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Sábado 05 de diciembre de 2020
Desaparecer el outsourcing, el nuevo timo presidencial

Actualizado: 2020-11-19
Desaparecer el outsourcing,
el nuevo timo presidencial

Rafael Pérez Cárdenas

La lista de abusos y vejaciones escondidas bajo la hoy célebre figura del outsourcing es larga. A diferencia de otros países donde se aplica con pulcritud –personas muy cercanas que viven en Canadá han trabajado por largo tiempo bajo ese régimen-, en México se ha convertido en muchos casos en bajos salarios, cero prestaciones y abusos sistemáticos de las empresas que los contratan.

Sin embargo, también es un mecanismo por el que más de 4.6 millones de trabajadores en México reciben un salario y evitan migrar a la informalidad y la evasión fiscal, algo que podría suceder si la reforma propuesta por el Presidente no se analiza más allá de su urgencia recaudatoria y electoral.

Por supuesto que es urgente que haya orden en la subcontratación. Que se garantice seguridad social a los trabajadores –muchas veces no cuentan ni con aguinaldo o fondo de ahorro para el retiro- y por supuesto estabilidad laboral. El problema es que una vez más se pretende simular la solución de un problema grave sólo para ampliar la injerencia del gobierno en temas económicos.

Los aspectos más importantes de la iniciativa presidencial se pueden resumir en que, con excepciones específicas, se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Sólo queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos.

Además, las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, serán responsables solidarios de los trabajadores implicados. Incuestionable. Quedan permitidas las agencias de colocación, pero éstas sólo podrán intervenir en el proceso de contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras actividades) y en ningún caso se considerarán como patrones.

Sin embargo, las empresas que presten servicios especializados requerirán autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a ser renovada cada 3 años; además, quedarán inscritas en un padrón público. Es decir, será el gobierno y no la laye, quien determine quienes sí pueden hacer uso de esta figura, lo que abre la puerta a la discrecional, el favoritismo y la coerción política.

La violación a las nuevas disposiciones implicará multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización; para este 2020, esos valores van de los 173,760 pesos hasta los 4 millones 344,000 pesos. Los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditación; además, las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal.

Debemos observar con objetividad que la iniciativa de reforma presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal no resuelve de fondo las distorsiones señaladas al outsourcing, no garantiza mejores condiciones laborales a los trabajadores ni otorga mayor certidumbre a las empresas, sino que busca desaparecer esta figura con propósitos muy específicos: la intervención del Estado en las relaciones entre particulares, ampliar la base recaudatoria, criminalizar a las empresas mediante la figura de defraudación fiscal y establecer condiciones de carácter electoral.

En el primer caso, está claro que el outsourcing no desaparece sino que sólo cambia de nombre, con lo que a partir de esta reforma retomaría el nombre de “prestación de servicios especializados”. Es decir, la subcontratación prevalecerá sólo que ahora en las empresas y condiciones que el gobierno decida autorizar. Las excepciones específicas serán las que el Estado, y no el mercado, determinen.

Además, no será la Ley sino la STPS la que decida a qué empresas podrá autorizar la contratación y prestación de estos “servicios especializados”. Llama la atención que las empresas tendrán seis meses para obtener esta autorización –término que iniciaría el próximo 1 de enero-, misma que deberá renovarse cada tres años. Estas fechas coinciden precisamente con el proceso electoral del próximo año y su renovación con la elección presidencial del 2024. Mera casualidad.

Sin resolver el problema de fondo, el Gobierno también ha visto una gran oportunidad de recaudación fiscal a través de multas millonarias y la persecución mediante la figura de defraudación fiscal. En su contenido, la iniciativa enviada por el Presidente establece que las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal, y en consecuencia, como delincuencia organizada.

El problema no es el outsourcing, sino el abuso que han hecho las empresas. El problema no es quererlo regular eficazmente, sino que México siga convirtiéndose en el Coliseo tenochca donde el emperador decide quien vive y quien muere económicamente hablando.

Las del estribo

1. Al interior del morenismo existe preocupación por la decisión (necedad) del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de hacer candidata de la presidencia municipal de Xalapa a Dorheny García Cayetano. Gracias al pésimo desempeño de Hipólito Rodríguez y la inexperiencia de la diputada federal, podrían perder lo que tanto trabajo les costó ganar. Rosalinda y Ana Miriam mejor deben ir preparando su reelección.
2. La renovación de la CEAPP se convertirá en una verdadera cena de negros. En la Comisión no se requieren reporteros como se propone, sino especialistas en temas que son de su competencia. Ya lo hicieron una vez y cegados por la soberbia, terminaron generando los cotos de poder que tanto criticaron. Muchos están dispuestos a entregar su alma al diablo por la silla.
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