de Morena, para reformar la Constitución Política local en materia de procuración de justicia.

Este proyecto, cuyo debate inicia en el Congreso, tiene como objetivo modificar la legislación estatal para ofrecer a los veracruzanos un acceso más pleno y equitativo a la justicia.

La propuesta busca, principalmente, actualizar y fortalecer el marco jurídico del estado, con el fin de mejorar los procesos judiciales, garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, responde a una necesidad imperiosa de alinear las leyes locales con los principios federales en materia de justicia, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia.

Entre los cambios más significativos que contempla la Iniciativa, se destaca la nueva estructura para la designación y remoción del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). Según la propuesta, será el Congreso quien tendrá la facultad de nombrar al fiscal, así como de objetar su remoción, mientras que al Ejecutivo se le otorga la responsabilidad de seleccionar una terna de candidatos y emitir su posicionamiento respecto al listado enviado por el Congreso.

Además, la reforma establece los requisitos para quienes aspiren al cargo de fiscal. Entre ellos, destaca la obligación de someterse y acreditar las evaluaciones y certificaciones de control y confianza, así como no haber ocupado cargos de elección popular ni de dirección en un partido político en el año previo a su designación.

Otro de los cambios relevantes es la duración del mandato del fiscal, que pasará de 9 a 4 años, con la posibilidad de reelección por un periodo igual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. La elección del fiscal estará sujeta a la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Congreso, a propuesta del gobernador del Estado.

En cuanto al perfil del fiscal, la Iniciativa destaca la necesidad de contar con una persona que posea conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico y de procuración de justicia, así como capacidad administrativa y de dirección institucional. Además, se busca a alguien independiente en su actuación, con un firme compromiso con los derechos humanos, la atención a las víctimas y la perspectiva de género.

Esta reforma no solo es importante por los cambios que propone, sino también por el contexto político en el que se presenta. Diego Castañeda, cercano a la gobernadora electa Rocío Nahle, no habría impulsado esta Iniciativa sin el visto bueno de la futura mandataria. La influencia de Nahle en esta propuesta refuerza la importancia de la reforma y deja claro que la procuración de justicia será una de las prioridades de su administración.

En términos generales, la reforma en materia de procuración de justicia busca crear un sistema más eficiente, transparente y justo, alineado con las necesidades de los veracruzanos y con los principios de la justicia moderna.

@luisromero85