Yamiri Rodríguez Madrid

 

La violencia político-criminal en México es un fenómeno creciente que involucra ataques, intimidaciones y, en casos extremos, asesinatos de políticos, candidatos y figuras públicas vinculadas a la política. Esta violencia se ha convertido en un serio problema para la estabilidad democrática del país, afectando tanto a nivel nacional como en estados específicos, como es el caso de Veracruz.

Los casos más recientes fueron la decapitación del alcalde de Chilpancingo, capital guerrerense y el secuestro, por unas horas, de un diputado local en Tamaulipas; hermano, por cierto, del excandidato a la gubernatura de ese estado. Peor aún es que, cada que se da un proceso electoral, los ataques y asesinatos de políticos, se disparan.

Según algunos reportes de medios y consultoras de seguridad, entre 2020 y 2023, más de 200 políticos y candidatos fueron asesinados en México. Los factores detrás de esta violencia incluyen el narcotráfico, conflictos con grupos criminales locales, corrupción y luchas de poder en la política.

Desafortunadamente, durante las elecciones de 2021, Veracruz fue uno de los estados con el mayor número de incidentes violentos relacionados con la política, con al menos una decena de asesinatos de figuras políticas. Hay temor de que, en 2025, cuando renovaremos las 212 presidencias municipales, otra vez haya un pico de este tipo de violencia en nuestra entidad.

El gran reto vendrá, en primer término, para las autoridades que están por llegar, quienes deberán implementar toda una estrategia que garantice la seguridad del universo de candidatos a las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de cada partido político y, en segundo término, para los partidos políticos, que tendrán que revisar con lupa los perfiles de sus aspirantes antes de darles la nominación, para reducir riesgos, para no correr sorpresas.

Solo quedan unos meses; la tarea es mayúscula.

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