La deuda ambiental que Pemex arrastra con Veracruz
Xalapa, Ver.- (AVC) Derrames de hidrocarburos, contaminación de cuerpos de agua, el descontrol del pozo Krem-1 y denuncias por daños acumulados durante décadas mantienen abierta en Veracruz la discusión sobre la deuda ambiental de Petróleos Mexicanos (Pemex) con las comunidades donde opera.
En menos de un año, distintos incidentes relacionados con infraestructura petrolera han afectado regiones del norte y sur del estado. Entre ellos se encuentran el derrame registrado en Álamo Temapache tras las inundaciones de octubre de 2025, la contaminación que meses después alcanzó playas del Golfo de México y el descontrol del pozo Krem-1, en Las Choapas.
A estos episodios se suma el debate por el uso de tecnologías de fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos, en una entidad donde organizaciones civiles han documentado infraestructura abandonada, fugas, emisiones y afectaciones que, aseguran, permanecen sin remediación.
A casi cinco meses del incidente en el pozo Krem-1, en Las Choapas, y después de permanecer fuera de control durante aproximadamente cuatro meses, Pemex deberá iniciar trabajos de remediación ambiental y reforestación en la zona.
El episodio provocó afectaciones ambientales y generó reportes de problemas de salud entre habitantes de comunidades cercanas, además de derivar en una contingencia ambiental.
Tras confirmarse el cierre definitivo del pozo, la gobernadora Rocío Nahle informó que las labores de recuperación comenzarían una vez que Pemex retirara la maquinaria y el equipo que permanecen en el sitio.
Durante la contingencia se instalaron brigadas de salud para atender a habitantes de las comunidades cercanas y se anunció la participación de Pemex en acciones de recuperación ambiental y apoyo social.
El sellado terminó con la emergencia operativa, pero abrió una segunda etapa: determinar y reparar los daños ocasionados durante los meses en que el pozo permaneció fuera de control.
Otro episodio comenzó en marzo, cuando se reportó la llegada de residuos petroleros a playas de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco.
El Gobierno federal desplegó un operativo en el que participaron la Secretaría de Marina, Pemex y autoridades ambientales.
Más de 3 mil personas intervinieron en las labores de limpieza, con apoyo de embarcaciones, aeronaves, drones y vehículos terrestres.
Hasta finales de marzo se habían retirado 785 toneladas de residuos contaminados de las playas y más de 40 toneladas en el mar. Las labores abarcaron más de 630 kilómetros de litoral.
Mientras continuaban las investigaciones para determinar el origen del hidrocarburo, organizaciones ambientalistas cuestionaron la explicación oficial y señalaron que persistían afectaciones.
En abril, pescadores de la laguna de Tamiahua bloquearon la autopista Tuxpan-Tampico para reclamar apoyos económicos. Aseguraron que la contaminación provocó una disminución de la pesca y de las ventas de mariscos durante la temporada vacacional.
Pemex anunció una bolsa de 30 millones de pesos destinada a cooperativas pesqueras y el Gobierno informó sobre la entrega de apoyos; sin embargo, colectivos ambientales sostuvieron que persistían zonas contaminadas y pérdidas económicas sin compensar.
Meses antes, en octubre de 2025, un derrame de hidrocarburo afectó la región de Álamo Temapache después de una fuga en infraestructura de Pemex.
El incidente estuvo relacionado con el poliducto Naranjos-Poza Rica, asociado al oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica-Madero, a la altura del kilómetro 46+935.
Los primeros reportes surgieron entre el 18 y 19 de octubre, después de las lluvias e inundaciones que afectaron la región. Pemex informó el 23 de octubre sobre las acciones realizadas para controlar la fuga.
De acuerdo con habitantes, el hidrocarburo recorrió alrededor de ocho kilómetros del afluente del río Pantepec y avanzó hacia cuerpos de agua como el arroyo El Cabellal y el río Xúchitl.
Pobladores alertaron entonces por un posible impacto en fuentes de abastecimiento relacionadas con el sistema hídrico del río Tuxpan y denunciaron un intenso olor a combustible.
Pemex informó que reparó el ducto e instaló barreras de contención, material absorbente y equipo especializado para las tareas de limpieza y remediación, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y autoridades estatales.
En paralelo a estos incidentes, la discusión sobre la extracción de hidrocarburos mediante fracturamiento hidráulico volvió a colocar al norte de Veracruz en el centro del debate ambiental.
Organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking advierten que esta técnica implica un elevado consumo de agua, uso de sustancias químicas y riesgos de contaminación de acuíferos.
Documentos obtenidos por organizaciones civiles señalan que en Papantla existen más de 2 mil pozos petroleros y que al menos 1,168 habían sido fracturados hidráulicamente hasta 2022 como parte del Proyecto Aceite Terciario del Golfo.
Además, Pemex reconoció que entre 2012 y 2026 perforó 1,095 pozos mediante fractura hidráulica en Puebla y Veracruz, con 2 mil 164 operaciones de estimulación.
Integrantes de Corazón Defensa del Territorio y de la Alianza Mexicana contra el Fracking recorrieron recientemente comunidades de Papantla, Poza Rica y Coatzintla, donde documentaron pozos abandonados, emisiones de gases, derrames, fugas y afectaciones en áreas agrícolas.
Durante el recorrido utilizaron una cámara especializada para detectar emisiones de metano y compuestos orgánicos volátiles en instalaciones petroleras próximas a viviendas y cuerpos de agua.
Habitantes de esas comunidades señalaron que conviven con olores persistentes, infraestructura deteriorada y preocupación por posibles afectaciones a su salud.
CartoCrítica estima que en la provincia petrolera Tampico-Misantla, que comprende parte importante del norte de Veracruz, podrían requerirse más de 21 mil nuevos pozos para recuperar apenas 10 por ciento del recurso prospectivo no convencional.
De acuerdo con esa estimación, la explotación requeriría más de 1,620 millones de metros cúbicos de agua dulce.
El derrame de Álamo, la contaminación registrada en el Golfo, el caso Krem-1 y las denuncias acumuladas en regiones petroleras han vuelto a colocar en la agenda una pregunta pendiente: qué daños serán reconocidos, cuánto tiempo tomará su remediación y quién responderá ante las comunidades afectadas.
Para habitantes y organizaciones de las zonas petroleras de Veracruz, los incidentes recientes no son hechos aislados, sino parte de una afectación ambiental que aseguran se ha acumulado durante décadas.