Yamiri Rodríguez Madrid

 

Este lunes la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó la vinculación a proceso de la expresidenta municipal de Aquila, Jobita “N”, como probable responsable de los delitos de uso de documento falso y ejercicio indebido del servicio público, en agravio de la fe pública y del servicio público, dentro del proceso penal 829/2024 pues cuando presuntamente intentó solventar las irregularidades financieras de las Cuentas Públicas de 2019 y 2020, se presentó documentación apócrifa. Por cierto, que el presunto daño patrimonial, conforme a la carpeta de investigación GE/FECCEV/197/2022 no es cuantificable.

Pero el caso de la exalcaldesa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no es el único. Hay un cúmulo de exediles y actuales munícipes cuyas observaciones son precisamente por tener documentación apócrifa.

Para muchos, la vinculación a proceso de la exalcaldesa de Aquila es menor, dado que es un ayuntamiento indígena, como alto nivel de marginación que no llega a los 2 mil habitantes; por ende, el presupuesto que le tocó ejercer es de risa. Sin embargo, hay otros con mucho más dinero que podrían correr la misma suerte.

En el Informe de Seguimiento correspondiente a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones derivadas de la fiscalización superior de las cuentas públicas 2017-2022, presentado el pasado mes de marzo, destaca la falta de entrega de documentación en diversas situaciones administrativas, lo que afecta el seguimiento adecuado de los procedimientos. En particular, algunos órganos de control interno de las administraciones actuales reportaron que no recibieron expedientes de las anteriores, lo que ha obligado a reiniciar investigaciones ya concluidas.

Además, se señala que los errores en la documentación, como la asignación incorrecta de expedientes y la omisión de datos importantes, han afectado la continuidad de los procesos. Esto refleja una falta de control adecuado en la gestión de documentos, lo que incluye el uso de documentación apócrifa o la omisión deliberada de la misma.

Después de lo de Aquila, habrá que ver qué pasa por ejemplo con Jamapa, que tiene el número de carpeta de investigación FGE/FIM/F4/069/2023, radicada en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales; con Zongolica, con dos denuncias penales abiertas.  En el paquete de denuncias donde estaba la de Aquila están también las de Cazones de Herrera, Huayacocotla, Cazones de Herrera, Tepetzintla, Colipa, Cosamaloapan, Tres Valles, Zacualpan, Ilamatlán, Tequila, Platón Sánchez, Rafael Lucio, Mecatlán, Naranjos-Amatlán, Texistepec, Alvarado, Ángel R. Cabada, Yecuatla, Tecolutla, Castillo de Teayo, Chalma, Ixhuatlán del Sureste, Altotonga, Texistepec, Tlaquilpa, Tancoco, Sayula, Oteapan, Jesús Carranza, Tempoal, Ixhuatlán de Madero, Pajapan, Chinameca, Pánuco, Alto Lucero, Tihuatlán, La Perla, Playa Vicente, Citlaltépetl, Coatzintla, Ixcatepec,  Tezonapa, Amatlán de los Reyes, Tierra Blanca, Papantla, Isla, Nautla, Zozocolco, Pueblo Viejo, Tepatlaxco, Zaragoza, Misantla, Manlio Fabio Altamirano, Emiliano Zapata, Naolinco, Lerdo, San Andrés Tuxtlas, Xalapa con la denuncia FGE/FECCEV/554/2020 y Veracruz Puerto con el número FGE/FECCEV/023/2021.

¿Será que a estos exalcaldes les caiga también la voladora?

@YamiriRodriguez